En lo que va del presente año, las respectivas unidades de Carabineros en la Región del Biobío han recibido poco más de 300 armas y 3.700 municiones que han sido entregadas voluntariamente y bajo el compromiso de anonimato por la población. Éstas son enviadas a Santiago para su destrucción. Sólo el año pasado se despacharon alrededor de mil armas.

En febrero de este año entró en vigencia la ley Nº 20.813, que restringe la venta de armas, sanciona la fabricación, elaboración, importación, exportación y su comercialización sin autorización, y además castiga con penas que van desde los 3 años en adelante la colocación de artefactos explosivos. Importante es que esta legislación haya penado también el uso de armas hechizas.

En la actualidad, hay un total de 79.100 elementos de fuego debidamente inscritos en la Región del Biobío. El 70% son para defensa personal, bajo el concepto de tenencia en el hogar y el resto corresponde a caza, deporte y colección.

El flagelo de la delincuencia sigue estando entre los que más inquietan a la ciudadanía y afecta a todos los ámbitos sociales. Pero hay un tipo de delito cuyas consecuencias recaen en forma directa sobre las familias que viven en poblaciones donde reinan las mafias de la droga. Allí se está haciendo demasiado frecuente que la lucha armada entre los narcotraficantes por el control de un determinado territorio, que incluso llega al ajusticiamiento de los adversarios, tenga como víctimas a personas muchas veces ajenas por completo al conflicto.

Hay que recordar que incluso ha habido niños que han muerto por las "balas locas", lo que ha conmocionado a la opinión pública. Estos episodios ocurren en medio de balaceras entre los grupos rivales o por disparos hechos como demostración de poder o a raíz de asesinatos selectivos o por venganza.

El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de armas de fuego. Es importante el esfuerzo que hacen las policías por sacar de circulación el armamento y la iniciativa que pretende abordar el gobierno, dirigida al armamento de fabricación artesanal. La magnitud del desafío es enorme y mientras la acción no se desarrolle en mayor proporción que la delincuencia, el problema seguirá creciendo, al igual que la disponibilidad de armas.

En Chile existen unos pocos grupos económicos importantes que controlan gran parte de la actividad económica nacional. Esta característica concentración deja en pocas manos las decisiones relacionadas con el potencial del desarrollo de nuestro país.

Si se llega a confirmar que esos grupos económicos son al mismo tiempo los que financian a políticos, parlamentarios y algunos gestores de la política nacional, se genera una situación que pone a la mayoría de los ciudadanos en una condición de incertidumbre, preguntándose hasta qué punto los principales actores socioeconómicos están comprometidos entre ellos.

En este momento hay dos grupos económicos importantes que están siendo investigados por delitos tributarios, y en el curso de esa investigación aparece la relación con el financiamiento a la política. El grupo Penta y el grupo Ponce Lerou (SQM). Ambos están incluidos en un ranking que considera los 33 grupos más poderosos de nuestra economía. En marzo del año pasado, Penta aparece en el número 12 y Ponce Lerou en el número 21, ordenados de mayor a menor.

Cuando un mercado es demasiado concentrado, como ocurre en este caso, esto es cuando pocas empresas logran un porcentaje significativo de las ventas totales, se pueden producir situaciones de acuerdos entre estas, generando conductas monopólicas o oligopólicas que permiten subir los precios a niveles convenientes para las empresas concentradas en perjuicio de los consumidores, afectando negativamente a la eficiencia en la asignación de recursos y perjudicando e incluso eliminando la potencial competencia de quienes no están incluidos.

Esto es particularmente probable en mercados de difícil acceso o que tiene pocos sustitutos, como ocurre con las farmacias, los bancos, las AFPs, las Isapres,telefonía, cable, entre otros.

En este contexto, es necesario recordar que no basta con que una economía se declare competitiva, es necesario que existan las condiciones para que esa competitividad se visualice en la práctica y este es un rol del gobierno. Creo que es responsabilidad del Estado velar por la existencia de una sana competencia sustentando una regulación apropiada.

Lamentablemente, a la luz de los antecedentes de los últimos años (caso la Polar, Cascadas, caso pollos, entre otros ) y los más recientes (caso Caval, Penta y SQM) es natural que los ciudadanos comunes y corrientes comencemos a poner en duda la capacidad del Estado en el cumplimiento de su rol y el funcionamiento de las instituciones relacionadas.