Un urgente y firme llamado al gobierno plantearon los presidente de sindicatos que representan a unos 2.000 trabajadores de las plantas y flotas industriales de la Región del Biobío. Para ellos llegó el momento de sacar la voz y exponer con argumentos la crítica situación por la que atraviesan y que los mantiene hoy bajo un halo de incertidumbre.
De partida exigen a las autoridades restablecer la gobernabilidad y que el Estado asuma la responsabilidad política y social de la apertura indiscriminada de los registros pesqueros que derivó en una sobredotación de la flota artesanal. Estiman que un 50% de ella la componen inversionistas artesanales, que adquirieron esos permisos de antiguos pescadores o los compraron y que hoy son un grupo organizado donde su único norte es conseguir apoyo social en dinero y culpar de la escasez de recursos a la ley de pesca.
Hugo Roa, presidente del Sindicato Interempresas de Naves Especiales de la Región del Biobío, consejero nacional de Pesca y miembro permanente de la Comisión de Pesca de Alta Mar, recordó que la Presidenta Bachelet hizo compromisos apresurados que hoy le están pasando la cuenta, porque hay un sector en el que reina el desorden, el desgobierno y está pidiendo justamente abrir la ley para que se produzca más desorden. 'Aquí el Estado se está lavando las manos. No olvidemos que hace años la industria pagó un alto costo económico y social con nosotros, cuando debió contraer la flota porque efectivamente había una sobredimensión. Eso al Estado le costó cero y no hubo ninguna preocupación del Estado para con nosotros los miles de trabajadores de la industria, pero el sector se logró ordenar'.
Sin embargo, puntualizó el dirigente, hoy vemos con mucha preocupación el desorden y el desgobierno que hay. Y nosotros, las organizaciones sindicales industriales, a lo que aspiramos es a que el Estado se haga cargo porque el sector artesanal está sobredimensionado y los recursos están en un momento delicado. Se pueden pasar todos los recursos al sector artesanal y aun así no van a alcanzar porque son muchos'.
Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales Capitanes de Pesca de la Octava Región, miembro del Comité de Manejo de la Sardina y Anchoveta y Consejero Zonal de Pesca de la IX y XIV regiones, agregó que hay que descomprimir el sector artesanal, tal como se hizo con el industrial o como se ha hecho en otros sectores como la minería, como el carbón, o no vamos a llegar a ningún lugar. 'Con las políticas de bono no vamos a solucionar nada, sino alargar la agonía, aumentar la inactividad o el abuso de muchos actores que nunca se han subido a un barco y hoy están haciendo uso de bonos y a merced de una dirigencia muy irresponsable'.
Las políticas, sostuvo González, siempre han sido cortoplacistas. 'Todos tenemos conciencia que el 48% de los recursos está colapsado, pero apagan los incendios con bonos. Somos un país que tiene más territorio marítimo que terrestre, y tenemos una Subsecretaría de Pesca en vez de tener un Ministerio del Mar que genere soluciones más integrales, porque los subsecretarios de pesca funcionan de acuerdo a la presión social y las soluciones no son entonces de carácter técnico o con mirada de largo plazo sino que son soluciones políticas y eso es preocupante', advierte el dirigente.
Aquí hay hoy un problema bastante serio, que es la estabilidad laboral y tiene directa relación con la administración de los recursos y no existen pantalones ni fuerza para detener esta explosión social de los artesanales con justa razón, porque esto se creó por una mala administración de todos los gobiernos anteriores, sostiene González.
Mientras, Hugo Roa, recuerda que cuando cerraron las minas entregaron permisos de pesca, lanchas, embarcaciones a personas que no tenían afinidad, que no sabían del trabajo, que no cumplían requisitos. Esos permisos alguien los tomó después porque quedaron ahí. Y por eso es que reitera que es el propio Estado el que no ha hecho la pega, agravando la situación del sector, un sector que no está regulado y donde la administración de los recursos pesqueros se le entregó a comités científicos. 'Nosotros creemos en los científicos para que hagan una buena investigación, para tener la mejor fotografía cuando hay que tomar una decisión, pero lo que no puede ser es que una responsabilidad política se le entregue a un comité científico. Hoy ni siquiera el gobierno puede alterar lo que dice el comité científico y entonces ¿qué hace la Subpesca que es el ente político?. El Consejo Nacional de Pesca tomaba decisión la política, económica y social, pero hoy no tiene esa facultad, y al gobierno no le queda más que recurrir a las viejas prácticas, bonos y bonos, o sea un saco roto', precisó el dirigente sindical.
Eric Riffo, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales Motoristas de la Octava Región y Consejero Nacional de Pesca aclara que aquí no se trata de ser enemigos del pescador artesanal, pero coincide en que en el último tiempo, al subsector llegaron personas, inversionistas, que le están haciendo mal a su propio sector.
'La situación no es culpa del verdadero pescador artesanal sino de personas que llegaron a hacer un negocio a la pesca artesanal y, por otro lado, el Estado que durante los últimos 10 y más años ha solucionado los problemas sociales, que viven todos los chilenos, como la educación, la salud, la previsión, con más cuotas.
Recordó además, que la nueva ley, les otorgó casi la exclusividad de la sardina y anchoveta, y los problemas siguen y aumentan porque hay más 'pescadores' artesanales. Por eso es que al verdadero pescador artesanal el Estado tiene que ayudarlo, reconociendo que bajo el paraguas de pescador artesanal hay personas que no lo son. No sé qué va a pasar este año. Ya han hecho dos movilizaciones fuertes y los números no dan en el mar y ahora a falta de pescado bueno queremos bono. No sé qué va a pasar, esto nos preocupa a todos', opina Eric Riffo.
Aquí hubo una irresponsabilidad del Estado al abrir la puerta a demasiados actores y hoy tiene que revertir eso con una política de descompresión, donde el 100% del sector artesanal específicamente en el caso de esta Región y respecto de la sardina y anchoveta, tiene que sacar como mínimo el 50% de esa flota en forma urgente. Y los actores que queden tienen que quedar bien y los que se vayan tienen que irse bien', reafirma Juan Carlos González.
Un ejemplo concreto del desorden y la mala administración de los recursos, que genera un daño tremendo al sector laboral industrial, es la situación de la merluza, recurso para el que están hechas las plantas de proceso y que hasta ahora han ido supliendo con jibia, para mantener los empleos. (Ver recuadro).
Hugo Roa precisa que el año pasado se fijó la cuota de 19 mil toneladas de merluza y a fin de año, y los registros así lo muestran, se terminaron pescando 60 mil toneladas.
'A ese nivel no se va recuperar porque se violan las cuotas en el doble o el triple. A la industria se le puede regular, se la regula, pero el resto es captura ilegal, y la propia autoridad reconoce que no puede fiscalizarla. Entonces si no ponen coto… hoy estamos entrando en un problema grave con la merluza, vamos a entrar en uno con la sardina. El sector artesanal en algún momento tenía el 25% ahora va en el 68% y el problema se ha agudizado más. Si el Estado no lo soluciona pronto vamos a terminar en una guerra interna feroz'.
A juicio de Roa, aunque se les pasara toda la cuota de sardina a ellos (artesanales) aún así igual van a protestar y habrán pedidas de bono, por el apetito voraz de estos inversionistas, no del pescador artesanal propiamente tal.
La presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip), Juana Silva, quien representa a 8 sindicatos, recalca que entre los trabajadores de planta y de flota no hay diferencias, 'ellos capturan nosotros procesamos, pero coincide con los demás dirigentes en que el Estado es el responsable de poco cuidado los recursos. 'Esperamos que éste 2015 sean capaces de reconocerlo y darse cuenta de la crisis que vivimos los trabajadores en su totalidad'.
Juana Silva, traspasa esa irresponsabilidad del Estado, a las autoridades, a esas personas que tienen cargos ahí, dice, porque siguen dando espacio a las movilizaciones, quemas de neumáticos y, entonces, vamos dando cuotas 'y los que pagamos las consecuencias somos nosotros, trabajadores con contratos legales, los de flota y los de planta, y también los eventuales'.
'Imagínese trabajando tres o cuatro meses en el año ¿cómo viven, cómo educa, cómo alimenta? ¿Se hacen esa pregunta las personas que están cargo de la administración pesquera?'.
Hugo Roa,