La Presidenta Michelle Bachelet presentó hace unos días el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, en una ceremonia entre quienes estaban miembros del gabinete, parlamentarios y personajes políticos.

La iniciativa tiene como punto de partida la crisis que enfrenta el país en la relación entre la política y los negocios, gatillada por los casos Penta y Caval, y que no sólo han restado credibilidad a la clase política, sino que también impactaron el respaldo al gobierno.

Como manifestó la misma Jefa de Estado, se trata de una situación grave, que lamentablemente se transforma en el punto más visible de una serie de episodios que ha vivido el país. Durante la pasada administración de Piñera, cobró vigencia el llamado 'conflicto de intereses' que podrían tener algunas autoridades, concepto que se extendió hasta los albores del gobierno de la Presidenta Bachelet, y que según algunos casos y versiones, motivó una revisión más exhaustiva de los convocados a participar del gabinete en Santiago y regiones.

La comisión tendrá un plazo de 45 días para entregar propuestas conducentes a un nuevo marco que, a partir de iniciativas que incluirán una reforma constitucional, buscará terminar con episodios como los que ha visto Chile, con sanciones que van como la pérdida de cargos de elección popular cuando se haya llegado a éste con práctica ilegales. Dicha ilegalidades también serán definidas y establecidas en este proceso.

Se destaca el hecho de que el Estado tome decisiones y se haga cargo de un problema cuyo impacto aún no se puede calcular en su totalidad, pero aleja a la ciudadanía común del quehacer político y sus actores. Pero también -quizás de forma ilusa- deja a la reflexión la necesidad que existe hoy de llegar a normar acciones que deberían ser parte de la ética cotidiana.

Debe reconocerse la realidad de país con importantes cruces de poder que, dejados al arbitrio del libre albedrío, han demostrado no estar a la altura y exigencias actuales. El problema de credibilidad que hoy enfrenta el país es más severo de lo que parece. Y lo peor es que su magnitud puede seguir creciendo.

Grupos homosexuales han criticado con fuerza el nombramiento de la senadora Jacqueline van Rysselberghe como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Los cuestionamientos apuntan a la postura que ha mantenido la parlamentaria frente a temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

'Cavernaria promotora del odio', 'violadora de derechos humanos', fueron solo algunos de los epítetos proferidos contra la senadora por quienes abogan precisamente por la tolerancia y el respeto. Curiosa forma de entender estas virtudes, las que más parecen ser utilizadas como slóganes propagandísticos, más que como verdaderas banderas de lucha.

Algunos argumentarán que las posturas de la senadora van Rysselberghe, su carácter y su franqueza para decir lo que piensa, atenta contra la tolerancia. Sin embargo, no hay que confundir tolerancia -entendida como el respeto por las ideas o prácticas cuando son diferentes a las propias- con la aceptación. A nadie se le puede obligar a aceptar algo en lo que no cree, en lo que no comparte. A nadie, ya que hacerlo atentaría contra un derecho básico y elemental como es el de la libertad. Sí es válido defender la postura, con fuerza, con pasión, con argumentos racionales y también emocionales orientados a persuadir, a convencer a la audiencia.

Lamentablemente algunos grupos minoritarios que enarbolan el tema de la tolerancia y el respeto, parece que lo que buscan en definitiva es barrer con sus detractores para imponer sus posturas, y para ello, utilizan la descalificación personal, la ridicularización, la caricatura y bullying público a través de los medios de comunicación, principalmente las redes sociales.

La legítima y sana capacidad de discrepar no debe dar pie a las descalificaciones personales, tal como se ha visto en éste y en otros casos. Cuando en un debate o en una discusión los argumentos se agotan, no es extraño que comienzen a aflorar este tipo de ataques, que en definitiva esconden una actitud totalitaria de quienes buscan a toda costa imponer su postura.

Las agrupaciones homosexuales, cuyo respeto merecen de toda la sociedad, independiente si se está o no de acuerdo con sus planteamientos, caen con frecuencia en esta práctica agresiva y descalificadora contra quienes piensan distinto a ellos. Es posible comprender que dicha actitud es fruto de los sucesivos hechos discriminatorios de los que han sido víctima, cuestión que atenta contra su dignidad, y que, por cierto, deben ser rechazados con fuerza. Sin embargo, abusar de aquella posición de víctima para justificar su actuar violento y agresivo, totalitario si se quiere, refleja lo intolerante que pueden llegar a ser los promotores de la tolerancia.