En las provincias de

Concepción, Ñuble y

Biobío hay otros nueve proyectos en distintas etapas: desde entrega de terrenos a edificación.

A la espera de fecha y hora para su inauguración oficial quedaron las renovadas comisarías de Penco y Lota, cuarteles policiales que, hasta hoy, llevan 5 años sin operar debido a que quedaron con serios daños de infraestructura como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Las nuevas oficinas policiales a

años han pasado

Un grupo de propietarios del edificio 3 del 'Condominio Los Acacios III', de San Pedro de la Paz, llegó ayer hasta el frontis de la casa edilicia exigiendo que se elimine el decreto de demolición con el que fue rotulado el inmueble tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

De acuerdo al relato de los manifestantes, tras la catástrofe de hace cinco años el edificio pasó a integrar la lista de construcciones habitacionales en la citada condición, pero que a la larga el Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó que la obra podía ser recuperada.

Eduardo Cuevas relató que 'la municipalidad emitió el decreto de demolición y a la larga el MOP levantó un informe donde se establece que el edificio se puede reparar para ser habitado, nuevamente'.

Junto con ello, Cuevas dijo que 'desde 2012 pedimos a la municipalidad que termine el decreto para recuperar los departamentos'. Además, los afectados aseguran que de las 20 familias que habitaban el inmueble, 17 llegaron a acuerdos comerciales con la empresa a cargo.

'En San Pedro hay por lo menos otros dos edificios que también terminaron con claros daños estructurales con el terremoto, incluso peor que el nuestro y a esos la municipalidad les levantó el decreto de demolición. Ahora pasamos por afuera de ellos y vemos cómo ya se están a la venta, nuevamente'.

El jefe de obras municipales de San Pedro de la Paz, Patricio Bernal, explicó que efectivamente el decreto aún no puede ser retirado. Esto, debido a que se está a la espera del pronunciamiento oficial del MOP.

'Con el terremoto de 2010 el edificio quedó con daños en sus bases, y en específico el terreno quedó fracturado. De hecho, los primeros estudios daban cuenta que con un terremoto sobre 7 grados el inmueble perfectamente se podría volcar', dijo.

'El MOP encargó indagaciones a una consultora sobre el estado de los edificios decretados. No sabemos de qué manera los vecinos obtuvieron el resultado de esos peritajes antes que nosotros y con ello hicieron una presentación al respecto ante la municipalidad. Según el estudio y la presentación, el inmueble se puede recuperar', declaró.

Añadió que ellos por ahora no pueden hacer nada. 'No podemos terminar con el fin del decreto de demolición mientras no haya algo oficial por parte del mismo MOP. Eso lo estamos solicitando desde 2012', sumó el jefe de obras.

Ante lo anterior, los afectados cuestionan más al municipio, argumentando que la resolución del decreto es de mera facultad de la casa edilicia.

Un recurso de protección interpuso ayer la Agrupación de Viudas y familiares de pescadores artesanales desaparecidos en la Mar ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Edith Burgos, presidenta de esta organización, contó que el motivo de esto fue el traspaso que el Serviu realizó al municipio del puerto del terreno donde funciona el cementerio simbólico Las Cruces.

'El 5 de febrero el Serviu envió una carta (que me llegó el 18) diciendo que cedieron el terreno gratuitamente a la municipalidad de Talcahuano. Es muy doloroso para nosotros, porque lo habíamos solicitado porque nos sentimos dueños de la tradición. No sabemos por qué se actuó de esa manera', declaró Burgos.

El terreno, ubicado en el cerro Los Lobos, por años ha sido administrado por la agrupación, que ante la desaparición de sus familiares en el mar optaron por armar tumbas, las que carecen de cuerpos.

Para mostrar su molestia por esta decisión es que también realizaron una marcha por el centro de Concepción, la que concluyó frente a la plaza Independencia.

Burgos mencionó que previo a la decisión habían conversado con la directora del Serviu, Verónica Hidalgo, a quien le explicaron la importancia de que se les cediera el terreno. Añadió que aparte de la intención contaban con las condiciones para hacerse cargo.

La dirigenta postuló que no habrá más conversaciones con las autoridades, pues no fueron escuchadas y que ahora sólo queda entenderse con tribunales. Esperan una pronta respuesta de la Corte.