Casi en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en nuestro país se registró un nuevo femicidio, esta vez ocurrido en Rancagua, cuando un hombre, luego de una discusión, apuñaló a su pareja y posteriormente se suicidó. Se trata del noveno caso que se presenta en Chile durante lo que va del presente año.

La violencia intrafamiliar es una manifestación inhumana del abuso de poder del hombre sobre la mujer, llevando a su anulación y en ocasiones al asesinato.

En Chile, el 35,7% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia durante su vida, lo que ha atentado su dignidad y en muchos casos ha destruido la familia.

Cuando se promulgó la ley 20.480, que castiga la violencia intrafamiliar, el número de femicidios tuvo una leve disminución, pero las cifras aún son significativas, lo que revela que falta mucho para lograr un cambio cultural. En 2014 se registraron 40 casos en Chile, la misma cantidad que en 2013, mientras en 2012 sumaron 34, en 2011 llegaron a 40 y a 49 en 2010, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

En una sociedad con rasgos machistas como la nuestra, la mayor participación de la mujer en la sociedad y en el trabajo, genera en ocasiones focos de conflicto al interior de la familia, en especial cuando el marido fue formado según los cánones de un arraigado machismo. También es probable que influya un incremento desmedido en la cultura de la violencia o el repunte de los niveles de alcoholismo y de drogadicción que hacen perder todos los valores. Paralelamente, el machismo ha sido traspasado por generaciones y se contrapone a la idea de que tanto hombres como mujeres tienen igualdad de condiciones, y que deben ser capaces de complementarse para lograr juntos grandes proyectos.

Hoy en día es imposible negar el aumento de participación y opinión de la mujer en muchos aspectos de su vida que antes les eran negados o eran considerados asuntos de hombres. Si bien en otros países latinoamericanos las cifras de estos homicidios de género son superiores a los de Chile, ello no debe llamar a conformidad.

Más que las cifras, lo que importa es que esta situación debe superarse con la colaboración de todos y debe partir desde la formación de los niños, acerca del respeto a la mujer.

¿Está en crisis la institucionalidad del país? Definitivamente no, pero tal como se han develado los recientes hechos de corrupción, y la manera como las autoridades están reaccionado frente a ellos, no es posible garantizar que en el corto o mediano plazo dicha institucionalidad no comience a evidenciar signos de agotamiento que puedan desembocar en una crisis.

Ya saben de esto países como Argentina, Venezuela, Colombia y México, por mencionar solo algunos, donde las tentaciones del poder político-económico, terminaron por corromper sus propias instituciones, sumado a la tibia reacción de quienes precisamente tenían la responsabilidad de salvaguardarlas de estos males.

La ciudadanía en nuestro país está cansada, aburrida, 'chata' de conocer cómo aquellos que más oportunidades, recursos, y contactos tienen, son los que más abusan y se aprovechan de ese poder para beneficio propio, traicionando, en el caso del poder político, el deber de servicio público que comúnmente enarbolan para convencer a sus electores.

Pero el hastío llega también con las señales, los gestos que las autoridades entregan frente a este tipo de hechos, señales que más parecen una bonita declaración de intenciones, antes que una verdadera voluntad de sancionar con fuerza, de forma ejemplificadora el mal generado.

Los casos Penta y Caval son decidores en este sentido. En el primero, los políticos involucrados siguen como si nada, y sus partidos buscan fórmulas y diseñan estrategias para evitar aplicar sanciones. En el segundo, la Presidenta emplea frases retóricas archiconocidas sobre la igualdad de oportunidades, la justicia y la equidad, pero no enfrenta con firmeza la situación puntual de su hijo, que con su actuar contradice por completo ese discurso, llevándose de paso 2 mil 500 millones de pesos en los bolsillos.

Así, es difícil pedir a la ciudadanía que confíe en sus instituciones, que se comprometa con ellas y con el deber cívico de elegir a sus autoridades.

La apatía e indiferencia por la institucionalidad del país se está convirtiendo, entonces, en algo peligrosamente común, en algo habitual. El riesgo de esto, tal como lo indican expertos y lo ratifica la misma historia, es el surgimiento de caudillos populistas que con sus seductoras propuestas terminan convenciendo a un electorado que cansado de la 'política tradicional', opta por quien oferta esperanza y cambio, que por lo general, termina en un total fracaso.

Todos los sectores -políticos judiciales, empresariales- coinciden en que hemos llegado a un punto crítico que urge resolver con prontitud, pero más importante aún, urge resolverlo bien, con señales claras y ejemplares sanciones, de manera que poco a poco la ciudadanía vuelva a confiar en sus instituciones.

Todos los sectores coinciden en que hemos llegado a un punto crítico que urge resolver con prontitud, pero más importante aún,