En un hecho sin precedentes desde que opera la reforma procesal penal, Sabas Chahúan se transformó ayer en el primer fiscal nacional en asumir una causa. El persecutor controlará la investigación del caso Penta aduciendo la "investidura" de los involucrados.

Para adoptar su decisión, Chahuán invocó el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que señala que "el fiscal nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía".

La desagregación de esa causa -que indaga supuestos delitos tributarios e irregularidades en el financiamiento de campañas políticas- desató una polémica en el mundo político, ya que la fiscal Solange Huerta, quien subrogó a Chahuán durante sus vacaciones, había asignado la arista SQM de la pesquisa al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes.

En una conferencia de prensa, Chahuán manifestó ayer que "la trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía".

"Como fiscal nacional he decidido invocar esta facultad excepcional convencido que es lo mejor para llevar adelante la investigación de hechos particularmente serios que exigen respuestas contundentes en el marco de nuestra institucionalidad", afirmó el fiscal nacional Sabas Chahuán.

Chahuán no detalló aquellos "nuevos antecedentes" y dijo que aún debe interiorizarse de los detalles de la indagación.

SIGUE GAJARDO

Para su llegada a esta investigación, Chahuán dijo que se apoyará en los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, "especialistas en la tramitación de causas de alta complejidad, sin perjuicio de incorporar otros apoyos si se estima necesario".

Durante su intervención, Chahuán entregó señales de respaldo a la labor de la Fiscalía Nacional y a la fiscal Solange Huerta, quien desagregó el caso; al fiscal regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, quien había quedado a cargo del caso Penta;y al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, a quien le fue asignada la arista SQM la semana pasada.

"Los comentarios y opiniones que públicamente se han vertido sobre esta materia, criticando la decisión desde una presunta óptica de la oportunidad o conveniencia política, desconocen el carácter autónomo del Ministerio Público", señaló.

Agregó que "recalco expresa y públicamente la probidad entereza y profesionalismo con la que la fiscal Solange Huerta ha enfrentado este momento".

Chahuán también hizo extensivo el reconocimiento al fiscal Andrés Montes, "cuyos merecimientos y trayectoria dieron coherencia y sustento a la decisión que se tomó, en orden de asignarle la causa", mientras que recalcó "la transparencia con que actuó el fiscal Ayala quien, hace algunas semanas, solicitó por propia iniciativa, se declarase su inhabilidad, para garantizar la transparencia y objetividad de la investigación.

Sergio Bustos, ex asesor de Caval y denunciante en el caso que indaga un negocio inmobiliario en el que participó la firma, afirmó que esa empresa -de la que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, es dueña del 50%- le habría ofrecido dinero para guardar silencio respecto del negocio por la compra de predios en Machalí.

Bustos aseveró en una declaración pública que desde la firma Caval le ofrecieron $ 160 millones para llegar a un acuerdo y hacerlo desistir de la demanda laboral que presentó ante la justicia, y evitar que hablara del negocio.

Hoy el caso es investigado por el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo.

Según señaló Bustos en el documento, en una primera instancia accedió a negociar una salida a la demanda por el no pago de 14 meses de sueldo.

"Respondí que no tenía ningún problema, ya que siempre había perseguido que se me cancelaran mis sueldos y premio acordado y, que la demanda se interpuso ante la negativa de Mauricio Valero de cancelar mis prestaciones", señaló Bustos en su declaración citada por Emol.

El ex asesor de Caval indicó que el abogado de la empresa, Andrés Levine, le informó que los dueños viajarían al día siguiente a Chillán y que "la exigencia de Caval era que a partir de ese momento yo no debería entregar ningún tipo de información".

Luego de que no resultaran los intentos de reunión entre Bustos y las empresa, aseguró que se sintió "engañado", "debido a que para ganar tiempo de realizar las inscripciones de Machalí y buscar cómo salir mejor parado de la situación creada por ellos mismos, me acallan y amordazan desde el 8 al 19 de febrero".

"Cuando la revista (Qué Pasa) sacó la publicación, a los dos días me llaman y tratan de iniciar un arreglo conmigo, viajan a Talca. Finalmente terminamos negociando en $ 160 millones para quedarme callado, retirar la demanda laboral, y con un contrato de que no puedo decir nada, nunca más y con una cláusula penal de pago de 5 mil UF si yo abría la boca", aseguró Bustos a ADN.

El ex asesor de la empresa añadió que es él quien gestionó el crédito por $ 6.500 millones otorgado por el Banco de Chile a Caval.

Hace dos semanas se hizo público que el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, y su esposa sostuvieron una reunión con el vicepresidente de dicha entidad, Andrónico Luksic.

LA DC Y EL MANEJO

El presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker, criticó ayer la actuación del Gobierno y de la Presidenta frente al caso Caval.

"Creo que el caso de Sebastián Dávalos, el caso Caval, nos rayó la pintura como Gobierno de la Nueva Mayoría en el mes de febrero", dijo Walker a radio Cooperativa.

El líder de la DC se refirió a las declaraciones de la Presidenta, que aseguró que se enteró por la prensa de la reunión de su hijo con Luksic. "Lo menos que uno pudiera haber esperado es que le hubiese informado a la Presidenta de la República, que además es su madre, de esta situación, en que hay desde el punto de vista ético serias interrogantes en relación con el rol que él cumple", agregó Walker.

Desde el Gobierno, el vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, defendió el manejo comunicacional del caso. "El Gobierno ha actuado y se han tomado las decisiones correspondientes. Las palabras de la Presidenta fueron de gran claridad", afirmó el ministro. "La Presidenta habló con claridad, como es su costumbre. Ellos no quieren escuchar", agregó.

Desde el mundo político personeros de distinto signo recibieron la decisión del fiscal nacional con "respeto y valoración". En esta línea, el secretario general de la UDI, diputado Javier Macaya, aseguró que "no importa el fiscal que lleve adelante la tarea, con tal de que se rija por principios de objetividad".

En entrevista a CNN Chile, agregó que "tengo la confianza de no haber contribuido y la UDI no ha contribuido generando una ideología o cargando el ambiente políticamente en lo que corresponde a una decisión que es autónoma".

El parlamentario gremialista puso como ejemplo la designación del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, "que nosotros no rechazamos. De hecho públicamente dijimos que respetábamos esta decisión de parte de la autonomía del Ministerio Público", añadió.

El presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker, escribió en su cuenta de Twitter que "hay que respetar ayer y respetar hoy decisiones de un órgano autónomo como Ministerio Público, libre de toda interferencia externa".

El timonel del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, manifestó que "respaldamos al Ministerio Público en las decisiones que han tomado, porque cuando uno reconoce la autonomía de las instituciones por mandato constitucional y por un sentido básico de principio republicano, tiene que hacerse cargo de ello, tiene que decirlo en serio".

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, dijo a radio ADN que "la Fiscalía Nacional se ha hecho cargo de que el tema era complejo, de que había un ruido que no era necesario y me parece que el fiscal nacional ha tomado una decisión valiente al asumir una causa que es bastante complicada".

Uribe valoró la postura de Chahuán de que "los fiscales somos apolíticos, cualquiera que haya tenido vinculación política deja de tenerla cuando asume en el Ministerio Público y que somos un órgano técnico profesional". "Nunca he compartido las preocupaciones respecto de los supuestos vínculos políticos de Andrés Montes, que él no los tiene, los tiene su padre", agregó el fiscal Uribe.