Los acontecimientos vinculados al caso Penta y el relacionado con el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, suman un mayor desprestigio con la actividad política, que se ve confirmada no solo a través de las encuestas, sino que en los comentarios de la población, para quienes "todos los políticos son ladrones, corruptos o sinvergüenzas".

El desprestigio de sus prácticas, acrecienta la desafección de la población con la política y sus instituciones. El distanciamiento de los ciudadanos con la actividad política, conlleva -entre otras cosas- la respectiva crisis de la institucionalidad, que se expresa en crisis de representación y legitimidad institucional.

Ante aquello, son cuatro los escenarios que se dan. Primero, que sean los propios partidos y dirigentes quienes busquen la solución a los problemas existentes. Es decir, una política de consensos o acuerdos básicos que permitan salir de la crisis. Segundo, la irrupción de los militares, apoyados por un sector de la sociedad civil. El objetivo es imponer por medio de la fuerza de las armas un disciplinamiento social y la respectiva "normalización del país". Tercero, que surja algún dirigente o político demagogo que ofrezca soluciones inmediatas a los problemas de la población o bien se convierta en una especie de redentor que canalizará toda la rabia, molestia y desesperación de la ciudadanía. Por último, un gran movimiento sociopolítico que termine por desbordar la cuestionada institucionalidad imperante y logre imponer una nueva correlación de fuerzas.

Sin duda, la irrupción de los militares y de un demagogo constituyen soluciones o expresiones de la degradación última de la política. De ahí, la responsabilidad de los propios políticos de cuidar la forma y el fondo con el cual se practica dicha actividad. Al mismo tiempo, tomar las medidas necesarias para corregir y sancionar todos aquellos actos que atenten contra las buenas prácticas políticas. Pero no es todo, papel importante lo tiene la ciudadanía. Es necesaria la oportuna crítica ante las autoridades, así como el interés que se debe tener por participar de la política, entendida como el pensar y el hacer colectivo. Aquella disputa por la construcción de un orden deseado. Por ello, la política no se reduce a la mera función de ir y votar por un presidente, diputado, senador, alcalde o bien convertirse en un mero espectador ante la actuación de parlamentarios o ministros. Todo lo contrario, la política está en cada uno de nosotros, en nuestras manos y se ejerce informándose y participando de debates, discusiones y en las diversas instancia de la sociedad civil.

Cuidemos y defendamos la política, no solo de quienes hacen un mal uso de ella, también de quienes consideran que se puede comprar y desechar como cualquier producto de esta sociedad neoliberal. Negar la política es negarnos a nosotros mismos. En consecuencia, todos somos animales políticos, y cuando renegamos de ella quedamos convertidos en simple animales o bestias.

Se está haciendo una costumbre que cuando algunos funcionarios públicos o representantes de la soberanía popular se ven envueltos en situaciones irregulares o escándalos, utilicen el procedimiento de leer un comunicado ante los medios -preparado por sus asesores- pero sin aceptar preguntas. Con ello, más que aclarar su situación, comprometen la fe pública y parecieran dudar de la inteligencia de los ciudadanos.

Luego de las repercusiones del caso Penta, que pareciera que golpea a parte del espectro político, financiando campañas electorales, se conoció el llamado caso Caval, que involucra al hijo y a la nuera de la Presidenta de la República en un préstamo del Banco de Chile por $6.500 millones, cuya aprobación fue notificada el 16 de febrero de 2014, un día después del triunfo de Michelle Bachelet. El crédito para una pyme se aprobó luego de que Natalia Compagnon junto a su marido, Sebastián Dávalos, se reunieran con Andrónico Luksic, vicepresidente del banco. El préstamo fue otorgado para la compra de un terreno en Machalí, que al venderse generó una ganancia de $2.500 millones. Las sospechas de supuesto tráfico de influencias presionaron para que Dávalos dejara el cargo de director Sociocultural de la Presidencia.

Obviamente ambos casos conocidos con carácter de escándalo político este verano, no hacen más que poner en duda en la ciudadanía la actuación de algunos personajes públicos y reiteran la necesidad de que haya una legislación más clara y severa respecto de la declaración de patrimonio de autoridades y representantes, así como sus actuaciones.

Se recordará que el gobierno de Sebastián Piñera tomó una moción de la primera administración de Michelle Bachelet y formuló el proyecto de ley de probidad en la función pública, que le concede facultades a la Contraloría General de la República para verificar y cruzar información con la Superintendencia de Bancos y Valores, el Conservador de Bienes Raíces o el SII, para tener una radiografía del patrimonio y las inversiones de los personajes públicos. Pero este proyecto permanece en el Senado desde marzo de 2012.

Es necesario agilizar las iniciativas sobre esta materia que descansan en el Parlamento. Mientras no se aprueben proyectos como éste, junto a la ley de financiamiento a los partidos políticos, no habrá una plena transparencia.