Locatarios esperan inminente desalojo tras toma del Mercado
Hace casi dos años, una de las infraestructuras más icónicas de Concepción ardía en llamas. El pasado 28 de abril de 2013 el Mercado Central de la capital regional quedó destruido en más de un 65%, lo cual dejó a más de 350 familias sin poder seguir trabajando en las instalaciones. Años de esfuerzo se quemaban pasadas las 11:30 horas de aquel día, y dónde comenzaron a expresar las dudas de si el hecho habría sido accidental o intencional, una sombra que sigue hasta hoy.
Aquello, se debe que en mayo de ese año se debía conocer la resolución sobre a manos de quién pasaría el mercado, si a la Municipalidad de Concepción, los mismos locatarios o a una corporación privada. No obstante, el panorama había cambiado y durante los próximos meses las disputas sobre los responsables y qué pasaría con los locatarios damnificados, era pan de cada día.
HISTORIA DE DIVISIÓN
Tras un proyecto de mercado provisorio fallido, donde incluso alcanzó a tener la ceremonia de la primera piedra, los locatarios perdían las esperanzas de una pronta solución. Finalmente, en 2014 se comenzó a gestar la idea de trasladar a los locatarios a un lugar, aunque no definitivo, transitorio pero con todas las garantías sanitarias y de seguridad, que quedaría en avenida O´Higgins, a un costado del edificio de la Seremi de Obras Públicas.
Ya con plazos, en las primeras semanas de febrero se les informó a los locatarios que si todo sigue bien, estaría listo en 8 meses más.
Hasta ahí, todo avanzaba de manera tranquila, aunque en paralelo funcionaran varios puestos, entre ellos cocinerías, ubicados en las afueras de lo que quedó del Mercado Central, en condiciones que no fueron del todo reguladas. Por otro lado, a fines del 2014, otra locataria, Jovita González, presentó un recurso de protección para que se cumpliera la resolución de Contraloría, donde dictaminaba que la Municipalidad de Concepción debía sacar a los comerciantes instalados la vía pública, quienes estaban en calle Caupolicán desde abril de 2013.
Finalmente, el pasado 29 de enero, la Corte de Apelaciones le dio la razón a Jovita González, y dictaminó que Contraloría debía acoger el recurso e insistir sobre el dictamen que pide clausurar las 12 cocinerías que se niegan a desalojar, desde el pasado viernes.
TOMA COMO PRESIÓN
Ayer, a eso de las 2 de la madrugada, los 12 locatarios en disputa se encerraron dentro de las instalaciones del siniestrado edificio, cerrado por razones de seguridad en forma posterior al incendio, insistiendo en que las opciones que se dieron desde el municipio no eran suficientes.
Como vocera, Nieves Cares, dirigenta de la Asociación Gremial de Arrendatarios, explicó que tuvieron acceso "a la documentación de Contraloría y de la Corte de Apelaciones, y ésta, si bien es cierto obliga a al municipio a poner solución al tema de los comerciantes que están establecidos fuera del mercado, en ninguna parte dice que tiene que ser un desalojo". Esto, ya que es lo que se baraja como medida para estos días, luego que el viernes se rehusaran a salir. Frente al panorama de incertidumbre, dicen estar dispuestos a todo, ya que "están ahí por necesidad", dice Cares.
Cares señala que no es aceptable la situación, ya que "nos pedían que la gente se saliera hoy (por el domingo) (...) para nosotros no era viable porque las personas necesitan generar recursos". Insistiendo en que "ellos no se establecieron fuera del mercado en una forma de toma, inclusive acá había un consentimiento desde la municipalidad".
MUNICIPALIDAD
Desde el municipio, su alcalde (s) Aldo Mardones, recordó que el edificio del mercado, esta inhabitable según lo confirmó un estudio de la Universidad de Chile. Ante aquello y la actual medida de presión, "no queda más que analizar una acción judicial, que eventualmente podría ser un recurso de protección". Lo anterior, con el objeto de "proteger su propia integridad física" por el riesgo que implica la construcción.
Respecto de la prohibición a instalar cocinerías en el lugar en que estaban dispuestas, "tendremos que proceder con la desocupación, si no lo hacen voluntariamente y como dije anteriormente, tendrá que ser mediante el auxilio de la fuerza pública. Por lo que deberíamos recurrir a la Gobernación provincial con el objeto de solicitarla", explicó Mardones. Esto, tras una previa notificación a los locatarios, siendo efectiva la acción de la policía en el transcurso de la semana.
Respecto a la solicitud de los locatarios disidentes de ayuda por parte de la municipalidad, el alcalde (s) manifestó que las voluntades están, pero recordó que la última opción que rechazaron en calle Freire con Lincoyán ya no está como posibilidad, ya que el dueño del terreno consideró que la problemática actual podría causarle perjuicios.
En relación a la idea de los locatarios de habilitar el sector que se destinó a las ramadas en septiembre pasado, Aldo Mardones, manifestó que "nosotros actuamos en un primer momento como facilitadores para que ocuparan instalaciones en Freire con Lincoyán, donde ellos también tenían que trabajar para habilitar ese espacio con conexiones de agua potable, alcantarillado y empalme eléctrico".
Lo anterior, ya que una de las quejas de los comerciantes disidentes al traslado, era que para el cambio anterior estarían forzados a parar unos 3 meses ya que las condiciones no estaban. A lo que el alcalde sostuvo que "en cualquier espacio van a tener que cumplir con condiciones que no las imponemos nosotros como municipio, sino la autoridad sanitaria porque recordemos, esto se refiere a la manipulación de alimentos".