Visceralmente más desconfiada que su marido, Cristina Fernández nunca miró con buenos ojos al diario Clarín. Cuando Néstor Kirchner era Presidente, ella no aprobaba la cercanía que tenía con el propietario del diario, Héctor Magnetto. Según la periodista Graciela Mochkofsky, Cristina reprendía con dureza a su marido y a sus asesores: "Ustedes son unos tarados que creen en Clarín".

Aunque Kirchner tuvo diferencias con Clarín (y también con La Nación), por lo general se limitaba a ásperos llamados telefónicos cuando algo le molestaba. Una reacción frecuente en gobierno dictatoriales pero que no es rara en regímenes democráticos.

La situación cambió con la llegada al poder de Cristina Fernández.

Los motivos de fricción se multiplicaron: desde las reiteradas críticas de la prensa a la apariencia de la Presidenta hasta temas de fondo como la preservación del medio ambiente y dos leyes que afectaron o pueden afectar al periodismo: la ley de comunicaciones y la que restringe la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios.

Un elemento decisivo en esta ecuación es La Cámpora, organización juvenil peronista de carácter mafioso. Con creciente poder, recurre a la fuerza cuando se trata de reprimir acciones que no son del agrado de la Presidenta. Se manifestó públicamente por primera vez durante el extenso paro de los empresarios del agro y la ganadería en 2008 y más tarde estuvo detrás del boicoteo a los diario Clarín y La Nación, bloqueando la salida de los camiones de reparto de los talleres de impresión.

Esta vez la crispación producida por la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman llevó las tensiones a un inédito extremo.

La información de que el fiscal había planeado pedir la detención de Cristina Fernández por el caso Amia, fue el detonante. Como inicialmente fue desmentida, Jorge Capitanich, "Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", no encontró nada mejor para expresar su público desprecio que romper en pantalla las páginas de Clarín.

Pronto, sin embargo, se demostró que la versión de Clarín era cierta. En definitiva, en esta batalla el gobierno salió perdiendo. Al comienzo fueron las contradicciones de Cristina, luego el descontrol de su equipo y ahora un generalizado rechazo.

Comentó la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia): "Esta actitud, de uno de los más importantes funcionarios del Gobierno Nacional, refleja un nivel de desprecio por la libertad de expresión y de prensa y una concepción tan autoritaria del ejercicio del poder que no registra antecedentes en las naciones que respetan las garantías democráticas."

Los dichos del diputado DC Pablo Lorenzini sobre el delito de violación, en el marco de sus opiniones sobre el proyecto de aborto terapéutico, causaron polémica a nivel nacional. Aunque el parlamentario pidió disculpas y reconoció que dijo "estupideces" al sugerir que algunas mujeres "tienen violaciones porque se tomaron un traguito de más", lo cierto es que abrió una ventana para vislumbrar la gran cantidad de prejuicios que existen en torno al tema.

Las palabras del parlamentario evidencian la creencia errada en que las víctimas tienen culpa de ser violadas. Esta afirmación -y lamentablemente muchas repetidas a través de redes sociales- se basa en la errónea información de que las violaciones suceden en lugares especiales y con desconocidos.

Las estadísticas policiales señalan que la mayoría de los ataques sexuales a mujeres y niñas ocurren en sus hogares, o casas de familiares y que son cometidos por parientes o amigos de la familia: padres, hermanos mayores, abuelos, tíos, padrastros, ex parejas.

Por otra parte, la afirmación del diputado denota duda sobre las denuncias de las mujeres. Incluso desliza la idea de que son "provocadoras" de los ataques o que se los buscan por conductas irresponsables. Ese concepto es heredero de un estigma sobre lo femenino y el pecado, que existe y que incluso limita las denuncias. En la mayoría de las informaciones que se publican sobre niñas violadas por años por sus padres o padrastros, se constata que ellas hablaron sobre los hechos, pero nadie les creyó.

El Sename estima que por cada caso conocido hay al menos siete que se callan. Según estadísticas de Carabineros, el año pasado se registraron en Chile 2.035 casos de violación denunciados y 360 detenidos. Basta multiplicar para dimensionar.

Por otra parte esta mirada hace que las agredidas sufran también al tener que recurrir a la policía y los tribunales, luego de demostrar la veracidad de sus relatos, a través de exámenes físicos invasivos.

La violación es un delito claramente tipificado, pero teñido por mitos peligrosos, que es preciso enfrentar para que no quede impune. La polémica que se ha presentado en estos días es una muestra de eso.