La televisión ha mostrado cómo las detenciones ciudadanas ante delitos flagrantes se hacen más frecuentes y a la vez más violentas, al extremo que ya se han presentado casos en que víctimas pasan a transformarse en victimarios.

Las personas atacadas por la delincuencia buscan tomarse la justicia en sus propias manos ante la creciente sensación de impunidad que existe en la población. La Encuesta de Victimización de la Fundación Paz Ciudadana-Adimark revela la persistente alza del porcentaje de hogares en que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo. Paralelamente, se ha producido un descenso de los niveles de satisfacción de la ciudadanía con la actuación de la fiscalía después de denunciar un delito.

El efecto de la menor credibilidad en el sistema judicial, sumado al incremento en la victimización, ha promovido en la sociedad la creencia de una mayor impunidad de los delincuentes, que éstos son liberados inmediatamente tras cometer sus ilícitos y que no existe sanción judicial.

¿Por qué se llega a esta decisión comunitaria de hacer justicia por cuenta propia? Lamentablemente, por la insatisfacción de la gente con la justicia. Se puede palpar al leer los comentarios en las redes sociales, que la actitud mayoritaria es de respaldo y comprensión a las acciones violentas. Muchos dicen que, ante la posibilidad de que un agresor quede libre o no se le imponga una pena, es mejor que la ciudadanía le dé un castigo.

A primera vista este argumento puede parecer lógico; sin embargo no se debe olvidar que los linchamientos, la destrucción de una casa, las golpizas en la calle, son ilegales, reñidas con todo espíritu cívico y contrarias al respeto de los derechos de las personas. También se olvida que en ese aparente afán de justicia, se atropella a otros, como la familia del imputado y sus cercanos.

Si bien las detenciones ciudadanas están admitidas por la legislación, lo que corresponde es llamar a la policía y entregar al supuesto delincuente, acompañando las pruebas y declaraciones de los afectados y testigos. Pero no está permitido golpearlo y pretender ejercer justicia por cuenta propia. Es necesario, entonces, hacer un llamado a la sensatez. Pero también a que las autoridades políticas y judiciales reaccionen ante las señales que da una comunidad que no se siente adecuadamente protegida por sus instituciones.

Muchos dicen que, ante la posibilidad de que un agresor quede

Sería ingenuo pensar que el gobierno boliviano no instrumentalizará la visita que el Papa Francisco realizará a la nación altiplánica durante este año. Teniendo como antecedente la marcada personalidad y la pintoresca del Presidente Morales, es evidente que la tentación de vociferar la salida soberana al mar de su país, será irresistible en algún momento de la esperada visita.

Por más que se asegure que ésta es de carácter pastoral -aspecto que no cabe duda así se interpreta desde el Vaticano-, el componente político estará presente -directa o indirectamente- en cada momento de ella, y eso lo tienen muy claro las autoridades de la nación vecina. Y es que la oportunidad para Bolivia es única y tal vez irrepetible, dada la coyuntura de estar en pleno litigio la demanda marítima presentada contra nuestro país.

Los usos políticos que los gobiernos hacen de su relación con la Iglesia no son cosa nueva. Solo basta ver la historia reciente para constatar cómo hábiles maniobras y estrategias gubernamentales han intentado desde siempre sacar provecho a costa de la Iglesia. Recordado es el episodio cuando durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, en 1987, el general Pinochet lo 'invitó' a asomarse al balcón de La Moneda, hecho que irritó no solo a la oposición de ese entonces, sino también a la jerarquía local de la Iglesia. Esta hábil maniobra del ex Presidente, vestido en ese entonces de civil, buscaba mostrar a la comunidad internacional el supuesto respaldo de la Santa Sede hacia el gobierno militar.

En política, son las circunstancias las que determinan la relación que se tiene con la Iglesia. Si se trata de buscar un aliado para causas sociales, sensibles a la opinión pública, qué mejor que contar de su lado con la Iglesia, una voz autorizada, con verdadero peso moral, jugada por entero por los más débiles. Pero si lo que propone la autoridad es contrario al Magisterio de la Iglesia -tal es el caso ahora del proyecto que despenaliza el aborto-, no tardarán en aparecer esas mismas voces, que ahora tacharán a la institución de retrógrada, de pensamiento obsoleto y poco representativo de la realidad actual.

Por cierto, la Iglesia es consciente de la utilización política que muchas veces se hace de ella. Tal vez lo acepta, convencida que aun cuando esté siendo instrumentalizada por otros, esa instrumentalización servirá para llegar con su mensaje a las personas.

Ahí la diferencia con una parte importantes de la actual clase política: mientras la Iglesia busca efectivamente el bien común, independiente de las coyunturas temporales, aquella todo lo mide, todo lo calcula en beneficio de sus intereses partidarios antes que los comunitarios.

Mientras la Iglesia busca efectivamente el bien común, independiente de las coyunturas temporales, la clase política todo lo mide,