Fiscalía pide audiencia para formalizar a Bianchi
La Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena solicitó ayer una audiencia al Tribunal de Garantía de Punta Arenas para formalizar cargos en contra del senador Carlos Bianchi Chelech y su cuñada Victoria Retamales Espinoza, por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.
La solicitud fue realizada en el marco de la investigación que comenzó en 2013 encabezada por fiscal regional de Magallanes Juan Agustín Meléndez Duplaquet y por el fiscal especialista en delitos de corrupción Felipe Aguirre Pallavicini, que recogieron antecedentes para establecer que el parlamentario independiente por la región habría hecho mal uso de sus asignaciones.
La cuñada del senador también será informada de lo anterior, puesto que en la investigación se habría concluido que fue ella quien le habría facilitado inmuebles de su propiedad a Bianchi para que fueran arrendados como oficina parlamentaria, según informó el Ministerio Público.
Según informó la Fiscalía, la investigación "está relacionada, entre otros, con un contrato celebrado entre el senador y familiares de su cónyuge, que dio en arriendo la propiedad ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto Nº 824-A, utilizada como oficina parlamentaria".
respuesta de la defensa
El abogado defensor, Mauricio Daza, afirmó que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima. Pese a esto, el defensor aseguró que la denuncia fue puesta por el ex diputado Miodrag Marinovic, quien compitió con Bianchi en las últimas elecciones parlamentarias.
Daza explicó en entrevista con CNN Chile que la investigación efectivamente es por un inmueble que corresponde a una sede parlamentaria que fue utilizada por el parlamentario entre los años 2006 y 2009. El abogado añadió que se cuestionan dos puntos: que la propiedad le fue arrendada a un familiar del senador y que "el monto del arriendo sería un monto sobrevalorado según la opinión de los demandantes".
"Nada de esto es ilícito porque el Senado visó este arrendamiento", aseguró el profesional, que agregó que "el arriendo fue transparente, fue un arriendo real".
"Lo que hubo fue un arriendo que efectivamente operó y el tema del monto nosotros consideramos que es adecuado". Daza argumentó que el monto del arriendo corresponde a una cifra inferior al límite máximo que establece el Senado y porque según él corresponde con el precio de mercado.
El abogado explicó que la ley que regula el arriendo de sedes parlamentarias, establece que se puede hacer de dos formas. Una es que el Congreso escoja un inmueble y lo entregue al parlamentario para su uso; y la otra es que el representante la pague desde su propio bolsillo y luego solicite un reembolso por el monto cancelado.
Daza afirmó que en el caso del senador Bianchi se utilizó la segunda modalidad, lo que según él, respetaría la ley orgánica que regula a la Cámara Alta. "Este arrendamiento fue auditado por el Senado entre el año 2006 y 2009 sin ningún tipo de objeción", añadió.