Al cumplirse el tercer mes de vigencia de la Ley de Lobby, el Consejo para la Transparencia entregó ayer el primer reporte trimestral que sistematiza y consolida las audiencias sostenidas por lobbistas y/o gestores de intereses particulares con diversas autoridades, como también los viajes y donativos registrados entre el 29 de noviembre de 2014 y el 31 de enero pasado.

El informe revela que, entre el 29 de noviembre y el 31 de enero, 32 lobbistas y 571 gestores de intereses particulares participaron en 342 audiencias con objeto de lobby o gestión de intereses. A su vez, 85 sujetos pasivos estuvieron presentes en ellas, entre los cuales fueron los ministros (33% del total de audiencias), subsecretarios (28,4%), senadores (24,9%) y el contralor general (4,1%), quienes informaron más encuentros de esta índole.

El informe se basa en los antecedentes provistos por 942 autoridades de diferentes instituciones públicas, Fuerzas Armadas y organismos autónomos -Senado, Contraloría General de la República y Ministerio Público-, y que desde ayer están disponibles enwww.infolobby.cl.

Respecto de los viajes efectuados en el periodo antes señalado, las instituciones informaron 456 desplazamientos tanto dentro como fuera del país. El 93% de dichos viajes ocurrió dentro del territorio nacional (424), mientras que el 7% restante corresponde a traslados al extranjero (32). De acuerdo con lo reportado por los organismos, el gasto total por este concepto asciende a $ 161.623.047.

En cuanto a los donativos, el informe contabiliza 700 artículos de diverso tipo, los que fueron recibidos por 82 sujetos pasivos.

Para la presidenta del CPLT, Vivianne Blanlot, este primer reporte trimestral de antecedentes consolidados relativos a la Ley de Lobby constituye "una experiencia inédita de publicación de las agendas públicas y justamente, por tratarse de una primera presentación, hay aspectos que se irán puliendo a medida que avance el proceso de implementación de esta norma y que culmina en agosto próximo, cuando se terminen de incorporar todos los sujetos pasivos determinados por la ley".

Según Blanlot, "en su gran mayoría las reuniones han sido solicitadas por personas naturales y son pocos los que se han inscritos como lobbistas. Este y otros aspectos están siendo analizados por este Consejo con el fin de proponer los ajustes ".

En su "debut" en la polémica que mantiene el oficialismo con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la ministra de Salud, Carmen Castillo, puso paños fríos a la discusión y recalcó que la objeción de conciencia es parte de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

"Existe dentro del proyecto de ley precisamente una objeción de conciencia, que es uno de los componentes para poder trabajar. Las posturas personales aquí tenemos que trabajarlas de alguna manera con un trabajo serio, de equipo y ojalá llegar a un consenso", dijo la titular del Minsal, en medio de la polémica con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien aseguró que la red de salud de esa casa de estudios no practicará abortos, aún cuando se apruebe la ley que despenaliza la interrupción del embarazo.

Respecto de la posibilidad de que la totalidad de los facultativos de un determinado centro de salud decida negarse a practicar abortos dentro de las causales que se abrirían con el proyecto, Castillo aseguró que es algo que "tenemos que discutirlo".

"Hay mucho que conversar. La objeción de conciencia está instalada en el documento, pero tenemos que trabajar en un análisis ya legal, con abogados constitucionalistas y ver todo lo que corresponde para poder tener una información definitiva", agregó.

La secretaria de Estado añadió que este es un trabajo que "tenemos que hacer todos juntos", ya que el país "necesita hacer una presentación seria para todos los habitantes como una política pública".

Según la jefa del Minsal, el Gobierno estará "muy atento" a las posturas que se han manifestado públicamente sobre esta materia, ya que a su juicio "toda opinión, sea una de una autoridad universitaria, sea de cualquier persona que quisiera aportar a un debate maduro en este país, es bienvenida y eso va a ser a nivel del Parlamento".

Castillo hizo hincapié en que "somos un país bastante grandecito como para poder hacer un debate serio y responsable, en todos los niveles que corresponda".

En cuanto a las dudas sobre la cobertura de atención en centros de atención de salud en las regiones del país, la ministra Castillo comentó que "tenemos que asegurar que en todas las regiones y en todos los lugares va a haber la posibilidad de acceder a una atención cuando sea necesaria".

"Tenemos la seguridad que contamos con un sector público fortalecido y que podrá dar respuesta a los requerimientos y a lo que se defina en este proyecto de ley cuando salga del Congreso", destacó.

confidencialidad

Desde la Democracia Cristiana y la UDI expresaron preocupación porque los médicos puedan mantener una relación de confidencialidad con los pacientes en torno a este tipo de intervenciones.

El diputado (DC) Gabriel Silber dijo a radio Cooperativa que se debe mejorar la redacción del proyecto para que no exista ambigüedad.

"Vía indicaciones vamos a ser taxativos y despejar cualquier duda de que esta exoneración de responsabilidades respecto de la denuncia o privilegiar la confidencialidad se va a aplicar solo en los tres casos planteados por el Ejecutivo", dijo el parlamentario.

Desde la Alianza, la senadora (UDI) Jacqueline van Rysselberghe advirtió que lo anterior puede abrir la puerta, a su juicio, a todo tipo de aborto.

"Creo que no debería ser (autorizado el aborto) de ninguna manera, partiendo desde esa premisa. Pero en este caso, así como está planteado, uno puede decir que fue violación sin tener que explicar nada más, porque el derecho a confidencialidad está por sobre el costo de los derechos", dijo la parlamentaria. La senadora agregó que "como no tienen la obligación de decir quién es el violador ni cómo se produjo, cualquier embarazo no deseado podría exponerse como fruto de una violación", afirmó.

Tras semanas en que Renovación Nacional optó por un estricto bajo perfil para reaccionar ante el caso Penta, en el que se han visto involucrados personeros de la UDI, ayer parlamentarios de esa tienda exigieron "medidas concretas" a sus socios, luego del golpe que significó en la Alianza el 78% de desaprobación en la encuesta Adimark.

El senador (RN) Alberto Espina dijo a La Segunda que la UDI "debe tomar decisiones de condena absoluta y categórica a estos hechos y tiene que iniciar los procesos disciplinarios internos para ver las responsabilidades de quienes se ven involucrados. Si no hacemos nada el resultado va a ser devastador. Nuestra oposición a la reforma educacional se fue por la borda, el caso Penta fue un tsunami que ayudó al Gobierno a ocultar su desastre de leyes".

En la misma línea, el senador de ese partido Manuel José Ossandón agregó que "esto no es una crisis más, es un tsunami, y si la UDI no reacciona institucionalmente reconociendo sus responsabilidades va a desaparecer".

Para Ossandón, "es impresentable que miembros (de la directiva de la UDI) que están involucrados no den un paso al costado, al menos mientras dura la investigación, ya que lo único que están haciendo es hundir al sector".

Desde la UDI, el diputado y secretario general, Javier Macaya, dijo a radio Cooperativa que esperar un resultado distinto en la encuesta Adimark, que le otorgó un inédito 11%de aprobación ciudadana a la Alianza con 78%de rechazo, "era iluso" después del caso Penta.

"La contingencia de Penta -para nadie es un misterio- ha tenido un efecto y esperar un resultado diferente en la encuesta por parte de nuestro sector era iluso. Esto se veía venir, sabíamos que podía venir un mal resultado en la encuesta Adimark, no asumíamos que podíamos tener una realidad diferente", dijo Macaya.

Para el parlamentario, "hemos empezado ya hace algunos días atrás a tratar de levantarnos de una situación difícil y creemos que la unidad es parte importante de los escalones, de los cimientos que se tienen que ir construyendo para salir de esta situación. Esta es una situación reversible y se revierte con unidad", afirmó el diputado gremialista.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Valentina Saavedra, dijo ayer que espera que el Gobierno no cometa este año "los mismos errores del 2014" en la discusión de los proyectos de la reforma educacional.

"Nosotros esperamos que el Gobierno no cometa los mismos errores que el 2014 y el 2015 haga partícipe a la sociedad del debate", manifestó la dirigente en radio Cooperativa, asegurando que el año pasado, cuando se tramitó en el Congreso el proyecto sobre lucro, selección y copago, "hubo ciertas decisiones que excluían a los actores sociales".

Acusó, además, "durante todo el 2014 hubo un montón de ambigüedades de quién entregaba la información", por lo que solicitaron una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

"Lo que nos respondieron es que para marzo iban a hacer los mayores esfuerzos para que la reunión se haga", pero "más importante que hablar de un proyecto en particular, antes de enviar cualquier proyecto debiésemos todos los actores sociales y el Gobierno juntarnos a tener un acuerdo amplio respecto de qué queremos de esta reforma en su totalidad", manifestó.

Sobre la presentación de los proyectos de desmunicipalización y carrera docente, que se concretará antes que el de educación superior y el de gratuidad, Saavedra opinó que "más importante que cuándo se envíen los proyectos, es el contenido de éstos".

"Y no solo el contenido, sino que cuán partícipe es la sociedad en la construcción del proyecto de ley que se va a lanzar", afirmó al citado medio radial.