Es evidente que transformarse en una sociedad de verdades absolutas no es ni sano, ni éticamente correcto. Hay que ser capaces de mantener un diálogo fluido que permita contrastar ideas con buen ánimo.

La querella criminal que anunció el Gobierno en contra del pastor Soto, por las denunciadas agresiones en contra del diputado Claudio Arriagada (DC) se sumó a la inquietud del mismo partido ante las actuaciones de esta persona. La acción terminó siendo la gota que derramó el vaso, luego de que el mismo Javier Soto ingresara a mediados de diciembre al Congreso para intervenir en una comisión con fuertes epítetos e insultos a los parlamentarios presentes. Por eso, tuvo que ser desalojado.

Tal como cada querella, el Gobierno calificó sus actos como "injustificables e inaceptables". El vocero explicó que la Ley Zamudio no tipifica conductas, pero sí ciertas circunstancias agravantes, mientras que diputados falangistas interpusieron una querella apoyándose en esta ley. Cuando alguna situación pasa a nivel de Estado es porque la gravedad de los distintos hechos la deben justificar.

No se puede desconocer que a pesar de definirse como un "Estado laico", Chile aún es tolerante a la opinión respetuosa de las distintas confesiones religiosas bien constituidas. El caso del pastor Soto se ubica en un extremo distinto, en el que la expresión de las doctrinas se ha impuesto incluso, con violencia física contra representantes de uno de los poderes del mismo Estado.

Tal como ha ocurrido en otras oportunidades, la exposición de las ideas de manera irrespetuosa y violenta no legitima las mismas. Peor aún, en el caso de este ferviente religioso, la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas restó cualquier respaldo a su persona y sus acciones.

En una sociedad con instituciones dañadas y en donde la credibilidad en las personas y en las mismas está en constante tela de juicio, aún se espera que las iglesias se transformen en un espacio y en organismos que promuevan el respeto y el diálogo, que promuevan la conversación sana y con altura de miras. El liderazgo que encabeza el pastor Soto, evidentemente no se ajusta a este contexto, a la luz de las acciones que esa tomando el Gobierno y de sus mismos procedimientos.

No termina de cerrarse el debate en torno a la educación universitaria gratuita. Es de admirar la perseverancia de sus proponentes. Seguro que si se propusieran conseguir cualquier otra cosa con ese mismo empeño, lo lograrían. Pero este debate se trata de algo más que de plata, y eso ellos lo saben bien, por eso la perseverancia. Además está el interés particular de un grupo que dispone de tiempo y medios para presionar. El interés general, al ser más difuso, tiende a ceder siempre ante presiones de grupos.

La educación sería un derecho de las personas, por lo mismo, nadie debería verse privado de ella por falta de recursos. El Estado, por tanto, debería garantizarla, gratuita y de calidad (lo primero se define por sí mismo, lo segundo es muchísimo más confuso). Pero este debate descansa, en gran parte, en una confusión; falacia de la ambigüedad, dirían los retóricos.

Una cosa es la educación, aquel conjunto de conocimientos y hábitos que permiten a una persona alcanzar su desarrollo como persona, cosa compleja de definir, y otra cosa distinta es la instrucción, aquellos conocimientos y habilidades que permiten a una persona ganarse la vida. En general se asume que una persona educada es instruida, pero eso no es necesariamente así, y lo opuesto aún menos.

Si bien se puede afirmar que la educación es un derecho de la persona, porque es tan necesaria para vivir humanamente como el alimento es necesario para simplemente vivir, es más complejo poner a la instrucción, qué es más bien una herramienta para ganarse la vida, en esa misma categoría. Además, no es en modo alguno claro que sea un deber primario de la comunidad política, del Estado, educar a una persona joven en este sentido, como no lo es el alimentarla.

Si la instrucción fuese un derecho que debiera estar universalmente garantizado, el Estado tendría que subsidiar cursos de conducción, de operación de maquinaria y de tantas otras cosas que permiten ganarse la vida honestamente. Yendo más lejos todavía, si los medios para ganarse la vida fuesen un derecho social, el Estado tendría el deber de sustentar los emprendimientos de aquellos que decidieran no ir a la universidad.

El problema profundo, el origen de esta ambigüedad, es que en nuestro país la educación se concibe casi completamente como instrucción. El cultivo de lo humano, los saberes liberales, existen en un plano muy secundario. Esto una gran pérdida. Respecto de ellos, dada la función social que cumplen -que no es una función utilitaria- la comunidad política tendría algunos deberes. Pero en Chile no sabemos lo que decimos cuando hablamos de educación.