Preocupación manifestó la autoridad regional en prevención de drogas ante un eventual relajamiento en las opiniones y conductas de la comunidad respecto al consumo de la cannabis sativa, en el marco de la creciente difusión de los usos terapéuticos de esta planta, en especial después de la autorización que entregó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a una empresa de Los Ángeles para el cultivo de la marihuana.

Bayron Martínez, director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), sostiene que la inquietud se enfoca en especial en niños y adolescentes, quienes pueden sufrir graves trastornos fisiológicos y cerebrales producto de la droga.

Recordó que actualmente la Mesa de Salud Pública está analizando, entre otras cosas, cambios en la ley 20.000 de drogas y la posibilidad de bajar a la marihuana de la lista 1 de las sustancias más peligrosas.

Hasta el momento hay algunas conclusiones preliminares que, justamente, señalan el cuidado especial que hay que tener con los menores de edad respecto al consumo de estas sustancias.

Martínez afirmó que el estudio de drogas en la población escolar del 2013 (el último dado a conocer) señaló que en la Región de Biobío se registró un alza importante en la prevalencia del consumo anual de marihuana respecto al anterior análisis (2011), elevándose de un 13 a un 25%.

'Entendemos que hay un procedimiento en donde se pueden obtener dos o tres elementos que tiene la planta que pueden ser beneficiosos para el tratamiento paliativo de enfermedades, sin embargo, hay otros 400 elementos que generan problemas para los procesos de desarrollo en niños y adolescentes', sentenció el director regional de Senda.

TRATAMIENTOS

Para reafirmar este punto, Martínez agregó otro indicador que demuestra que la marihuana es una sustancia peligrosa. Se trata de las estadísticas que arrojan los tratamientos por consumos problemáticos, ya sea en adolescentes infractores de ley como en quienes no lo son. 'En el caso de los primeros, el año pasado, en nuestra Región, se atendieron 632 jóvenes, de los cuales un 71% se inició en el uso de drogas con la marihuana, siendo la edad de partida entre los 10 y los 14 años', explicó.

Añadió que la sustancia principal por la que fueron tratados fue la pasta base (51%), y, en segundo, lugar la marihuana (26%). El alcohol estaba en tercer lugar, con un 11%. 'Hay que recordar que se trata de muchachos que son policonsumidores (usan más de una sustancia), por lo que un 49% el consumo secundario era la cannabis', añadió Bayron Martínez.

Por el lado de los adolescentes que no son infractores de ley, atendidos en los programas ambulatorios intensivos de la Región (hay un centro en Concepción y otro en Talcahuano), el año pasado se asistió a 82 personas, de las cuales la sustancia inicial fue la cannabis, en un 40%, seguida por el alcohol (33%) y pasta base (15%). La edad de partida es entre 10 y 14 años, según los datos entregados por Senda.

MENSAJE

De esta manera, Martínez insistió en que hay que mantener las precauciones con respecto a la marihuana.

La autoridad comentó que durante las actividades de prevención de verano que están realizando pudieron constatar la mala información de la comunidad, la que en un número importante cree que ahora se puede plantar libremente cannabis, luego de la autorización a la empresa Agrofuturo de Los Ángeles.

'La ley 20.000 y el decreto 867 son claros en los procedimientos que tuvo que gestionar esta empresa, pero la idea es que el mensaje no llegue de manera fragmentada a la gente. El análisis de la ley, que tiene falencias, es parte de una discusión programática y todo lo que sea beneficioso para la salud de la población el Estado lo va a buscar', recalcó Martínez.

La inquietud se enfoca en especial en niños y

La representación legal de un número importante de afectados por el desplome del edificio Alto Río cuestionó las demandas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los cuatro condenados en el segundo juicio oral por este hecho.

Las acciones legales deducidas por el CDE buscan hacer efectivo el pago de las costas procesales (costos) del segundo juicio oral, en el cual se condenó a los tres ejecutivos de la Inmobiliaria Río Huequén y Constructora Socovil -empresas que comercializaron y levantaron la malograda estructura-, Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, Felipe Parra Zanetti y Ricardo Baeza Martínez, junto con el ingeniero calculista de la obra, René Pettinelli Loayza.

Enrique Hernández, quien junto a Renato Fuentealba y Fernando Saenger conforma el equipo profesional que representa a alrededor de 70 afectados, opinó que el CDE ejerció un derecho que le confiere la ley como cualquier otro acreedor de los condenados del Caso Alto Río, no obstante recordó que 'el patrimonio de éstos es exiguo'.

Hernández menciona esto, puesto que considera que, a pesar que legalmente corresponde que el Fisco de Chile exija que se cancele el valor del juicio, hay un deber ético del Estado de privilegiar a las víctimas de la caída del edificio y procurar su reparación.

'Respecto de nuestras pretensiones, el Fisco de Chile es un tercero extraño a nuestras demandas. Es por eso que, nuestra opinión, las víctimas deben quedar indemnes, más allá de las acciones que emprenda el CDE en contra de los condenados, lo que no debería afectarnos', sostuvo Hernández.

MONTOS Y FECHAS

Respecto a las demandas del CDE, dos de ellas, la de Ortigosa y Baeza, fueron presentadas en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, mientras que las acciones en contra de Parra y Pettinelli ingresaron al Segundo Juzgado Civil penquista. El trámite, en todas ellas, se concretó el viernes 30 de enero de 2015.

El monto solicitado por concepto de costas asciende a $141 millones 188 mil 206, lo cual quedó establecido en la resolución del 27 de mayo de 2014 del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Según se desprende del texto de las demandas, ninguno de los condenados dio cumplimiento a la deuda, lo que amerita el exigir su pago.

Por otro lado, la cantidad de dinero mencionado sufrirá reajustes, según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentadas desde el 19 de junio de 2014, fecha en que quedó firme la decisión de las costas.

Se trata de una obligación solidaria de los cuatro condenados, lo que quiere decir que el CDE puede solicitar el pago del total a cualquiera de los sentenciados o una parte a cada uno de ellos, independiente que se hayan presentado demandas por separado.

Respecto a los valores monetarios de las demandas del CDE, Hernández apuntó a los costos asociados al trabajo realizado por el Idiem, de la Universidad de Chile, el que aportó elementos fundamentales al Ministerio Público y a los querellantes para obtener las condenas en el segundo proceso judicial.

'Si bien la participación del Idiem fue fundamental en los dos juicios orales, el precio que cobró fue bastante alto, incluso considerando que sus servicios no incluyeron la maquinaria pesada que se utilizó en los peritajes, por lo que el pago de sus servicios (que es un porcentaje mayoritario de lo que solicita el CDE) debería ser asumido por el propio Estado, sin que tuviera ninguna implicancia en los cobros que hacemos las víctimas de este caso', aseveró.

Consultado el abogado respecto a en qué estado se encuentran las acciones civiles que llevan a cabo por su cuenta, afirmó que 'están en proceso de sentencia respectiva, en algunos casos en tribunales civiles y en otros en la Corte de Apelaciones'.

Insistió en que 'haremos todo lo que legalmente corresponda para que nuestros clientes obtengan una justa reparación conforme a lo ordenado por los tribunales de justicia'.

EMBARGOS

Junto con la petición de tramitación de las demandas, el CDE solicita en éstas que se despache el 'mandamiento de ejecución y embargo' en contra de Ortigosa, Parra, Baeza y Pettinelli, para dar por saldado el monto de dinero que se reclama.

Las demandas detallan bienes que cada uno de los profesionales sentenciados poseen y en los que podrían recaer los embargos.

Es así como, por ejemplo, se mencionan dos departamentos en Concepción y un vehículo de propiedad de Juan Ignacio Ortigosa; un vehículo de Ricardo Baeza; un departamento en Concepción, derechos y acciones en tres sociedades, además de acciones en una cuarta de Felipe Parra, y una moto de René Pettinelli.

DOS JUICIOS HISTÓRICOS

A pesar que siempre se afirma que la persecución penal de responsabilidades por el desplome de Alto Río no debería tener incidencia en las causas civiles, sería ingenuo suponer que, en la práctica, los resultados no serían similares, partiendo de la base que hay un número importante de las pruebas que se repiten en los dos ámbitos.

Respecto a la parte penal, esta buscó hallar a los culpables de ocho cuasidelitos de homicidio, un cuasidelito de lesiones graves gravísimas y seis cuasidelitos de lesiones simplemente graves. El primer juicio comenzó el 25 de junio de 2012, con siete formalizados, pero en la oportunidad sólo se condenó a René Pettinelli.

Puesto que las expectativas de la Fiscalía y querellantes eran lograr lo mismo, por lo menos, con los tres ejecutivos, se presentó un recurso de nulidad, el cual fue acogido y dio pie a un segundo proceso, esta vez iniciado el 5 de agosto de 2013. Esta vez el resultado fue el mismo para Pettinelli, pero sumando como condenados a Ortigosa, Baeza y Parra.

Es así como se estableció, para cada uno de los cuatro, una pena de 800 días de reclusión, la cual fue remitida. También se resolvió una indemnización por concepto de perjuicio por daño moral y emergente de $1.813 millones, además de sanciones accesorias.

Desde la perspectiva de los afectados con la caída del edificio, éstos buscan el pago de los $1.813 millones, más lo que respecta a las demandas civiles, dineros que no se especificaron.