El Ministerio de Desarrollo Social ha dado a conocer hace unos días, los resultados de la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2013, según la cual el nivel de pobreza en el país disminuyó, pero paralelamente se mantuvo la tasa de desigualdad.

El estudio reveló que mientras en 2006 el 29,1% de las personas se encontraba en situación de pobreza, en el 2011 esa cifra se redujo a un 22,2%, y el 2013 se registró una nueva caída al 20,4%. Según la encuesta, el 4,5% de los chilenos vive en condiciones de extrema pobreza.

El informe determinó que también en la Región del Biobío se registró una reducción de 10% en el porcentaje de personas en el nivel de pobreza, entre los años 2011 y 2013, para situarse en este último caso en 22,3%. Asimismo, la pobreza externa en la región cayó de 11,3% en 2011 a 8% en 2013.

La encuesta Casen es el instrumento por excelencia para medir y caracterizar la situación socioeconómica de los chilenos y, como tal, cumple un rol social. Ha tomado años lograr que sea un instrumento validado, tanto para centros de estudios y académicos, como para los respectivos gobiernos.

Curiosamente, parte del debate este año se centró en el atraso de seis meses con que las autoridades presentaron los estudios y si esto se produjo con el fin de minimizar el hecho de que los descensos en los niveles de pobreza se alcanzaron durante el periodo del ex Presidente Piñera. Es bueno que de una vez por todas las autoridades que estén en cada gobierno entiendan que estos son temas de país y que hay que abordarlos con altura de miras.

Un descenso en la tasa se pobreza es bueno para toda la nación, pero especialmente para quienes han salido de esa marginalidad y hay que tomarlo como algo positivo, no importa quiénes hayan hecho los esfuerzos por lograr ese avance. Ciertamente con estas cifras hay motivos para congratularse, pero al mismo tiempo para preocuparse, si se considera que pese a esos progresos, se mantiene la alta desigualdad en los niveles de ingresos. Esto se traduce en que el 1% de la población con más recursos obtiene casi 3.000 veces más que el ingreso promedio del 80% más pobre de la población. Obviamente, esto revela que aún hay mucha tarea que cumplir y que cada gobierno debe aportar lo suyo.

Se vuelve a repetir un debate que, como cada vez que se dan a conocer los resultados de la Prueba de Seleccción Universitaria (PSU), cuestiona si sus resultados son el reflejo de las capacidades de los estudiantes que las rinden o son solo un reflejo más de la segregación de nuestro sistema escolar. En esto, nuestra convicción está en que, ante todo, los resultados son fruto del esfuerzo individual, pero sin desconocer la influencia del contexto socioeconómico y cultural en que viven los alumnos.

En materia educacional, el discurso que aleja al alumno de la responsabilidad primera, por sus logros o fracasos en materias académicas, corre el riesgo de hacer entender que él no tiene protagonismo real en el resultado final de sus estudios, apagando de paso el motor de la superación y el esfuerzo personal, así como la lógica del mérito como ordenadora del proceso educativo.

Para algunos, esta desigualdad en el resultado final buscaría ser corregida por la aplicación de un ranking de notas, donde cada estudiante sería premiado o castigado en su puntaje de acuerdo a su posición relativa en relación a sus compañeros de clase. De esta manera, no competirían con los alumnos de otros colegios sino solo con los que están en su sala de clases, los que teóricamente estarían en similares condiciones para competir. Esta iniciativa, al ser aplicada, ha demostrado que produce efectos no deseados en el proceso de enseñanza escolar, como por ejemplo, los conocidos casos de cambios de colegios en los últimos meses del año, desde instituciones de excelencia a otras de más bajo desempeño con el solo objetivo de verse artificialmente beneficiados o al menos no castigados en sus puntajes.

Los efectos del ranking -coinciden los expertos- han sido menores a lo esperado y están lejos de corregir la desigualdad en el acceso a la educación superior. Pese a la utilización de este mecanismo, la inclusión de alumnos de colegios municipales en el sistema universitario casi no aumentó.

En la Universidad del Desarrollo creemos que la mejor manera de corregir la desigualdad de resultados, es garantizando acceso a educación de calidad de manera universal y desde la más temprana edad. Por esto mismo, no deja de llamar la atención que el debate público legislativo en torno a la educación siga tan alejado del debate sobre la calidad. Si un joven tiene la oportunidad de desarrollar sus talentos en un ambiente que lo apoye e incentive, se podrían lograr verdaderas mejoras en sus resultados finales. Así, asegurar una cancha pareja para el desarrollo académico de cada niño es un imperativo ético y moral que, como sociedad podemos compartir ampliamente, pero que nuestras autoridades políticas transversalmente no han logrado traducir en una agenda clara: insistir en todo tipo de parches o paliativos solo evita o posterga el debate de fondo que es el de la calidad de la educación.