Dictan dos acusaciones en caso de Fernando Álvarez
A poco más de un mes de que el juez titular para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, resolviera el cierre del sumario de la causa del intendente de la Unidad Popular (UP), Fernando Álvarez, ayer se informó que el ministro subrogante, Manuel Muñoz, dictó dos acusaciones en la causa.
La resolución fue en contra del suboficial en retiro del Ejército, José Puga y del oficial (r ) de Carabineros Sergio Arévalo Cid, quienes de acuerdo a la investigación judicial fueron autores del delito de torturas con resultado de muerte durante el interrogatorio a Álvarez.
Ahora el estado procesal se encuentra en su etapa de notificación a las partes. Una vez hecho el trámite vendrá la etapa de apelaciones, con lo que a la postre el ministro en visita puede dictar sentencia de primera instancia.
Ante la reciente resolución es que el abogado querellante Adolfo Montiel valoró las acusaciones, comentando que una vez estando notificados iniciaran demandas civiles por daños morales a la familia de la víctima.
Vale recordar que la última diligencia realizada en el proceso tuvo lugar el lunes 22 de diciembre, cuando el juez Aldana entrevistó al perito español Francisco Etxeberría, quien realizó un último informe (11 hojas) sobre los estudios médicos levantados en la causa y que acreditaron que la autoridad política local falleció producto de tormentos aplicados por uniformados durante un interrogatorio en dependencias de la comisaría de Concepción, una vez que Álvarez fue trasladado desde la Isla Quiriquina, donde estaba prisionero a fines de 1973.
El nombre de Etxeberría no es extraño en el ámbito judicial chileno, dado a que el especialista participó en los peritajes de osamentas a Pablo Neruda, Víctor Jara y hace cerca de un año que también trabaja en la causa de Jorge Matute Johns.
MILITARES Y CIVILES
Dentro de las diligencias vistas en la indagación judicial hubo desde una reconstitución de escena del interrogatorio a Álvarez hasta una serie de interrogatorios a militares, civiles detenidos, como también careos entre ellos.
Entre los uniformados que prestaron declaración incluso estuvo el general (r ) Washington Carrasco, quien dio la orden del traslado de Álvarez desde la Quiriquina al cuartel policial penquista. En este sentido es que la negación de los hechos por parte de los funcionarios uniformados fue la tónica a lo largo del sumario, cuestión que era desmentida por civiles.
El sumario se compone de cerca de 3 tomos.