La polémica surgida durante estos últimos días en el Gran Concepción, producto de los viajes de capacitación de una decena de concejales al extranjero, ha puesto en el debate el real beneficio que tienen estas giras para las respectivas comunas que representan.

Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 79, letra LL, establece la facultad de los concejales de realizar cometidos en representación de la municipalidad, en Chile como en el extranjero, con una serie de procedimientos establecidos en la propia ley, es a lo menos preguntarse si estas salidas, que generalmente representan un alto costo para los municipios, generan algún beneficio real y tangible para las comunas. Algunos concejales entrevistados por este Diario, como Alejandra Smith, de Concepción, sostienen que estos viajes poco aportan a las municipalidades.

Pero es, quizá, la forma más que el fondo lo realmente cuestionable y lo que, en definitiva, termina por irritar a la ciudadanía, la cual se ha manifestado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Da la impresión, que a cierta parte de la clase política parece importarle bien poco lo que piensan los ciudadanos, y termina anteponiendo sus intereses personales sin pudores ni vergüenzas.

Una cosa es lo legal, que ampara este tipo de viajes al extranjero, y otra es lo ético, o lo que sentido común indica. Y, claramente, los ediles viajeros se ajustan a lo primero.

Cuando las carencias son evidentes en las comunas del Gran Concepción, con calles en mal estado, con escasez de basureros, con semáforos con fallas, etcétera, el sentido común indica que es más urgente dar solución a esos problemas que afectan a toda la población que estar aprobando millonarios recursos para este tipo de perfeccionamientos en el exterior, justo en el periodo de vacaciones.

La autoridad elegida popularmente tiene la obligación de tomar decisiones en sintonía con la comunidad y, fundamentalmente, priorizar las necesidades del entorno que representan.

Si bien el caso Hualpén dio inicio a la polémica, hay que ser justo: esta es una realidad que se vive en la mayoría de los municipios. No pedimos suspender los viajes, sólo aspiramos al sentido común y a un poco de delicadeza.

Realizado el periodo de matrículas en las universidades, muchos estudiantes iniciarán, ilusionados, una nueva e importante etapa en sus vidas, algunos se habrán matriculado en la carrera elegida de antemano, otros, en la que les alcanzó su puntaje. A su vez, las universidades más exitosas en este proceso, muestran con orgullo sus resultados, otras comentan poco sobre cifras respecto de puntajes, números de matriculados, carreras con vacantes, etc. Es parte del proceso que se realiza todos los años en este mes.

Ya no es novedad que las carreras llamadas tradicionales, en instituciones de mayor prestigio, alcanzan importante número de matriculados con altos puntajes en las pruebas de selección, además si se considera todo el sistema de educación superior, se tiene un número superior al millón de estudiantes en esta instancia, siendo esta situación un escenario con muy pocos cambios, que se repite cada año.

Sin embargo, sobre lo cual no se hace mucho comentario, es sobre el nivel de la oferta de cupos en ciertas carreras, lo cual se repite en casi todas las instituciones que conforman las varias decenas de universidades existentes en el país, constituyendo una clara sobreoferta de cupos y carreras y además, ahora se agrega también a la oferta, determinados programas de titulación, como los de continuidad de estudios que incrementan dicha la oferta. Esta situación empieza a provocar problemas de empleo en aquellas carreras universitarias, por falta de demanda real por parte del mercado laboral. Aunque se esgrime que no existen estudios exhaustivos sobre lo anterior, esto parece más bien una excusa frente a esta situación.

Surge de lo anterior una serie de problemas, derivado de la ineficiencia que se produce para el país, por la duplicación de esfuerzos y recursos, para los estudiantes y sus familias, por la inversión que deben realizar, con valores actuales que no siempre son cubiertos, en un plazo esperado, por los ingresos futuros que se espera obtener y ni hablar si no se activa la demanda o esta no absorbe dicha sobreoferta

Si bien se debe respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, para proponer carreras y programas, como también la libertad de los postulantes para elegir, no hay duda que algo no cuadra en esta situación y se esperaría que algunas instituciones podrían hacer algo más por el bien del país y de los estudiantes y de paso evitar frustraciones al tener un título, cuyos objetivos y retornos no sólo económicos, no estarán de acuerdo con las aspiraciones planteadas al elegir una determinada carrera.