La revelación de un paseo en yate en Nueva York para reunir fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013 causó rechazo ayer en la oposición, desde donde anunciaron que citarán al canciller Heraldo Muñoz a la Cámara para que explique esta situación.

Según un artículo de The Clinic, el ministro de Relaciones Exteriores, mientras se desempeñaba como funcionario ONU organizó un evento a bordo de un yate con un costo de mil dólares por persona, con el fin de ayudar a la campaña de la hoy Mandataria.

A este evento habrían asistido autoridades extranjeras para hacer aportes de dinero, lo que está prohibido por la ley electoral chilena. En el artículo además se señala que no está claro cómo se hizo el ingreso de esos fondos al país y de qué forma la Mandataria y sus asesores los declararon.

El canciller admitió el hecho durante el desarrollo del artículo, pero luego, al verlo publicado, según The Clinic, llamó al medio para desdecirse de su primera versión y asegurar que al evento sólo asistieron compatriotas residentes en Nueva York.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseveró ayer que la campaña presidencial de Bachelet "está estrictamente apegada a la legislación" y que "cada paso y esfuerzo fue apegado estrictamente a la legislación chilena".

"Descarto cualquier irregularidad y cualquier cosa. Esta fue una campaña clara, transparente. Ahí está la documentación", dijo el jefe de gabinete.

Las bancadas de diputados de RN y la UDI anunciaron que citarán al ministro Muñoz a la comisión sobre financiamiento de campañas políticas de la Cámara de Diputados, para que entregue detalles sobre el evento, que habría sido organizado por el presidente emérito de la Asociación Católica de Líderes Latinos en EE.UU., Mario Paredes.

"Es lamentable que en este caso se involucre al corazón de las Relaciones Internacionales de Chile, y esperamos que con urgencia el canciller explique todo el detalle de su recaudación de recursos en el extranjero", sostuvo el jefe de bancada RN, Nicolás Monckeberg.

El diputado indicó que "estas gestiones son ilegales y violan de tres formas directamente la legislación. Y más allá de las responsabilidades penales y administrativas que haremos valer donde corresponda, exigimos una explicación inmediata".

El jefe de la bancada de diputados UDI, Felipe Ward, acusó que al contrario de lo que ha señalado Bachelet sobre su campaña, "aquí hay actos ilegales", e informó que enviará oficios al fiscal nacional, al Consejo de Defensa del Estado, al Servel, a la Presidencia y al Banco Central. Ward agregó que "vamos a explorar la vía judicial eventualmente vamos a presentar una querella" por este tema.

El timonel de RN, Cristián Monckeberg, recalcó que es necesario "dar respuestas y explicaciones en esa materia (...) Sería bueno que el canciller hablara, pero claramente no es una buena noticia que un canciller chileno haya paseado en yate recibiendo fondos para una campaña política sin saber mucho cuáles eran sus orígenes y de qué trataba".

TEORÍA DEL EMPATE

Desde el oficialismo, el diputado del PS Fidel Espinoza dijo que "como presidente de la comisión doy todas las garantías al ministro y a los parlamentarios que cualquier eventual citación se hará con el máximo respeto a las autoridades". Sin embargo, acusó que "la UDI quiere empatar el caso Penta".

La revelación de este hecho surge en medio de la investigación que lleva el Ministerio Público sobre un financiamiento irregular de campañas políticas por parte del grupo Penta.

Uno de los temas que ha causado mayor división con respecto a la reforma educacional, es el de las sanciones que se apliquen a quienes lucren utilizando recursos públicos. Ayer, las comisiones unidas de Educación y Hacienda del Senado, aprobaron sanciones civiles y penales para quienes hagan mal uso de esos recursos.

Durante el paso del proyecto que busca terminar con el lucro, el copago y la selección por la Cámara de Diputados, se había incluido una indicación que penalizaba con cárcel el mal uso de recursos públicos.

Dicha disposición no prosperó en el Senado, donde fue retirada del proyecto por los parlamentarios Fulvio Rossi (PS) y Jaime Quintana (PPD).

Por esa razón el Ejecutivo en conjunto con parlamentarios de la Nueva Mayoría, introdujeron una indicación que establece sanciones civiles y penales para quienes lleven a cabo esa práctica, que fue la que finalmente se aprobó en la actual instancia que se encuentra el proyecto.

La indicación establece que quien haga mal uso de los recursos públicos destinados a educación, deberá reintegrarlos al establecimiento educacional debidamente reajustados y además la Superintendencia de Educación los sancionará con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada.

Además señala que en caso de que haya mal uso de los recursos del Estado, se deben establecer las "responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone" y que luego serán la Superintendencia de Educación o el Servicio de Impuestos Internos quienes deberán realizar una denuncia ante el Ministerio Público.

VOTACIÓN DIVIDIDA

La votación de esta disposición fue dividida y contó con el apoyo de los senadores de la Nueva Mayoría, mientras que los parlamentarios de la Alianza la rechazaron.

Según consignó Emol, el senador RN Andrés Allamand cuestionó que "se incluya en el mismo saco" a los sostenedores que sustraigan los recursos, con dolo, y a quienes cometieron un error al usar los fondos en fines distintos a los que establecía la ley.

La senadora UDI, Ena von Baer, que ayer volvió a sus labores, criticó que se mire a los sostenedores con "desconfianza", "como si los emprendedores de la educación fueran delincuentes".

Por su parte, el senador Rossi manifestó que "no tendría sentido prohibir el lucro con recursos públicos y que no tuviéramos una norma coherente para sancionar a quien lo infrinja".

Ayer también se aprobó una indicación que permite la operación con personas relacionadas cuando se hacen con organizaciones sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente de servicios a los establecimientos educacionales.

Los senadores también aprobaron dos indicaciones, una del Ejecutivo y otra de los parlamentarios Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, que establece que "se entenderá por partes relacionadas a las personas jurídicas que posean directa o indirectamente el 10% (antes se hablaba del 5%) o más del capital de ésta, la calidad de directivo o de administrador".