El diputado PS y ex presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, calificó de 'desproporcionado' el rol de la Secretaría de Comunicación y Cultura de La Moneda en la salida de la ex ministra de Salud, Helia Molina, a quien defendió al afirmar que 'dijo menos que otras autoridades'.

En declaraciones a radio Cooperativa, el parlamentario destacó que 'nadie imaginaba que el aborto terapéutico volvería al tapete a través de la salida de la ministra de Salud'.

'La ministra dijo mucho menos de lo que han dicho otros políticos y autoridades', indicó Castro y agregó que 'no sé por qué se actuó con tal fuerza desde la Secretaría de Comunicación y Cultura, que yo creo que tuvo un rol desproporcionado, actuó con mucho poder'.

'La Presidenta estaba en el sur y se tomó una decisión muy en caliente, que creo que no contribuyó y que puede ser un boomerang a futuro', añadió el diputado.

En su mensaje presidencial del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet aseguró que la legislación sobre el aborto apuntaría a tres causas: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y caso de violación.

Respecto del debate del proyecto que se realizará en elCongreso, Castro aclaró que 'no es un aborto a secas ni a solicitud solamente de una mujer. Es un aborto con indicaciones muy precisas bajo condiciones estrictas'.

'El primer causal es cuando hay enfermedades graves de la madre', la que a juicio de Castro 'es difícil que alguien la discuta'.

El proyecto también se refiere a las 'malformaciones graves que hacen que el niño que está por nacer tenga pocas posibilidades de vivir, en ningún caso apuntan a otras malformaciones que son compatibles con la vida como el síndrome de Down', explicó.

'Por último, la causal más controvertida es la de la violación o abuso sexual', agregó Castro, quien apuntó al rechazo de algunos grupos más conservadores debido a que ni la vida de la madre ni del feto está en riesgo. Castro asumirá el 11 de marzo la presidencia de la Comisión de Salud y adelantó que 'dará garantías a todos los sectores, grupos de interés, de pensamiento religioso, pro feministas o pro género. Incluso vamos a traer invitados internacionales para evaluar resultados en otros países'.

Parlamentarios de oposición rechazaron la orientación que el Gobierno le imprimió a las 35 indicaciones ingresadas para comenzar a cerrar el trámite legislativo de la reforma educacional que elimina el lucro, el copago y la selección.

Desde la UDI, los diputados Javier Macaya y Jaime Bellolio afirmaron que dichos planteamientos se alejan del diálogo que anticipó la Presidenta Michelle Bachelet y las calificaron de 'veneno en cuentagotas'. En Renovación Nacional, el senador Andrés Allamand pidió que las modificaciones sean votadas como plebiscito en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017.

CRÍTICAS DE LA UDI

El diputado (UDI) Jaime Bellolio, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, afirmó que con la presentación de las indicaciones por parte del oficialismo, 'lo que hace el Gobierno es dar veneno en cuentagotas para la libertad de educación y la autonomía de las escuelas. Profundiza el mismo prejuicio en la desconfianza a los sostenedores y los apoderados, sigue mirando en menos la calidad, la desprecia e ignora a los profesores'.

De acuerdo al parlamentario, el proyecto inicial 'era realmente muy malo hasta para el mismo Gobierno, pero lamentablemente estas indicaciones cambiaron el corazón y el alma de la reforma que exige la ciudadanía. Las indicaciones son lo mismo de antes pero en más tiempo', agregó.

El secretario general de la UDI, el diputado Javier Macaya, dijo lamentar que el Ejecutivo insista en 'poner de acuerdo solo a los actores que están dentro de la Nueva Mayoría', aunque dijo estar esperanzado en 'un cambio de actitud'.

'Nosotros partimos recogiendo el espíritu de lo que transmitió la Presidente en la víspera de Año Nuevo, que es importante dialogar. Pero cuando te das cuenta que eso solo consiste en que se trata en poner de acuerdo al Partido Comunista con la Democracia Cristiana y las indicaciones que han presentado los senadores y diputados de la oposición terminan en el pica, es evidente que el diálogo no está siendo real', afirmó el diputado.

En el mismo tenor crítico de los parlamentarios de la UDI, el senador de RN, Andrés Allamand, pidió que las modificaciones sobre la reforma educacional propuesta por el Gobierno sean sometidas a una especie de 'plebiscito' en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017.

El senador opositor, parte integrante de la Comisión de Educación del Senado, afirmó que dicha posibilidad se abre tras las indicaciones introducidas por el Ejecutivo que alargan los plazos y hacen posible que sea la ciudadanía quien se pronuncie sobre el tema.

'Las indicaciones del Gobierno que prorrogan la aplicación de la reforma han abierto una posibilidad política: revertirla en la próxima elección presidencial. Hay que transformar la elección presidencial y parlamentaria en un verdadero plebiscito sobre la reforma educacional', argumentó el senador de RN.

Para Allamand, 'que el Gobierno haya llegado a la conclusión que muchos de sus aspectos no pueden aplicarse durante su mandato genera un nuevo escenario: obtener un buen resultado electoral el año 2017 y corregir la reforma modificando en el siguiente Congreso sus efectos más negativos'. Agregó que 'las indicaciones del Gobierno funcionan con la misma lógica del Transantiago, es decir, dejan la ejecución de un pésimo proyecto al próximo Gobierno'.

El documento con las 35 indicaciones que ingresó al Senado contempla varias modificaciones al proyecto original, como cambios en los procesos de selección y grados de admisión para algunos establecimientos, lo que se realizará en una aplicación gradual y territorial.

Polémica han desatado las 35 indicaciones ingresadas para comenzar a cerrar el trámite legislativo del

Una fiscalización a 327 organismos públicos comprobó que más de un tercio de las solicitudes (37,3%) no logran ingresar o no son respondidas. La labor, realizada por el Consejo para la Transparencia (Cplt), perseguía detectar las barreras que impiden que la ciudadanía acceda a la información pública.

Realizado entre el 21 de julio y el 19 de agosto del año pasado, el proceso abarcó a 32 subsecretarías;15 intendencias;15 gobiernos regionales;53 gobernaciones provinciales;15 Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu);29 servicios de salud;57 hospitales autogestionados;11 superintendencias y 100 servicios públicos.

La revisión arrojó un nivel de cumplimiento general de 70,4%,. Los municipios, en la primera medición de este tipo realizada por el Cplt, registraron 54,26% de promedio.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, dijo respecto de las cifras que 'nuestro propósito es que todas las solicitudes sean debidamente atendidas, porque ese es el mandato legal y por cuanto detrás de cada solicitud hay una persona ejerciendo un derecho fundamental que debe ser garantizado. La razón de ese porcentaje de no ingresadas o sin respuesta deriva de que algunos organismos no han adoptado todos los procedimientos, resguardos y controles que eviten esta falta de atención. Cada servicio ha sido informado de estas falencias para que sean corregidas'.

LA INDAGACIÓN

El Cplt utilizó 'usuarios simulados para enviar 327 solicitudes de información a las instituciones a través de sus sitios electrónicos. De ese total, 275 fueron ingresadas y 52 no lograron ingresar. En una segunda etapa, 205 de las 275 solicitudes (74,5%) obtuvieron respuesta por parte del organismo. A cada institución se le hicieron preguntas para evaluar el cumplimiento de la norma y de las buenas prácticas.

En los resultados, el mayor puntaje promedio de cumplimiento lo obtuvieron las gobernaciones provinciales (88,07%), seguidas de gobiernos regionales (81,84% y las intendencias (69,94%).

En la parte baja de cumplimiento, los peores puntajes fueron para las superintendencias (60,92%), servicios públicos (65,18%) y servicios de salud, con 74,20%.

En el caso de las superintendencias, cinco obtuvieron un puntaje de cumplimiento menor a 70% (Educación Escolar, Servicios Sanitarios, Seguridad Social, Casinos de Juego y del Medio Ambiente).

Las barreras de entrada que más se repitieron fueron la inexistencia de banner de solicitud de información en sitios web o de sistema de ingreso de solicitudes en línea. Entre las barreras normativas, aparecieron la exigencia de registro obligatorio de campos con datos de domicilio postal, fono, región y rut.

El mejor promedio de los organismos de la administración central por región estuvo en el Maule, con 87,35% de cumplimiento. La región con el puntaje promedio más bajo es Antofagasta (54,88%).