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Fiscalizan seguridad en puente Juan Pablo II

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El seremi de Obras Públicas, René Carvajal, realizó una evaluación de las nuevas medidas de seguridad implementadas en el puente Juan Pablo II, así como también se refirió sobre los resultados preliminares de los medidores de velocidad instalados. Además, y junto a funcionarios de Carabineros, entregó volantes a los conductores, donde se especifica que la velocidad máxima permitida en los puentes urbanos del Biobío es de 60 kilómetros por hora.

Datos preliminares a la ejecución de estas medidas mitigadoras es que en promedio los conductores transitan por los puentes a 85 kilómetros por hora, llegando a una máxima de 142 kilómetros por hora. En tanto, lo que hasta ahora se ha ejecutado es la demarcación de velocidad en ambos sentidos del puente, a través de señalética en las calzadas e instalación de marcadores de velocidad.

En cuanto a la colocación de barreras separadoras (metálicas), las que ya están fabricadas y en etapa de traslado desde Alemania, comenzará su instalación, según el seremi de Obras Públicas, el 7 de enero. Los trabajos terminarán a fines del mismo mes o comienzo de febrero. La inversión de todas estas medidas preventivas y mitigadoras, tienen un costo de mil millones de pesos.

René Carvajal destacó que con los recursos se instalaron los "controladores de seguridad", generando con ello un elemento inhibidor. "Pero, aún así los indicadores demuestran que un 10% de los conductores conducen sobre los 100 kilómetros por hora", explicando, dejando claro que los conductores siguen violando las leyes del tránsito, pese a las advertencias.

En la fiscalización de ayer estuvo presente el oficial de la Siat, Robinson Benelli, quien realizó un positivo balance de la situación: "Debido que se están efectuando controles aleatorios de velocidad, si bien hay un porcentaje que conduce a exceso de velocidad, los cuales han sido infraccionados, hemos tenido una buena recepción debido al cambio que ha mantenido el puente al pasar a las dos pistas que mantiene actualmente".

Señaló además que ha disminuido la cantidad de accidentes. A la fecha se ha registrado un solo accidente con víctima fatal y la causa no ha sido la velocidad, sino la ingesta de bebidas alcohólicas.

Prefecto de Carabineros de Arauco es relevado de sus funciones

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Diversos son los aspectos que dio a conocer el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tras el término de la reunión que se realizó para analizar los hechos de violencia ocurrido en la provincia de Arauco. Uno de los puntos que se comunicó fue que el prefecto de Carabineros de Arauco, Mario López, fue relevado de su nuevo cargo mientras dure la investigación sumaria.

Respecto al último hecho, donde resultó herido un aspirante a oficial, hijo del prefecto de la zona, el subsecretario del Interior comentó que las investigaciones del caso las está llevando Fiscalía y lo que hará el gobierno es proveer al órgano persecutor de los recursos policiales suficientes para que la lleven adelante.

Respecto al sumario administrativo que está llevando adelante la institución policial para determinar qué hacía el joven sobre la aeronave, Aleuy sostuvo que ésta "determinará si fue regular o irregular". No obstante fue categórico en decir que "el punto central no tiene que ver con el sumario que está haciendo Carabineros, sino que hay gente que utiliza fusiles para atacar a las fuerzas policiales".

El subsecretario además confirmó que el prefecto López fue relevado de sus funciones, las que serán asumida a contar del 1 de enero por el teniente coronel Jorge Salas. Esta situación estaba acordada desde antes del hecho, el coronel López iba asumir un cargo en el Departamento Administrativo de la Octava Zona de Carabineros.

"Él está relevado de sus funciones a partir de que hay un sumario interno en Carabineros, es un reglamento propio de la institución (…). Cuando una persona está en esta condición en una institución policial, no cumple ninguna función", aclaró Aleuy.

CONFLICTO

Pese a que durante este año han ocurrido diversos hechos conflictivos en Arauco -más de 50 carabineros han resultado lesionados-, el subsecretario Aleuy declaró que no se incorporarán más policías en la zona, ya que la situación no es un problema de número de efectivos.

Además, la autoridad nacional contó que a raíz de los últimos hechos originados en Arauco y La Araucanía, se tomó una definición respecto a las comunidades violentas. "Los que ataquen a Carabineros, cometan delitos o amedrenten a la gente, no van a ser priorizados para la política de tierras que tiene el actual gobierno", declaró el subsecretario. Asimismo, Aleuy invitó a la oposición a buscar soluciones para enfrentar el problema. "Lo que hemos pedido y sugerido es que hagamos un esfuerzo para enfrentarlos en conjunto, porque este es un tema que no se podrá resolver desde fuera, nadie va a venirnos a decir qué tenemos que hacer", declaró.

En cuanto al trabajo que ha realizado en el tema el gobernador de Arauco, Humberto Toro, el subsecretario sólo dijo que "ha hecho un buen trabajo hasta ahora".

El intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, declaró que se realiza con las policías la coordinación sobre el intercambio de información que existe sobre la problemática que hay en Arauco. Declaró que se está focalizando el trabajo en el delito de robo de madera.

"Vamos a realizar reuniones de trabajo que nos permitan ir determinando, a tráves de antecedentes que recibimos, cómo adelantarnos a la comisión de hechos violentos. Esta situación ya se ha logrado antes", comento Díaz.

La máxima autoridad de la Región también contó que se presentó una querella de incendio y por daños a la propiedad por los hechos ocurridos en el fundo de la familia Matte.

"Todos los antecedentes se van a ventilar en el tribunal, que es el lugar donde se entregarán las pruebas", contó el intendente.

A la cita también concurrió el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector, Eliecer Solar y el jefe de la Octava Zona de Carabineros, Hermes Soto, quienes se retiraron del encuentro sin emitir comenarios.

Retoman conversaciones en enero por convenio de salud

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Pese a que hubo diversas reuniones y presentación de cifras, este año la cartera de salud no logró sellar el convenio de programación que pretendía firmar con el Gobierno Regional este año (debe aprobarlo el Consejo Regional), por lo que el tema deberá ser analizado a partir de mediados de enero de 2015.

Este acuerdo contempla para los próximos 8 años (2015-2023) una inversión de $834 mil millones, divididos en 328 proyectos de infraestructura y equipamiento, los que llegarían a subsanar los problemas que tiene esta área en la Región.

La gran obsolescencia que registra el Bíobío en materia de recintos y tecnología, llevó a la Seremi de Salud a iniciar un proceso de consulta a los cinco Servicios de Salud de la Región (Concepción, Talcahuano, Ñuble, Biobío y Arauco) para conocer cuáles eran las necesidades, en esta materia, que tenían los establecimientos de salud públicos.

Tras diversos análisis, Salud le entregó una propuesta a la Comisión de la materia del Consejo Regional con la cartera de proyectos y los montos a invertir durante el período 2015-2023. Este documento especificaba que el 80% sería aportado por el Ministerio de Salud y el porcentaje restante por la Región, a través del Fondo de Desarrollo Regional (Fndr).

DEBEN REALIZARSE AJUSTES

A pesar que existe interés por parte del Consejo Regional (Core) en llevar adelante esta iniciativa, el análisis realizado por la entidad consideró que aún restan diversos aspectos que se deben afinar.

El presidente del órgano colegiado, Eduardo Muñoz, comentó que tienen claridad que salud es un tema sensible para la comunidad y que por eso se debe hacer inversión importante. No obstante, aclaró que se debe seguir trabajando en este tema.

"Lo que hay hasta hoy es un convenio bastante ambicioso que viene a dar respuesta a muchas demandas que hoy tiene la ciudadanía (…). Pero este interés debe conjugarse con la realidad económica y presupuestaria de la Región", declaró Muñoz.

El problema para el consejero radicaría en que las cifras de las que se habla son inalcanzables para el Biobío, ya que implicaría que el Gobierno Regional aporte casi el 15% del Fndr cada año.

Ante este escenario, el presidente del Core dijo que "la voluntad está, pero debe ser de acuerdo a lo que se puede aportar".

Por su parte, el seremi de Salud, Mauricio Careaga, comentó que efectivamente el acuerdo se demoró más de lo que esperaban debido a los importantes montos que se están manejando. Sin embargo, sostuvo que existe una buena disposición por parte de los consejeros regionales para llegar a un acuerdo y dar solución a las necesidades que hay en la Región.

La autoridad regional comentó que durante enero se deberían retomar las conversaciones, ya que durante ese período se tendrá mayor claridad del presupuesto que serían asignados al Fndr. Asimismo, dijo que más que realizar ajustes de montos, debe existir un ajuste de aportes.

"Dentro del proceso presupuestario, el monto que entregue la Región puede ser menor, el que podría ir incrementándose en los años. Esto, dependiendo de la disponibilidad que exista en el Fondo de Desarrollo Regional", declaró.

Careaga agregó que se seguirá trabajando intensamente en este acuerdo que será beneficioso para la Región, ya que permite ordenar la inversión que se realice en el sector.

EN QUÉ BENEFICIARÁ

Durante el período 2001-2006 el Gore ejecutó un convenio de las mismas características. En esa oportunidad los $46 mil millones incluidos en el plan -un 60,87% aportado por el Ministerio de Salud y un 39,13% por la Región, permitió realizar las normalizaciones del Hospital Regional y las primeras etapas de normalización de Las Higueras de Talcahuano y del Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles.

Si el nuevo convenio de programación se logra cerrar en enero, permitiría adelantar algunas obras que tienen período de ejecución para fines del actual gobierno. Una de las iniciativas que espera que el acuerdo lleve a cabo es el recinto de Talcahuano, el que debe desarrollar su tercera etapa de normalización.