El aumento del precio de la energía tiene impactos globales en la economía nacional, afectando no sólo a las industrias sino también a los hogares. Esta es una de las conclusiones del reciente estudio de los economistas Vittorio Corbo y Agustín Hurtado, titulado "Causas y consecuencias del problema energético en Chile: una visión desde la macroeconomía".

El problema energético, dice Corbo, implica una pérdida acumulada de 18% en la inversión, de 9% en el consumo agregado, de 8% en el nivel de empleo y de 6% en el PIB de la economía para el periodo 2012-2019.

Un estudio similar realizado por la Universidad Alberto Hurtado, "Impacto del Costo de la Energía Eléctrica en la Economía Chilena: Una Perspectiva Macroeconómica", indica que los enormes cambios experimentados en el costo de la energía la década pasada podrían explicar el moderado desempeño de la economía chilena en ese periodo. En otras palabras, la escasez de oferta energética ha tenido, tiene y seguirá teniendo una influencia negativa directa sobre la competitividad de la industria, el empleo y la inversión.

A lo anterior, podemos sumar que los precios de la electricidad en Chile son unos de los más altos no sólo en Latinoamérica, sino que en el mundo, superando, por ejemplo, en un 60% el promedio para los países Ocde, según datos de la Sociedad de Fomento Fabril.

Si bien en la Región del Biobío no existen estudios específicos sobre la relación entre el aumento de precios energéticos y competitividad de nuestras industrias, sí crece la evidencia sobre sus efectos. Basta recordar el cierre de la planta de papel de Cmpc en Nacimiento y en algunas líneas de producción de CAP Acero, medidas drásticas traducidas en desempleo. La preocupación empresarial ha tomado forma en la Mesa de Grandes Consumidores de Energía, constituida recientemente al alero de Irade y la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor), con el objetivo de actuar como interlocutor ante el poder político, transmitiendo la urgencia de acelerar soluciones que permitan una mayor oferta.

El llamado a la clase política a actuar con responsabilidad cobra fuerza en un momento regional donde la visión de corto plazo podría entregar en bandeja el mercado industrial a los productos importados en desmedro de la producción local.

En una sociedad cada vez más secularizada, resulta bastante explicable que se busque un sucedáneo de la religión, que contenga mandamientos y dogmas que prometen la felicidad y que exigen obediencia. En nuestro caso, estos nuevos mandamientos y dogmas son los derechos humanos, considerados no solo como algo evidente, sino además, contra lo cual está prohibido disentir.

Como se sabe, en un principio estos derechos se consideraron emanados de la inherente dignidad humana, con una clara alusión a un Derecho Natural objetivo que entre otras cosas, abogaba por la igualdad esencial de todos los hombres.

Sin embargo, hace unos 50 años, se expandió la idea según la cual, estos derechos no emanan de una naturaleza objetiva, sino de los acuerdos, siendo por ello relativos y cambiantes. Lo anterior no solo ha hecho que ingresen al catálogo de "derechos" un cúmulo de aspiraciones bastante discutibles, sino además, que varios miembros de la especie humana hayan quedado excluidos de su protección.

Por otro lado, estos derechos, entendidos inicialmente como facultades de exigir, se están convirtiendo cada vez más en obligaciones de hacer o de no hacer, lo cual resulta lógico, pues todo derecho subjetivo conlleva la existencia de una obligación o deber correlativo.

Así, estos deberes colectivos suelen muchas veces depender de ciertos "derechos" que benefician a una selecta minoría, que de este modo impone su querer al resto, siendo un buen ejemplo de ello las diversas leyes y tratados contra la discriminación y la intolerancia.

En la actualidad, la génesis y evolución de estos "derechos -léase deberes- humanos" está entregada sobre todo a organismos internacionales, universales y regionales que nadie controla (ONU, OEA, UE, varios comités de seguimiento de diversos tratados y tribunales internacionales), que no toman en cuenta ni las situaciones particulares ni las tradiciones de los diferentes países. Por eso se están convirtiendo en los nuevos mandamientos y dogmas de nuestro mundo, que no admiten que alguien ose ir contra los mismos.

Estos mandamientos y dogmas pretenden así, imponerse a los ordenamientos jurídicos internos, saltándose muchas veces todos los cauces formales preestablecidos. Además, se entregan cada vez mayores atribuciones a los Estados para vigilar su fiel cumplimiento y castigar duramente su inobservancia.

Y esta es una de las grandes paradojas de nuestra época: que los "derechos humanos" han pasado de ser una realidad objetiva y que permitía a sus titulares ejercerlos libremente, a convertirse en estrictas y cambiantes directrices para la conducta colectiva de los ciudadanos, que pretenden imponerse coactivamente.