La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se reunió ayer por la mañana con seremis de la cartera y directores del Trabajo del país para analizar y estudiar los detalles de la reforma laboral que será presentada mañana para luego ser ingresada al Congreso.
Tras el encuentro, la secretaria de Estado respondió al empresariado sobre las críticas hechas respecto a que la agenda laboral no es proempleo y se enfoca en los gremios y no en los trabajadores, haciendo alusión a que el proyecto quiere que todos los empleados se adhieran a un sindicato.
En ese aspecto, la titular de cartera aclaró que la minuta plantea que toda persona sigue siendo libre de ingresar o no a un sindicato, tal como lo supone actualmente.
'Este Gobierno es ferviente creyente de la libertad y, por cierto, de la libertad sindical. Eso implica que nosotros reconocemos en los trabajadores la libertad para tomar la decisión de afiliarse o desafiliarse a un sindicato. Estamos absolutamente en sintonía con lo que señalan las convenciones internacionales, y la libertad sindical existe y seguirá existiendo en nuestro país. Por lo tanto, para aquellos que han señalado que estamos obligando a las personas a sindicalizarse, el llamado es a sumarse a una agenda que le hace bien a Chile', indicó la ministra.
'La desinformación no es buena. Lo que hemos señalado, y lo hemos conversado con distintos actores que son parte de esta propuesta, es que cuando hay beneficios que han sido acordados entre un empleador y un sindicato se entiende que son ambos quienes son titulares de esos beneficios', agregó.
Con respecto a las bases de la reforma, la ministra Blanco explicó que la agenda va a permitir modernizar las relaciones laborales y que también se llevará a todas las regiones del país.
'Creemos que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras en nuestras regiones puedan saber los enormes beneficios que van aparejados a este proyecto, que moderniza el diálogo entre empleadores y trabajadores', señaló.
Las declaraciones de la secretaria de Estado se producen luego de que dirigentes empresariales manifestaran reparos a la moción que impulsa el Gobierno en materia laboral.
El presidente de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, calificó como un 'mal proyecto' la iniciativa del Ejecutivo y aseveró que 'lo que conocemos a la fecha no va en la dirección correcta y no va a contar con nuestro acuerdo'.
Mientras, el titular de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, opinó que el proyecto 'produce incertezas en el sector privado, alimenta apetitos indebidos en algunos actores y no se condice con el momento actual que vive la economía'.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en tanto, sostuvo que el énfasis de la iniciativa está en fomentar la sindicalización, pero no incentiva de igual modo la libertad de negociación. En ese aspecto, resaltó que la ley vigente sí incentiva los sindicatos.
En respuesta a estos comentarios, la senadora del PPD y presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, acusó una 'disociación' por parte del empresariado, dado que en su opinión, este sector invierte en países con legislaciones laborales más exigentes. 'No se puede tener esta disociación de 'acepto legislaciones laborales en otros países donde invierto y en mi país genero esta situación de incertidumbre', como que aquí viene una hecatombe desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo y de la generación de empleos, y eso no es así', dijo la parlamentaria en radio Cooperativa.
La reunión de ayer entre Blanco, los seremis y los directores del Trabajo se sumó a la intensa agenda que el Ejecutivo ha llevado a cabo durante los últimos días de cara al ingreso de la iniciativa.
El encuentro pasado se realizó el viernes cuando la ministra Blanco y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sostuvieron conversaciones con los partidos de la Nueva Mayoría.
