Nuestro país vive un verdadero tsunami digital, una demanda de las personas y de las diversas organizaciones e instituciones por datos y servicios de telecomunicaciones que crece como la espuma y no se va a detener.

Este hecho debiera llevar a todos los actores, tanto públicos como privados, y la sociedad civil en su conjunto, a pensar en grande, para a lo menos alcanzar el promedio de las naciones más avanzadas en esta materia. Ello implica dar conectividad a todos los chilenos, una herramienta fundamental para democratizar la sociedad y dar igualdad de oportunidades.

A junio de este año, Chile alcanzó el 56% de penetración de accesos a internet por cada 100 habitantes, con 9,9 millones de accesos. De estos, el 75,8% son móviles, principalmente smartphones. La telefonía móvil alcanzó un total de 23,4 millones de aparatos activos y una cobertura del 95% del territorio nacional habitado.

Las personas con acceso a estos servicios han visto facilitada su vida diaria, mejorado su relación con sus familias y seres queridos; su participación en movimientos y causas de todo tipo; y en el ámbito laboral, la movilidad ya es un hecho que seguirá aumentando, al igual que internet de las cosas.

La digitalización de la actividad humana permite mejorar la atención de salud, la educación, la gestión del medio ambiente y de los territorios. En definitiva, mejora la calidad de vida de las personas.

La industria de telecomunicaciones chilena ha venido invirtiendo sobre los US$ 2 mil millones durante los últimos años en la ampliación de la infraestructura, en la capacidad de las redes, en la cobertura territorial, en mejorar el servicio a los clientes y en importar los mejores terminales disponibles en el mercado mundial.

Sin embargo, se requiere mantener este ritmo a largo plazo y hacer un esfuerzo aún mayor. Esto ha motivado a la industria a proponer una alianza público-privada cuya meta es igualar en los próximos 10 años (2024) la inversión que se ha realizado en los últimos 25 años, a objeto de alcanzar el promedio de los países Ocde. Estamos hablado de que la industria podría invertir US$ 22 mil millones en una década, situando a las telecomunicaciones como uno de los sectores productivos más importantes del país.

En el mismo sentido, corresponde valorar la decisión del Consejo de Ministros del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) y, en particular, el empuje de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para iniciar los procesos de licitación que permitan implementar otras 350 zonas de acceso público gratuito a internet en nueve regiones, y en la elaboración del estudio para construir una carretera de fibra óptica entre Puerto Montt y Punta Arenas.

La decisión de inversión se basa en tres pilares fundamentales, y sobre la base de ellos se puede hacer una serie de derivaciones que permitirán la concreción de inversión en un país. Los gobiernos tienen la responsabilidad y deben principalmente abordar adecuadamente estos pilares fundamentales, y dar señales que sobre ellos hay control y preocupación del Estado.

Las derivaciones estarán de cargo de las empresas e instituciones vinculadas a cada actividad económica, a través de las cuales se fomentara y activara la inversión. Por más esfuerzos que realice un país que no tenga garantizado los tres pilares fundamentales difícilmente concretara inversión de largo plazo con un nivel de riesgo aceptable.

El primer pilar fundamental corresponde a la estabilidad social, a través de la cual el país debe garantizar el debido resguardo de las condiciones fundamentales que permitan una calidad de vida equitativa para la población, en aspectos de salud, educación, medioambiente, seguridad, igualdad ante la justicia y en general calidad de vida acorde con los estándares internacionales de respeto de los derechos de las personas. De este modo la institucionalidad del país dará garantías de que los proyectos podrán ser ejecutados si cuentan con las aprobaciones correspondientes y que éstas serán respetadas por la ciudadanía, cuando se obtengan a través del proceso establecido por la autoridad que las otorga. Ningún inversionista realizara proyectos de inversión donde no se garantice estas condiciones, ya que ello conlleva un alto riesgo de fracaso o postergaciones indefinidas.

El segundo pilar será la estabilidad económica. Este factor se orienta a mostrar un país con reglas claras y de largo plazo para la inversión, en aspectos tributarios, laborales y de institucionalidad. La estabilidad económica garantiza el acceso al capital, al recurso humano calificado, a proveedores de clase mundial y a las condiciones financieras que permitan el retorno de la inversión a valores competitivos a nivel internacional. La estabilidad económica también deberá garantizar que las condiciones laborales son las adecuadas, que los trabajadores reciben una justa remuneración y que el retorno para el Estado por la vía de impuestos será el adecuado a los estándares apropiados a cada sector.

Por ultimo será también importante para el inversionista la estabilidad política del país reflejada en la credibilidad y el respeto que la ciudadanía tiene de las instituciones del Estado. El Gobierno en primer lugar, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la Republica, deberán en su conjunto garantizar la trasparecía y la permanencia del estado de derecho en el país, así como el respeto de las normas de convivencia nacional.

Chile cumple ampliamente con estos tres pilares fundamentales, lo cual ha sido reconocido y apreciado por la comunidad internacional. Ello se ha construido a través de los años con mucho esfuerzo y sacrificio colocando a nuestro país en un lugar destacado en la comunidad latinoamericana.

El crecimiento del país está, íntimamente, relacionado al desarrollo de la infraestructura. Qué duda cabe, sin ella, adecuada en calidad y tamaño, no es posible alcanzar los niveles de desarrollo a los cuales aspiramos. Se hace imperativo, entonces, que la inversión alcance a la de países desarrollados, cuyos niveles de ingreso superan a los de nuestro territorio.

Las naciones de la Ocde invierten en infraestructura cerca del 3.5% del PIB, situación que en Chile no ocurre. El Estado, por sí solo, no puede alcanzar esos niveles de inversión. Esto obliga a que se deban buscar otros mecanismos para financiar y obtener los recursos necesarios para lograr esa meta.

El mecanismo de concesiones es tremendamente eficiente para obtener recursos y permite aliviar al Estado de esa carga y liberar fondos para destinarlos a otras áreas del quehacer estatal, donde no sea factible usar ese sistema.

Las ventajas comparativas de este mecanismo son considerables. Por ejemplo: se pueden concretar proyectos más grandes, los recursos son casi ilimitados en los inversores privados, menores costos de inversión de las obras y menores plazos de ejecución. Asimismo, las concesiones se pueden aplicar a una gran gama de áreas de la infraestructura, entre ellas obras viales, hospitalarias, educacionales, aeroportuarias, institucionales y portuarias, entre otras. Esto brinda un enorme potencial para impulsar el objetivo del anhelado desarrollo que queremos como país.

Una de las áreas que presenta un déficit notable y que, por lo tanto, requiere una fuerte inversión es la hospitalaria. El Gobierno se ha impuesto una meta que pretende desarrollar 61 proyectos de hospitales, de los cuales 20 se construirán, 21 quedarán en construcción y otros 21 se licitarán en los siguientes cuatro años. Todos, financiados con fondos sectoriales, en la agenda mencionada no se contempla la licitación de ningún proyecto mediante concesiones.

La CChC ha elaborado un estudio en el que se concluye que los proyectos de hospitales concesionados tienen ventajas sobre los desarrollados con fondos sectoriales. Se demuestra que la infraestructura hospitalaria concesionada es más barata en un 13% y se construye en plazos más cortos (12% menos).

Como gremio, debemos explorar todas las posibilidades que la Ley de Concesiones nos entrega y, por su parte, el Estado debe disponer de procedimientos más expeditos para que los proyectos puedan materializarse en plazos razonables, acordes a las necesidades del territorio.

Hay que recordar que todas estas obras quedan a beneficio del Estado, es decir de todos los chilenos, pudiendo relicitarse, actualizarse y seguir prestando servicio para lo que fueron creadas.