Recientemente se informó sobre el caso de unos reos que se escaparon porque un funcionario extravió las llaves de las esposas. También se difundió ampliamente la situación de detectives de la PDI que fueron encerrados por encapuchados para recibir un ataque con bombas Molotov. También han sido frecuentes los estallidos de cajeros automáticos y las denuncias de que reos operan desde las cárceles realizando mediante llamadas desde celulares, diversas estafas, e incluso dirigiendo a las bandas.

No cabe duda que la delincuencia es cada vez más sofisticada y que va utilizando metodologías más osadas, que ya no sorprenden a la ciudadanía. El mismo hecho de que BancoEstado haya comenzado a instalar cajeros automáticos dentro de los recintos de comisarías de Carabineros es, pese a las explicaciones que se den, un reconocimiento de que ya no es posible garantizar la inviolabilidad de esos aparatos.

Lamentablemente, durante los últimos meses hay indicios de que el combate a la delincuencia se hace más difícil y que el sistema investigativo logra pocos avances. Basta recordar el asalto a un camión blindado en el aeropuerto de la capital o los atentados explosivos. Es comprensible que -por ejemplo- la ciudadanía se pregunte cómo es posible que en La Araucanía y en parte de la provincia de Arauco ocurran tantos atentados incendiarios, incluso en predios con resguardo policial, que se vulnere el Estado de derecho, y los resultados de las investigaciones sean ínfimos.

Se han alzado voces para expresar preocupación porque en algunos casos se realicen detenciones ciudadanas o la creación de autodefensas, tomando la justicia en sus manos, como se ha visto en otros países. Hace unos días se conoció el caso de la detención de un joven tras cometer un robo y su posterior exhibición -desnudo y envuelto en papel plástico- en pleno centro de Santiago. La sensación que tiene la comunidad es que la policía está atada de manos, que a través de los años se le han restado atribuciones y que más bien se piensa en los derechos de los delincuentes que de las víctimas.

Las autoridades deben entender que la organización delictual es cada vez más sofisticada, se aprovecha de los vacíos o las debilidades de la legislación y de que las sanciones -como en el caso de robos de cajeros- son mínimas, lo que es un incentivo para el delito.

Que la política está secuestrada por las encuestas, parece ser una realidad cada vez más evidente. Los sondeos de opinión se han convertido en las hojas de rutas que guían el actuar de los políticos en la toma de decisiones, donde se asume que la 'calle' es la que habla, y por lo tanto, hay que hacerle caso, sea o no verdad, sea bueno o malo, se esté o no convencido del tema.

Conscientes de la influencia que ejercen las encuestas -aspecto nada de nuevo, claro está-, ciertos grupos de interés -poderes fácticos les llaman algunos- no han trepidado en crear entidades que, recubiertas de una pseudo seriedad, elaboran encuestas de nulo rigor metodológico, cuyo objetivo es crear un determinado escenario para provocar cambios según sean los intereses que se busquen alcanzar.

De esta manera, si el objetivo es sacar de su puesto a alguna autoridad por quien sabe qué intereses, ¿qué mejor manera de hacerlo que a través de una encuesta que directa o indirectamente cuestione las capacidades de aquel funcionario? O si se desea posicionar un tema en particular, el camino a seguir es la elaboración de un sondeo que mañosamente busque apoyar esa iniciativa. En ambos casos, la probabilidad de que las muestras sean escasamente representativas en su composición y selección, y las preguntas sean inducidas y hechas en un contexto forzado, son altísimas.

Pero nada de esto importa. Lo relevante es el dato duro, ese porcentaje que posiciona o que condena.

Y en esto los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad que no pueden eludir, ya que su función no se limita solo a difundir como meros parlantes los resultados de una encuesta (como penosamente muchos lo hacen hoy en día), sino a evaluarla en su totalidad. En este sentido, el análisis debe partir conociendo quiénes están detrás de estos sondeos o quiénes son sus promotores o financistas, seguido por una evaluación seria de los aspectos metodológicos y del contexto en el que fueron elaboradas las preguntas.

No hacerlo, es convertirse en cómplice de estos grupos que buscan manipular a la opinión pública en favor de sus particulares intereses.

Lamentablemente una herramienta tan valiosa para la toma de decisiones, como lo es la encuesta, ha sido desvirtuada. Poco se puede creer ahora en ellas, salvo para quienes sus resultados les resultan convenientes.

Los medios de comunicación tienen tienen mucho que decir al respecto. Más que objetividad, es preciso que el tratamiento informativo que hacen de las encuestas sea abordado con honestidad profesional, donde más allá de los resultados (las cifras siempre tendrán múltiples lecturas), se sincere aquel trasfondo oculto que actualmente rodea a las encuestas.