"Si pensamos que con este reajuste muchos funcionarios van a ganar $2.500, no se condice con que los parlamentarios, ministros o subsecretarios vayan a ganar sobre los $300 mil o $500 mil".

Con estas palabras, la diputada PPD del distrito 42, Loreto Carvajal, sintetiza las razones por las cuales apoyó y formó parte de la indicación al proyecto de Ley Presupuesto que establecía que, excepcionalmente, el 6% de incremento aprobado para los funcionarios públicos, no debía ser aplicado a los cargos más altos del país. Sobre todo, considerando la molestia que generó entre los funcionarios públicos esta cifra, inferior a lo que estaban demandando.

La idea fue presentada a la Cámara por un grupo de diputados encabezados por Giorgio Jackson, Camila Vallejo y la propia Carvajal, y discutida el martes en sala, donde finalmente fue rechazada. De la Región, además de Carvajal, sólo Roberto Poblete (independiente), del distrito 47 y Cristián Campos (PPD), del distrito 43, se sumaron a este grupo.

Esto, debido a que la mesa directiva presentó una moción de inadmisibilidad, basada en aspectos legales. Hubo 54 votos a favor de declarar la idea inadmisible, 33 en contra y 7 abstenciones.

Los que sí

"En este debate hay que ser serio. La indicación es inadmisible, porque todo lo que diga relación con gastos es iniciativa exclusiva de la Presidenta. Es inoficiosa esa discusión. Si queremos hablar en serio, tenemos que pedir que ella presente en el Senado una propuesta y que asigne una escala. Yo estoy de acuerdo con un reajuste escalonado".

Esa fue la explicación que entregó Jorge Sabag, representante DC del distrito 42 y que se inclinó a favor de no aplicar el 6% de reajuste a los altos cargos.

Mencionó que "la Presidenta podría ingresar una indicación para hacer el reajuste escalonado. Eso se le ha pedido y no se ha hecho". Añadió que todos los años pasa lo mismo con el sector público y que su bancada rechazó el guarismo 6%, porque pedían un 6,5% de aumento.

Para el UDI Iván Norambuena, la respuesta estaba clara: "Es inconstitucional. Se votó la admisibilidad y eso es inconstitucional y nos ajustamos a lo que corresponde. Lo demás son proposiciones populistas". Esta idea fue compartido por su compañero de partido, Enrique van Rysselberghe.

Además, recalcó que lo que se estaba viendo era el reajuste de todo el sector público, no sólo los altos cargos, que incluye a diputados, senadores, ministros, subsecretarios y la Presidenta.

El radical José Pérez Arriagada, al igual que sus otros colegas, estimó que la propuesta era inadmisible. "No tenemos ninguna facultad para aumentar el ajuste o rebajarlo. Este es un acuerdo al que llega el Ejecutivo con la CUT y se fija un porcentaje. Eso no es posible mejorarlo, como querían algunos diputados y tampoco bajarlo, porque no procede desde el punto de vista constitucional", detalló.

No obstante, sí se mostró proclive de que se establezca un sistema escalonado para aplicar este reajuste, "para emparejar la cancha y terminar con esas diferencias. Debería ser así", sentenció.

Los que no

Loreto Carvajal, PPD por el distrito 42, abogó por la discordancia que hay en que funcionarios públicos que ganan el salario mínimo tengan el mismo porcentaje de reajuste que quienes ganan sueldos superiores a los cuatro millones.

"Creo que es una situación que debemos mejorar, lo hablamos con el Ejecutivo, tenemos que elaborar un protocolo para que en el futuro se estipule claramente y se exima justamente de estos reajustes a los funcionarios que ganan más de 4 millones de pesos", planteó la legisladora.

El independiente pro PS, ROberto Poblete, expresó que el debate que le compete al pueblo socialista es, justamente, el de analizar las desigualdades salariales.

"Siempre estamos discutiendo sobre el sueldo mínimo, sobre que debiera haber un reajuste escalonado en el sector público y me imagino que si lo tomamos nosotros también será tema para el sector privado", manifestó.

Además, recordó que "una de las propuestas que ha hecho nuestra Presidenta es preocuparnos de la desigualdad y una de las mejores maneras de partir es preocuparnos de esto, de obviar las tremendas diferencias que hay entre los que ganan más y los que ganan menos".

Cristián Campos, quien también se mostró a favor de no aplicar el reajuste a los altos cargos, opinó que este era el momento preciso para enviar una señal. "En materia de reajuste del sector público tenemos enormes falencias en quienes están a honorarios, a contrata, en las plantas y en ingresos. No podemos estar reajustando para todos por igual", aseguró.

Campos comparte la fórmula de una aplicación escalonada: "Creo que los parlamentarios, los ministros y los subsecretarios, con los ingresos que tienen, no es necesario seguir reajustando en un incremento que es sustantivamente mayor a un grado 18 ó 20 de la administración pública".