Los testimonios de alrededor de 20 efectivos policiales, relacionados con las declaraciones de los 14 testigos protegidos a los que renunció el Ministerio Público -tras rechazar dar a conocer su identidad, como ordenaron sucesivos fallos judiciales- fueron excluidos de las pruebas por el magistrado del Juzgado de Garantía de Cañete en la audiencia de preparación del juicio oral contra Emilio Berkhoff.

El joven, vinculado con la causa mapuche, está imputado por los delitos de robo con intimidación, incendio, porte de arma de fuego y municiones.

La decisión adoptada por juez John Landero, que también deja fuera a otros testigos y peritajes, se sustentó en que permitir esos antecedentes en el juicio oral contra Emilio Berkhoff vulnerarían el debido proceso.

Ante esta situación, el fiscal Álvaro Hermosilla, declaró que lo más probable es que apelen, en instancias superiores a la determinación, porque no comparten los argumentos que esgrimió el magistrado. El plazo para ello es de cinco días.

"Se hicieron exclusiones temáticas que ya están zanjada por la jurisprudencia, también algunas que descansan en garantías constitucionales que en nuestro concepto son improcedentes", sostuvo el fiscal.

Un número importante de las pruebas no se consideraron porque a entender del juez, no estaban en la carpeta investigativa.

Hermosilla no quiso especular si la situación era un nuevo revés para el Ministerio Público o si debilitaba su postura, ya que a su entender, aún restan procesos para saber si efectivamente estas pruebas no podrán ser incorporadas.

DEFENSA

Respecto a la exclusión de las pruebas, el abogado defensor, Jaime Pacheco, dijo que el juez tomó en consideración los argumentos que planteó la defensa y que tenían relación con que el Ministerio Público no podía incorporar en forma indirecta los testimonios de los testigos protegidos a través del relato de los funcionarios policiales.

Pacheco sostuvo que esta situación reafirma la postura que ha tenido desde un principio: "Este es un caso que se sustentaba únicamente en testigos secretos. Hoy no sólo no tienen a éstos, por propia decisión del Ministerio Público, sino que tampoco tienen como medios de prueba a los funcionarios, que están vedados de referirse de lo que dijeron esos testigos".

Tras este proceso el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete tiene un plazo de 60 días corridos para fijar el juicio del joven por los hechos ocurridos entre 2012 y 2013. Por todos ellos la fiscalía solicita para el ex estudiante de antropología una pena de 30 años.

La mañana de ayer el tránsito por la rotonda General Bonilla en Concepción quedó completamente cortado, luego que un grupo de ex tripulantes industriales pesqueros instalaran barricadas en el sector, impidiendo la normal circulación de vehículos en este vital punto de conexión de la capital del Bío Bío.

El presidente del Sindicato Nacional de Ex Trabajadores de la Industria Pesquera, Agustín Cartes, mencionó que su principal demanda son las pensiones comprometidas por los gobiernos y que aún no harían efectivas. Estos beneficios datan del año 2001 y fueron repactados en 2007.

A eso agregó la problemática de la reconversión y la ley de pesca, temáticas actuales y tratadas durante la administración anterior.

Se estima que a nivel nacional, son 750 las personas afectadas, de las cuales 550 son de la Región del Bío Bío.

Sistemáticamente

Todo eso ha llevado a que la agrupación, de manera sostenida en los últimos meses, estén realizando manifestaciones de este tipo. Al menos, desde 2012 hay registro de acciones similares, donde los ex trabajadores salen a la calle y cortan el tránsito en puntos estratégicos del ingreso a Concepción.

Anteriormente estos trabajadores ya habían protestado en este punto, manifestación que se suma a la realizada en la Autopista del Itata, donde incluso debió intervenir el intendente, Rodrigo Díaz.

Fuerzas especiales de Carabineros llegaron hasta la rotonda Bonilla para normalizar el tránsito.