Se esperaba que ayer hubiese llegado hasta el despacho de la ministra el informe con el último peritaje realizado por el Servicio Médico Legal (SML) al cuerpo de Jorge Matute Johns. Pero, eso no ocurrió. Así al menos lo dejó en claro la propia jueza Carola Rivas, quien mencionó que este documento marcará la pauta de lo que seguirá en la investigación de la desaparición y muerte del joven universitario, ocurrida en 1999.

'Todo va a ser clave en el minuto que me llegue el informe del Médico Legal, ojalá con la causa de muerte, para poder darle un cierre a todas estas diligencias que he estado haciendo estos últimos meses. También esperando que esa causa de muerte diga relación con la hipótesis que he fabricado en base a la lectura de los antecedentes que tengo y las diligencias que he realizado en estos meses', expresó la jueza, quien tiene dedicación exclusiva de la causa.

Añadió que, no obstante, de contar con antecedentes de esas características esto no implicaría dictar sentencia inmediatamente: 'Tendría que volver a enfrentar a ciertos protagonistas de esta causa con una eventual causa de muerte, quienes puedan relacionarse'.

Carola Rivas, sin entregar detalles al respecto, dijo una vez más que en base a lo que ha leído en los expedientes, más las diligencias que ha efectuado en los tres meses y medio que lleva a cargo del caso, ya tiene una hipótesis respecto a lo que ocurrió con el estudiante de la UdeC.

En esa línea es que ayer tomó declaración a Marta Martínez, hermana del cabo Marco Martínez, quien apareció muerto en una unidad de Carabineros en Coronel el 4 de julio de 2000. Existe la teoría que este hecho estaría relacionado con una red de protección, conocida como Cartel del Carbón, y que estaría asociada al tráfico de drogas en altas esferas.

Según la teoría planteada en su momento por el mayor (r) Andrés Ovalle, existiría una relación directa entre este grupo y la muerte del universitario, quien desapareció de la discoteca La Cucaracha.

'Es una importante diligencia, porque viene a esclarecer un punto que distintos personajes lo han involucrado con la investigación que estoy realizando', mencionó al respecto la ministra.

Eso sí, dejó en claro que la causa que ella lleva adelante es la de la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns. 'Estoy en una etapa en que debo determinar si hay vinculación entre la muerte del cabo Martínez y esta supuesta red de protección de narcotráfico, de manera tal que si de estas diligencias no logro encontrar esa vinculación se acabó para mí aquella vía investigativa', dijo tajante.

A Rivas, en cuatro ocasiones, se le ha otorgado exclusividad para ver la causa. Afirmó que sus gestiones apuntan a llegar a algún resultado lo más pronto posible, sobre todo considerando que este jueves se cumplen 15 años de la desaparición de Matute.

Dijo que ya solicitó a las policías y al SML agilizar las pericias, a fin de acotar las líneas investigativas y, en base a eso, definir si corresponde volver a citar a algún testigo para consultar sobre nuevos hechos.

Rivas es la cuarta jueza a cargo de este caso. Lo asumió el 28 de julio luego que el ministro Jaime

Aldana tiene bajo su

Un protocolo de acuerdo que permitirá tener disponibilidad de agua del Lago Laja, tanto para los agricultores que se suministran de ésta como para la generación de energía, es en lo que está trabajando el MOP y otras organizaciones de la Región.

En una presentación efectuada ayer por la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas se le dio a conocer a las 30 organizaciones que se suministran del Lago Laja, los alcances del convenio que se firmará en los próximos días con Endesa, quien se surte del Lago para sus hidroeléctricas.

Este acuerdo consistiría en extraer bajo el concepto de volumen, es decir, extraer del Lago 900 metros cúbicos de agua, de los cuales 314 serán destinados a riego y 586 a la generación de energía. Asimismo, se le informó a los agricultores que se les asegurarán dos temporadas de agua, situación que antiguamente se veía cada año.

Los diversos representantes de los canalistas mostraron su conformidad con el acuerdo alcanzado, no obstante, aseguraran que se debe seguir trabajando para que exista una mayor equidad en la distribución del agua.

Felipe Treno, representante de la Asociación de Canalista del Canal Zañartu, comentó que 'es la primera vez que se involucran de una forma tan seria y profesional en este tema que es muy sensible'.

En tanto, Claudio Quilodrán, de Agrocanal Laja Diguillín, dijo que el acaudo va por buen camino. Lo importante es lograr un abastecimiento y por lo tanto, uno se va más tranquilo al tener dos períodos asegurados'.

Hace más de 2 semanas el ministro Carlos Aldana, sustanciador de más de 30 casos de Derechos Humanos, se encuentra con dedicación exclusiva, luego que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de estas causas, Sergio Muñoz , le concediera esta calidad en vista de la intención del mismo Aldana de acabar las indagaciones de aquí a diciembre, a pocos meses de que en 2015 tenga que asumir la presidencia de la Corte penquista.

En esta línea es que el mismo Aldana cuenta que los expedientes comienzan a tomar cada vez más fuerza y con ello configuran los elementos necesarios para cerrar los respectivos sumarios y así dar paso a las acusaciones y sentencias.

La próxima semana se estaría concretando la primera sentencia contra Arturo Calderón Passalacqua, capitán de fragata (r) de la Armada, quien fue procesado como autor del homicidio de Óscar Arros Yáñez (28), en 1975.

Según la indagación, que contó con una serie de diligencias -que incluyó una reconstitución de escena-, Calderón, junto a personal naval, trasladaba desde el Estadio El Morro de Talcahuano hasta Lota a un grupo de detenidos políticos, entre los que se encontraba Arros, el estudiante de la UTE y militante del MIR.

Fue en el ingreso a la comuna lotina donde arriba de la camioneta que realizaba el trasbordo, el oficial disparó con una ametralladora contra el universitario.

Junto con ello es que dentro de los próximos 30 días el ministro en visita también dictará, presumiblemente, otros dos fallos.

Uno consiste en el caso del asesinato a un menor de 15 años, identificado como Rubén Zabala Barra. La investigación judicial acreditó la participación del carabinero (r ) Carlos Flores, oficial que durante una protesta contra la dictadura militar en 1983 disparó un tarro de gas lacrimógeno, el que impactó por la espalda al menor. El elemento quedó alojado al interior de su cuerpo.

El ministro Aldana relató que la situación de este menor marca un punto especial, dado que 'era un muchacho de la calle que ayudaba a la gente que vendía pescado. Él (Zabala) no tiene a nadie (familia), esto solamente ha sido investigado por el tribunal'.

El otro fallo que podría dictarse en las próximas semanas es el de los delitos de secuestro calificado de Zenón Sáez Fuentes y Hernán Quilagaiza Oxa, donde el oficial (r) de Carabineros, Sergio Arévalo Cid figura como autor.

Tras ser detenidos en Coronel en medio de un operativo que contempló a Carabineros y militares, éstos pasaron por distintos inmuebles en la zona de carbón, donde también fueron víctimas de torturas. Fue en la actual primera comisaría penquista donde se perdieron sus rastros en 1973.

Otra causa que podría traer novedades dentro del corto plazo es el de Hugo Candia. El joven militante del MIR y dirigente sindical de Sigdo Kopper, murió en el Fuerte Borgoño de la Infantería de Marina de la Base Naval de Talcahuano. Esto, como consignara este medio en la edición del 30 de agosto de este año, 'de acuerdo a la indagación judicial, se estableció sobre la muerte de Candia que Julio Alarcón ordenó al soldado conscripto Patricio Salamanca Marín que lo acompañara a una 'misión'. Fue ahí donde sacaron de la celda en la que estaba detenido a Hugo Candia, a quien lo llevaron a una cancha de práctica de tiro, lugar donde finalmente 'de improviso, sin provocación alguna, Alarcón sacó su pistola Colt 45 y disparó en el lado izquierdo de la cabeza del detenido, provocándole la muerte en forma instantánea. Acto seguido y aún con la pistola en la mano, se dirige hacia el soldado Salamanca, a quien le advierte que ante cualquier pregunta debe aclarar que el detenido intentó arrebatarle su arma (a Salamanca) y que él -Alarcón-, se vio en la obligación de disparar al detenido'.

Para Nelson González, abogado querellante y quien representa a la familia Candia, la situación de este y otros casos tienen en ocasiones un punto en común que trata de los procesamientos a uniformados de bajo rango, donde a su juicio, 'se deberían buscar atenuantes dado a que ellos también eran víctimas. Ellos debían seguir órdenes de altos oficiales, sí o sí, pues de relevarse ellos mismos iban a sufrir las consecuencias. Yo he conversado con Salamanca y él incluso a ayudado a esclarecer antecedentes, es una persona que luego de su servicio militar lo ha pasado muy mal con todo lo que le tocó hacer y ver en esa época'.

Desde el jueves que el jefe nacional de la Brigada de Homicidios de la PDI, Sergio Claramunt, está en la zona para realizar una serie de diligencias encargadas por el magistrado en el marco del caso 'Laja-Yumbel', donde 19 trabajadores de la Cmpc de Laja y Ferrocarriles fueron asesinados por uniformados a comienzos de la dictadura. Aquí ya existe una docena de autos de procesamientos.

Con todo lo anterior, Aldana, sin dar más detalles, anunció que existe otro caso más que podría terminar en fallo en los próximos días.

'Hay secreto de investigación', resumió el ministro, quien ya ha dictado fallos en otras causas, como 'Quebrada Honda' de Tomé, donde terminaron condenados los marinos Bernardo del Rosario Daza Navarro y Juan Heraldo Maldonado Sanhueza.

Finalmente, el ministro en visita contó que en su última visita a la cárcel de Punta Peuco, hace unas semanas atrás, entrevistó a la cúpula del 'Ancla 2' de la Armada, donde además 'notifiqué de la ampliación de autos de procesamiento a Álvaro Corvalán, por los asesinatos registrados en Valdivia en el marco de la operación Alfa-Carbón'.

Otra de las nuevas noticias en materia fue la confirmación del cierre del sumario del emblemático caso de José Randolph. El ministro Aldana detalló que la última diligencia trató de un interrogatorio a un ex funcionario de Carabineros durante la jornada del miércoles en la misma Corte de Apelaciones.