Hace una semana se reunieron en Santiago dirigentes regionales de discapacitados con la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas. El objetivo era evaluar y conversar los avances que se han generado en torno a esta materia, sin embargo, no habría mayores avances.

Al menos eso explicaron dirigentes regionales que, tras reunirse con la ministra, anunciaron que están evaluando las acciones a tomar ante el incumplimiento del acuerdo que habían conversado con el comando de la Presidenta Michelle Bachelet durante la campaña.

Ellos iban con la esperanza de que prontamente se concretara el proyecto de ley que establezca el Ministerio de la Discapacidad, parte de las demandas que expusieron en agosto de 2013.

"Nosotros hicimos público el apoyo a un programa de la Presidenta y ese programa estipulaba que se retomaría el tema de la subsecretaría. Y, nos encontramos con que en 2015 posiblemente entraría al congreso para la discusión", contó Leonidas Peña, presidente del club de lisiados Vado Pedregoso de Curanilahue.

Y agregó que "nosotros votamos por este proyecto y muchos se colgaron de la Presidenta para la foto y ahora tenemos mayoría en las dos Cámaras y ella dice que no está 100% segura de que el proyecto vaya a salir".

En lo concreto

Según un estudio realizado en 2004, en la Región hay 385 mil personas con discapacidad, es decir, el 15,1% de la población.

Sin embargo, ellos se sienten excluidos y afirman que no piden caridad, sino ser considerados parte de esta sociedad, como sujetos de deberes y derechos.

"El tema del asistencialismo, el paternalismo, es lo que uno sigue viendo. Creemos que esto es un vicio, si yo me coloco 20 minutos afuera de la Iglesia viene una viejita y me da una moneda, porque tenemos una mirada diferente", declaró Víctor Gonelli, director de Defensa a la discapacidad y presidente de la asociación Paraolímpica Talcahuano.

Desilusionados se muestran a un año de la huelga que realizaron en la Catedral de Concepción, donde autoridades acudieron a brindar su apoyo. Hoy, dicen, el escenario es distinto: "Nosotros le dijimos a varios parlamentarios de la zona que cuando se estuviera discutiendo el presupuesto regional, nosotros fuéramos incluidos para tener una conversación con ellos. Los llamamos y nunca nos atendieron, algunos nos dijeron 'sí, vamos a ir', pero no pasó nada", mencionó Leonidas Peña.

Descontento

"Hay un descontento porque el apoyo de la señora Sandra Narváez (directora regional de Senadis) ha sido nulo. Nosotros teníamos acuerdos con el gobierno anterior y ella trató de echarlos para atrás. Incluso, una vez nos comparó con personas con consumo problemático de drogas. Nosotros siempre dábamos el ejemplo de que en Senadis deberían contratar personas con discapacidad y ella dijo 'en Senda, que trabaja con personas con consumo problemático de drogas, ¿contratan drogadictos?'. Ese tipo de respuestas no nos sirven, menos de una directora regional", comentó Rodrigo Bastías.

Respecto a las movilizaciones que anuncian, declaró que "no se hará algo como la otra vez, una huelga de hambre, pero sí será algo igual de potente".

En tanto, Olga Balboa, presidenta de la Asociación comunal de discapacitados Concepción, contó que "seguimos siendo invisibles, somos las víctimas sociales de este gobierno y de un Estado que no ha sido capaz de poder solucionar el problema de la dignidad de las personas con discapacidad".

Y agregó que "yo soy parte de este consejo regional de la sociedad civil de Senadis, y que lamentablemente quisimos apoyar y estar ahí, pero nos encontramos con las manos atadas porque no tenemos ninguna injerencia, nuestra labor es solamente consultiva. Yo espero que no pase lo mismo con la comisión asesora presidencial de la cual fui nominada. Espero que realmente seamos tomados en cuenta".

Desde las 10.30 hasta las 13.30 horas está programada la discusión y votación respecto al presupuesto para la educación superior. Una discusión que se lleva a cabo en la cuarta subcomisión mixta de presupuesto, encargada de la partida número 9 de la ley, sobre educación; y que se dejó como uno de los últimos puntos a tratar, por las diferencias que causó su distribución en la propuesta del erario nacional 2015.

Esto se da porque, a diferencia de otros años, los recursos asignados a las casas de estudio superior presentan diferencias entre las miembros del Consejo de Rectores, Cruch, que pertenecen al Estado, y el resto de instituciones que, siendo parte del mismo grupo de escuelas tradicionales, tienen carácter privado.

En detalle, los recursos asignados para educación superior en esta nueva ley ascienden a US$2.377 millones, es decir, cerca de un billón 400 mil millones de pesos. De estos montos, un total de $34 mil millones serán entregados a las universidades estatales del país (Universidad de Chile y las universidades regionales). Este aporte se realiza a través de un convenio marco, el que se divide en $23 mil millones de fondos espejo y $10 mil millones en reasignaciones.

En tanto, las universidades tradicionales, pero privadas, recibirán aportes basales por desempeño por una suma cercana a $15 mil millones, más una asignación de fortalecimiento de $3 mil 200 millones, llegando a, aproximadamente, $18 mil millones de pesos. A esto se suman nuevos ítems: una asignación especial para internacionalizar dos universidades elegidas de entre el grupo de casas de estudio tradicionales del país, la Pontificia Universidad Católica, PUC, y la Universidad de Chile. La suma para esto equivale a$2.470 millones.

Parlamentarios de oposición rechazan esta propuesta y plantearon que no la votarán a favor bajo estas condiciones, pues perjudicaría a las universidades tradicionales emplazadas en regiones. De hecho, casas de estudio como la Universidad de Concepción y Federico Santa María se verían afectadas. En tanto, quienes representan al gobierno, sostuvieron que se trata de un mecanismo que busca potenciar las casas de estudio estatales, hoy con una importante baja en su matrícula. Además, anunciaron que hoy el Ejecutivo presentaría una nueva propuesta de recursos para subsanar las diferencias.