En su nuevo periodo de dedicación exclusiva en el caso de Jorge Matute Johns, la ministra en visita, Carola Rivas, reunió una serie de documentos que se encontraban bajo custodia al interior de un container, en dependencias del tribunal de Talcahuano.

En este sentido es que la alta magistrada, que desde el martes cuenta con 15 días para dedicarse sólo a este caso, llenó cuatro cajas de cartón con peritajes, informes y otros elementos de prueba, incluso de carácter audiovisual.

Para Rivas, la obtención de estos antecedentes es de suma importancia, en vista de una serie de diligencias decretadas y otras que se estarían ordenando en el corto plazo. Hoy podría ser el día en que el Servicio Médico Legal entregue a la ministra en visita el informe total sobre el meta-análisis forense a los restos de Jorge Matute.

"Nuestra impresión, en primera instancia, es que estamos contentos ante lo que resolvieron los ministros". Esta es parte de las primeras reacciones de Luciano Pérez, quien preside el consejo Bío Bío del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), en medio de la disputa por la titularidad de la dirigencia que hace meses lo enfrenta con Pedro Arrey, a quien la directiva representada por Pérez le quitó su calidad de director regional.

Por su lado, Arrey insiste en su continuación en el cargo, dado a presuntas irregularidades en las últimas elecciones de la ONG.

En esta línea es que ambas partes emprendieron una serie de acciones judiciales y administrativas en los tribunales de justicia, el Tribunal Electoral (TC) e incluso una investigación interna del Ministerio de Justicia.

Dentro de estos puntos es que la Corte de Apelaciones de Concepción ahora resolvió rechazar un recurso de protección presentado por Arrey contra el directorio en curso, representado por José Yáñez Valenzuela.

En síntesis, lo que resuelve el tribunal es que el recurso de protección no tiene competencia, entendiendo los demás actos ya citados ante el TC y la cartera de Justicia "y en sede civil por un juicio de rendición de cuentas iniciado por la recurrida. En efecto, esta polémica, a raíz de las actuaciones de ambas entidades y sobre sus respectivas facultades y atribuciones estatutarias, ya están discutidas en diversas instancias (...)", agrega el fallo, junto con tipificar que hay un requerimiento de ambas partes en investigar una presunta apropiación indebida, cuestión que está en conocimiento de Fiscalía.

Ante aquello es que las reacciones de Luciano Pérez son de conformidad, apuntando que los argumentos sostenidos por su directorio en este último tiempo, tanto ante las instituciones del Estado como en los medios de prensa, han sido los correctos.

Una arista que Pérez es claro en reconocer es que, independiente de las visiones de ambos bandos en medio de este conflicto y las resoluciones de los tribunales, todo esto en su conjunto ha repercutido en el daño de Codeff ante la opinión pública.

Como contundente en todas sus partes calificó el abogado representante de Marina del Sol S.A, Mario Rojas, al fallo de la Corte de Apelaciones penquista, donde el tribunal de alzada rechazó el recurso de protección de la empresa Boldt-Peralada, de fecha 24 de julio de este año, donde la marca cuestionaba la votación de los Cores (1 de julio) por la diferencia de puntos asignados a los tres proyectos presentados para el casino en Chillán.

Tanto Boldt como Dreams en esa oportunidad tuvieron cero puntos. Alegaron que todos debían obtener la misma puntuación, pues estaban emplazados en el mismo lugar. Y, según la normativa, el Consejo Regional sólo puede pronunciarse sobre la ubicación de los proyectos y no sobre las propuestas en sí.

"El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción es claro, tanto en su forma como en su fondo", expresó también Rojas.

Es que de acuerdo a la resolución unánime de la Tercera Sala, la acción judicial de Boldt estuvo mal planteada, pues debió estar dirigida al Consejo Regional, que tomó la decisión, y no al intendente, en su calidad de presidente del órgano colegiado. "El recurrido (Gore) esgrimió que la acción constitucional intentada incurre en defecto de falta de legitimación pasiva, porque no ha ejecutado conducta ilegal o arbitraria alguna, atendido que el acuerdo que se denuncia en el recurso fue adoptado por el Consejo Regional, habiéndose limitado el señor Intendente a emitir oficios conductores a la Superintendencia", consta en la resolución.

Cabe señalar que Boldt anunció que impugnarán el fallo de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia.