La relación entre política y dinero es tan antigua como la relación entre religión y política, por ello llama la atención y hasta cierta ingenuidad de la población al conocer el aporte que realizan los empresarios al mundo político. Sin duda aquello, no se enmarca en una actividad filantrópica del mundo empresarial; por el contrario, tal como lo señaló un destacado hombre de negocios de nuestro país, el dinero se entrega a aquellos políticos que mejor representan los intereses del mundo empresarial o la visión que estos tienen del país.

En vista de aquello y como un buen ejercicio de práctica política de los electores pero sobre todo como ciudadanos de este país y especialmente de la Región del Bío Bío, sería interesante y necesario que los parlamentarios de nuestra zona, en un acto de transparencia económica y honestidad política nos digan quién o quiénes financian sus campañas parlamentarias. Más aún, cuando días atrás un periódico de circulación nacional dio cuenta de un listado de empresas (alguna con vínculos en la zona) que han realizado aportes a campañas políticas.

Así como algunos parlamentarios de nuestra zona se caracterizan mediáticamente por levantar las banderas de la fiscalización y transparencia e interpelan constantemente al gobierno o determinadas autoridades, los ciudadanos de la región debemos avanzar en practicar el mismo ejercicio democrático; es decir, interpelar, preguntar y someter a crítica pública el actuar de quienes más o menos, bien o mal nos "representan" en el Congreso.

Por ello, una cosa es elaborar listas, dar nombres y en lo posible conocer quiénes son las personas, grupos o empresas que financian campañas políticas, pero más importante aun sería preguntarse las razones por las cuales se realizan esos millonarios aportes. Está claro que no es por filantropía; por lo tanto, ¿son para acceder a beneficios tributarios o lo que se persigue es a través del dinero intervenir (persuadir) en las decisiones que toman los políticos? (redes de poder). Resultaría extraño escuchar o ver a un hombre de negocios meterse la mano al bolsillo para financiar la campaña de un parlamentarios que luego patrocinará un proyecto de ley o votará uno que atente contra los intereses de quien lo financió y que gracias a ese financiamiento dicho candidato pudo tener mayor cobertura, propaganda, equipos de trabajo, por lo tanto, mayores opciones de llegar al Congreso.

No está demás conocer quién o quiénes están detrás, financiando a nuestros parlamentarios que tienen la importante tarea y responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos de la Región del Bío Bío.

Al momento de realizar una exportación desde Chile, las mercancías quedan exentas de algún tipo de impuesto o derecho arancelario. Asimismo, existen algunos beneficios, tanto para quienes exportan servicios y productos los que incentivan estas actividades; por ejemplo, distintas líneas de apoyo, tales como créditos o subsidios.

Vender productos nacionales más allá de nuestra frontera es una decisión estratégica cada vez más necesaria para las empresas. Así lo avalan las cifras del Informe Mensual de Comercio Exterior del Servicio Nacional de Aduanas (enero-julio 2014), que totalizaron envíos por US$38.914.

Sin embargo, el escenario no se trata sólo de beneficios, pues las exportaciones implican también riesgos en las operaciones de comercio exterior y estar enterado de las normas de origen que establece un determinado país para un determinado producto. En el fondo, hay un sinfín de información y riesgos a tener en cuenta.

Los seguros de créditos, al tener un carácter económico, cumplen la función de disminuir dichos riesgos. En particular, las pymes pueden enfrentar dificultades relacionadas con la distancia y el desconocimiento sobre la estructura económica, política y social del país de destino, como también con la situación financiera del cliente, es decir, comportamientos de pago y cumplimiento de compromisos acordados.

Considerando que esto desencadena incertidumbre, se pueden ver perjudicados muchos negocios, ya que no existe garantía en el cobro de las operaciones comerciales, incluso con clientes de largo tiempo, entorpeciendo las relaciones comerciales, debido a que la capacidad de otorgar crédito es "un voto de confianza" al cliente y es un riesgo que asume en su totalidad la empresa. Además, debido a su volumen, las pymes tienen menor poder de negociación al exigir garantías reales -tales como una carta de crédito- para el cierre de un acuerdo, lo cual muchas veces las limita en oportunidades de ventas.

Es necesario proteger al empresario, proporcionándole un servicio de prevención y selección de riesgos, puesto que una compañía de seguro de crédito debe constituir un partner fundamental, que comparta no sólo el riesgo sino que también le otorgue la posibilidad de abrir nuevos mercados.

Entre los años 2005 y 2009 se duplicó el gasto en licencias médicas en Chile sin existir una razón médica, epidemiológica, legal u otra que explicara esta alza, por ese motivo, a inicios de 2009 se detectó la urgente necesidad de analizar y abordar este tema. Desde entonces, se considera que al menos el 30% de las licencias del sistema de salud son emitidas de manera fraudulenta lo que en pérdidas equivale a US$ 300 millones al año.

Es en esa fecha cuando nació Inmune, orientados a informar a la población sobre el daño que el mal uso o abuso de las licencias médicas generan al sistema de salud y a las personas realmente enfermas, pero también sobre el riesgo que corren las personas al pedir una licencia fraudulenta, ya que se está cometiendo un delito. Tal como señala la ley de Isapre y que es complementada con la promulgación de la ley 20.585, en donde se tipifica que tanto el médico como la persona que solicita una licencia fraudulenta arriesgan hasta 3 años de cárcel y multas por sobre los 2 millones de pesos. Entre un 30 y un 40% de la población desconoce que existen normas como la 20.585 que sanciona a ambos por igual, paciente y médico, según datos de una encuesta de opinión realizada por Inmune el presente año.

Las licencias médicas son un derecho a reposo para recuperar la salud. Es por ello que combatir el mal uso de este beneficio, por parte de una minoría de médicos, afiliados y/o administrativos, creemos que es una prioridad social. Esto, con el fin de apoyar al sistema de salud público y privado, previniendo y actuando contra este tipo de fraude. Sin embargo, también es importante saber que el rechazo de las licencias médicas no solo está relacionado con la sospecha de un fraude en el trámite, sino que también existen causas médicas de rechazo y causas jurídico-administrativas que podrían generar la reducción o rechazo de una licencia médica. En este sentido, la ley faculta únicamente a la Compin en el sector público o a la Isapre en el sector privado para rechazar una licencia médica. En el caso privado, si una Isapre rechaza o modifica una licencia médica, el trabajador tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Compin correspondiente al domicilio fijado en el Contrato de Salud, en un plazo de 15 días desde la recepción del pronunciamiento de la Isapre.

La legislación contempla ampliamente la protección del cotizante y le ofrece alternativas si siente que su derecho a reposo como persona enferma no se está teniendo en cuenta. Si el trabajador no está conforme con lo resuelto por la Compin en primera instancia o está afiliado a Fonasa, puede presentar un recurso de reposición para una reconsideración del caso, ante la Compin, Subcomisión, o Unidad de Licencias Médicas que le corresponde al Servicio de Salud según el domicilio del trabajador. Si nuevamente no queda conforme con lo que dicte la Compin,puede presentar una apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, ente técnico superior en esta materia.