Un total de 234 detenidos fue el saldo de un servicio masivo de prevención estratégica que realizó la PDI, procedimiento que la institución calificó como exitoso. Los detectives capturaron a personas con órdenes de aprehensión pendiente y por delitos flagrantes. Además lograron la incautación de 69 gramos de diversas drogas y 132 plantas de cannabis sativa.

En el operativo participaron 226 detectives, quienes durante 18 horas y en 72 vehículos, llevaron a cabo el denominado servicio Acción Policial Focalizado.

El Jefe de la VIII Región Policial del Bío Bío, prefecto inspector Oliver Oyanedel Soto, planteó que "la PDI optimiza sus recursos tanto humanos como materiales para dar respuestas certeras a la demanda de seguridad de la ciudadanía".

Añadió que el servicio se enfocó en la búsqueda de sujetos prófugos de la justicia, que en su mayoría mantenían órdenes de detención pendientes por diversos delitos y fueron puestos a disposición de la justicia.

La corte de apelaciones de Valdivia dio a conocer ayer su decisión respecto a la apelación presentada por el diputado RN, Rosauro Martínez, para evitar que se siga el procesamiento en su contra por un caso de Derechos Humanos.

Específicamente, se revisa su responsabilidad directa en la muerte de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eugenio Monsalve Sandoval, integrantes del MIR y que murieron en el contexto de la Operación Machete, realizada en Neltume, que lideró Martínez el año 1981 en su calidad de capitán del Ejército.

Magdalena Garcés, abogada querellante, se mostró contenta con la decisión de la segunda sala del tribunal de alzada, compuesta por las ministras Loreto Coddou Braga, María Soledad Piñeiro y Gloria Hidalgo Álvarez. Sobretodo porque junto con esta decisión, las ministras aceptaron citar a declarar en la causa al ex ministro de Augusto Pinochet, Sergio Fernández, en calidad de testigo, tal como se había solicitado con antelación. Eso sí, se desconoce la fecha en la que sería citado.

Hay que recordar que la defensa de Martínez, encabezada por el abogado Darío Silva, argumentó durante los alegatos de la apelación que el actual diputado (quien fue desaforado para poder participar de este proceso) actuó en legítima defensa, en el contexto de un enfrentamiento con el grupo de miristas y que, por tanto, no habría delito en la muerte de estas tres personas.

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