El año pasado se incorporaron 11 nuevas patologías al Plan Auge, logrando totalizar 80 enfermedades, de las cuales ninguna está relacionada con genética prenatal.

Ciertamente esto muestra un estancamiento en la cobertura a enfermedades genéticas que afectan a los fetos en gestación.

En Chile, más de 12 mil mujeres sobre los 40 años se embarazan cada año, lo que se traduce en que 1 de cada 90 puede tener un embarazo donde el feto presente problemas genéticos como Síndrome de Down o Síndrome de Patau.

En nuestro país hay una enorme inequidad que se debe corregir, pues las mujeres con los suficientes recursos pueden realizarse -en clínicas privadas- un estudio genético no invasivo de última generación seguro para el feto, mientras que aquellas que no pueden pagarlo, deben poner en riesgo al feto a través de una punción invasiva.

Una pronta detección de estas patologías es de gran ayuda para que los padres puedan preparase. Por lo mismo, es imperante que el Ministerio de Salud apoye la inclusión del código de modalidad de libre elección solicitado por Fonasa "Secuenciación automatizada de fragmentos de genes asociados a enfermedades", presente en el 2° Nomenclador de Prestaciones de Salud 2011, elaborado por el Colegio Médico y respaldado por sociedades médicas de especialistas en medicina materno fetal.

Este código permitirá realizar estudios de screening prenatal no invasivo (examen Panorama) a población de alto riesgo obstétrico que hoy no cuenta con otra opción más que los métodos invasivos, profundizando aún más la inequidad social existente en Chile.

Con esta nueva alternativa médica, se beneficiarán alrededor de 12 mil 500 pacientes anualmente, rebajando los costos del sistema de salud en su conjunto.

Después del triste espectáculo mostrado por nuestros "honorables", el futuro es aún más triste, no para los profesores y familias de profesores que hemos emprendido la noble tarea de educar y con ello, de aportar significativamente al desarrollo de nuestro país -es importante recordar que Chile es el segundo país de la Ocde que más ha mejorado sus índices educacionales en estos últimos diez años- sino que, para los miles de apoderados que han confiado sus hijos en estos educadores.

Este gobierno con un enfoque trasnochado y sesgado ideológicamente pretende forzar el cierre de los Colegios Particulares Subvencionados, imponiendo normas que la mayoría de los establecimientos no podrán cumplir.

En efecto, es absurdo pretender que un sostenedor tenga que transformar su personalidad jurídica en una entidad de beneficencia, y más aún que el edificio del colegio patrimonio familiar y personal -que en el 80% de los casos es lo único que tienen- sea traspasado a esta entidad benéfica, recuperando solamente 1,7 veces el valor de avalúo fiscal. ¿Estarán este ministro o sus asesores disponibles a desprenderse de su casa a este valor?

Por otra parte, hay algunas autoridades que señalan que andamos haciendo la campaña del terror de un sector político y además ponen en duda nuestra vocación de educadores. Nosotros les decimos enfáticamente que la demostración de vocación infinita la damos todos los días educando a niños vulnerables en sectores periféricos de las ciudades donde el Estado por décadas no ha construido nada, y además su miopía no les deja ver que el mundo particular subvencionado es transversal a todos los sectores políticos.

Sólo nos interesa que las políticas públicas se orienten a generar un sistema basado en la calidad de los procesos educativos, de manera de aportar al desarrollo de nuestro Chile. Pero paradójicamente, no hay ninguna palabra de esto en esta reforma.

Hubiese sido más fácil y responsable comenzar por una reforma orientada a mejorar la calidad de los colegios municipales, a pagar la deuda histórica de los profesores y a establecer mayores incentivos para los docentes que trabajan en situaciones de vulnerabilidad.

Con ello, la supuesta migración al sector "público" habría sido natural y no con estas tensiones que demuestran la enorme desconfianza de este gobierno en el sector privado.

La regionalización, incluye la planificación territorial de la región la que tiene como misión, la ordenación del territorio, que estará sustentada en un análisis técnico, un acuerdo de las organizaciones ciudadanas y un compromiso político. Lo anterior incluye organizar la ocupación racional del suelo y la biosfera más cercana al hombre en un contexto de armonía y bien común, de tal modo de alcanzar un desarrollo humano sostenible.

Por ello este debate e iniciativas que están en proceso en nuestra región, deben incorporar la dimensión técnica, la participación ciudadana y el compromiso serio de los actores políticos, lo que constituye en sí mismo un enorme desafío.

La importancia que la planificación tiene en el accionar del gobierno y la trascendencia que adquiere en la carta de navegación durante estos 15 años como se ha proyectado, debe sustentarse en el concepto de desarrollo humano sostenible, por tanto se trata de satisfacer "las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

El modelo de desarrollo humano sostenible se sustenta en tres pilares: lo social, lo ecológico y lo económico, de tal forma que el eje social incluye a la educación, salud, cultura etc., el ecológico incluye aspectos de conservación de la naturaleza, calidad del agua, suelo y del aire etc. y en lo económico se distinguen los tres sectores de la economía: primario, secundario y terciario.

Ahora esta planificación con un profundo sentido regional, regionalización, no surge de la entelequia intelectual sino de la realidad dura y pesimista que arrojan los resultados a nivel de las altas tasas de desempleo que tiene esta zona, de la emigración permanente de nuestros profesionales, de la caída de la producción regional sobre todo a nivel del sector industrial.

Esta regionalización cuenta con dos grandes activos, la capacidad de trabajo y creadora de nuestra población, que está condicionada por el conocimiento y las competencias en distintos ámbitos de las relaciones humanas y productivas y por otra parte, el espacio físico y sus recursos ambientales, que son limitados, es lo que hay y es con lo que contamos como región y que con nuestra inteligencia podemos maximizar sus beneficios y a la vez minimizar el costo ambiental, lo que obliga a un uso físico del territorio, también sostenible.

La gran capacidad transformadora y generadora de valor presente y futuro está en nosotros, y aquí las instituciones públicas regionales y comunales, en estrecha vinculación con las universidades y los organismos de ciencia y tecnología y la ciudadanía, deberán armonizar sus esfuerzos y coordinar sus acciones para generar las personas competentes y necesarias para impulsar el proceso de ordenamiento del territorio, lo que exige pasar del paradigma de la pertenencia al grupo de poder al del mérito laboral, que incluye la competencia especifica dada por la profesión o el oficio.