Acusados por bombas molotov quedan con medidas cautelares
Un plazo de investigación de dos meses decretó el Juzgado de Garantía penquista para investigar a 8 imputados por la Fiscalía, por los delitos de desórdenes públicos; y por porte y tenencia de elementos incendiarios. Seis de ellos quedaron con arresto nocturno domiciliario.
Esto, a propósito de la investigación penal que el Ministerio Público comenzó en octubre de 2013, tras una denuncia hecha por la PDI, la que desde 2012 estudiaba por medio de personal de inteligencia y luego por efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe), la constante presencia de determinadas personas en distintos hechos de violencia durante manifestaciones públicas registradas en el centro penquista.
Fue así que el 26 de septiembre, en la audiencia de formalización correspondiente, la Fiscalía presentó los cargos ya consignados, ante lo que la Defensoría Penal Pública comentó al tribunal que el delito de desórdenes públicos no estaba contemplado en la solicitud de formalización, por lo que la magistrada estimó suspender la audiencia hasta la jornada de ayer, donde el ente persecutor presentó pruebas y se alegaron las medidas cautelares.
TÉRMINO DE AUDIENCIA
De esta manera, ayer a las 9 de la mañana, 7 de los ocho imputados (los cargos ya se habían alcanzado a ver el mismo 26 de septiembre) llegaron a la primera sala del Juzgado de Garantía de Concepción. No fue hasta 40 minutos después que uno de ellos llegó a la audiencia, momento en que el fiscal Carlos Palma ya exhibía ciertos elementos de prueba ante la jueza Erika Pezoa.
En esta línea es que el persecutor presentó material de carácter fotográfico, audiovisual y escuchas telefónicas correspondientes al momento previo y al desarrollo de las 4 fechas diferentes que contempla la indagatoria penal (11 de abril de 2013, 8 de mayo de 2013, 17 octubre de 2013 y 23 abril de 2014).
En los elementos de prueba, la Fiscalía dio a conocer conversaciones de algunos de los imputados, recogidas por la PDI en intersecciones telefónicas, cuestión que Palma complementó con imágenes para respaldar la idea de que los diálogos antes escuchados respondían a la planificación de los involucrados en la compra de materiales, porte y uso de bombas molotov, junto con cortes de calle por medio de barricadas.
Uno de los puntos que más llamó la atención en la exposición fue el episodio en que se aprecia a un imputado siendo alcanzado por el fuego de un neumático encendido. El fiscal relató que, tras pericias de la PDI, se llegó hasta un Cesfam de Concepción, donde se constató la asistencia a esta persona y donde el paramédico que lo atendió había comentado que las quemaduras no correspondían al volcamiento de una parrilla con carbón, como el herido habría dicho, sino a un elemento combustible.
Además, en un llamado telefónico se entendería que parte de los imputados habrían preguntado por la gravedad de las heridas una vez que se enteraron de lo ocurrido.
Tras la audiencia, el defensor penal público, Álvaro Araya, aseveró que las pruebas vistas en la sala carecieron de contundencia. "No existen antecedentes para acreditar los delitos", insistió, a lo que el abogado Adolfo Montiel, representante de uno de los imputados, respondió que "el gobierno (querellante) y el Ministerio Público entendieron que la investigación no ameritaba una cautelar tan drástica como la prisión preventiva (a propósito de que era la primera idea de Fiscalía)".
Un séptimo imputado terminó con firma semanal en la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción y el único menor de edad (16) quedó sin cautelares, luego que el tribunal no acogió la petición de Fiscalía para él, que proponía firma mensual.