Más de un centenar de estudiantes de las carreras de la salud de la Universidad de Concepción (UdeC) se manifestaron ayer en contra del rechazo de la Cámara de Diputados -por falta de quórum- al proyecto de ley que otorgaba la exclusividad universitaria a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.

Las críticas de los centros de estudiantes de las carreras afectadas se centra en el actuar de los legisladores, ya que no todos participaron en la votación y porque muchos votaron desinformados.

"El equipo multidisciplinarlo en salud está muy fuerte actualmente y por lo tanto la preparación que se les dé debe ser de calidad y por lo tanto, que los legisladores no sepan eso es crítico y sobre todo que no asistan a votar tema de relevancia", sostuvo la presidenta del Centro de Alumnos de la Kinesiología, Evelyn Gavilán.

En tanto, Marcos Jaramillo, secretario de comunicaciones de la carrera de Tecnología Médica, declaró que "los legisladores le dieron la espalda a los estudiantes y trabajadores de la salud por la lucha de la exclusividad.

Pese a que Medicina sí es una carrera de exclusividad universitaria, también participaron de la manifestación en apoyo a las demás carreras. El presidente del Centro de Alumnos, Simón Manríquez, ratificó lo manifestado por la dirigenta de Kinesiología, en donde se deja claro que se necesitan equipos de salud de calidad, aspecto que sí se entregaría en las universidades y no en los institutos.

Uno de los puntos que los estudiantes ponen como ejemplo es que el trabajo de investigación que se realiza en las universidades, en el área de postgrados, es para el área de salud esencialmente. "No podemos pensar que haya alumnos estudiando con planes donde esto no se incluya", recalcó Gavilán.

La manifestación de las 7 carreras de la UdeC se desarrolló ayer con un paro de sus actividades durante todo el día, no obstante, no descartaron seguir manteniéndola como medida de presión para que la Presidenta realice un veto al rechazo del proyecto de ley.

COLEGIO DE TECNóLOGOS

"Le estamos solicitando a la Presidenta la incorporación de un proyecto de ley nuevo con urgencia presidencial. Lo otro es invocar el artículo 72 de la Constitución, que dice que cuando una ley es aprobada por la comisión mixta y por el Senado, tienes la posibilidad de reevaluar la votación (de la Cámara de Diputados)", declaró. Este último punto podría llevar a que la votación se repita.

La dirigenta sostuvo que la no aprobación del proyecto se debió al fuerte lobby que hicieron los institutos profesionales, ya que a partir del sistema actual, estos planteles educacionales pueden lucrar.

Tanto Rosales como los presidentes de los centros de alumnos de la UdeC aclararon que no están en contra de los estudiantes o profesionales de los institutos, sino contra un sistema educacional que no está regulado.

Alas 12 horas de hoy, la puerta del despacho de la ministra en visita del Caso Matute, Carola Rivas, se abrirá para recibir a María Teresa Johns, la madre del joven universitario visto por última vez con vida la madrugada del 20 de noviembre de 1999, mientras participaba de una fiesta electrónica en la desaparecida discoteque "La Cucaracha" de Talcahuano.

Este será el primer encuentro entre ambas, oportunidad en que Johns anunció que dará las gracias a Rivas por "la dedicación que ha tenido en el caso de mi hijo, sé que ella es mamá y además las mujeres siempre tenemos más fuerza cuando algo tiene que ver con un hijo".

PEDIRÁN DILIGENCIAS

Pero, con ello, María Teresa Johns hará peticiones de suma importancia y que podrían marcar un punto importante en la indagatoria judicial sobre la desaparición y muerte de su hijo de 23 años.

Fuentes de tribunales anunciaron que María Teresa Johns pedirá a Carola Rivas que se investigue la arista entregada por el ex cura Andrés San Martín, quien en su declaración ante el entonces ministro en visita, Jaime Solís, comentó que tiempo después de lo ocurrido con "Coke" viajó al Vaticano a pedir las dispensas correspondientes, ante la muerte de una persona identificada como Mario Quiroz Neira, quien apareció muerta el 14 de abril del año 2000 sobre su auto en la playa Ramuntcho. Esa persona tendría antecedentes de suma importancia y aquello había estado en conocimiento de San Martín por medio de secreto de confesión.

Por ello es que para la parte querellante es de importancia pedir diligencias al respecto, que pasan por aclarar si es que realmente Neira Quiroz entregó información al ex religioso y ver también si es que tiene alguna relación o parentesco con personas involucradas en la causa.

A propósito de la publicidad del sumario, donde también ahora se conocen las declaraciones del ex comisario Héctor Arenas, quien fue entrevistado tanto por Solís como por Rivas durante este año, es que fuentes de este diario comentaron que Johns también pedirá a Carola Rivas indagar el capítulo del jeep negro placa patente TC-6548. Pues, en una oportunidad, María Teresa recibió un llamado anónimo contando que vio cómo en ese auto subían el cuerpo de quien podría ser su hijo.

La PDI establece que el vehículo es de propiedad de la empresa "Abaco Ingenieros Consultores", perteneciente a Óscar Araos Guzman, padre de Óscar Araos Díaz, quien fue procesado y absuelto por obstrucción a la justicia.

Ante esto, es que también los abogados de la familia pedirán a la magistrada determinar la propiedad de ese jeep, con una respectiva incautación y peritaje.

ABOGADO Y LLAMADO

María Teresa se encuentra desde anoche en Concepción, luego de aterrizar en el aeropuerto Carriel Sur a eso de las 18.45 horas. Una vez en tierra, una de las primeras cosas que pregunta es "¿todavía está la piedra que puse con el nombre de "Coke" afuera de "La Cucaracha"? Ante la respuesta negativa es que la mujer suma: "Entonces, me quejaré por eso y pediré que alguien se haga cargo".

En la conversación, entrega algunos detalles sobre lo que hoy expondrá ante la ministra en visita, partiendo por la incorporación del abogado David Vargas como nuevo representante de la familia, junto a Fernando Saenger, en la causa.

"Creo que es necesario, porque si alguien tiene algo que hacer, el otro abogado puede estar ahí estudiando y al mismo tiempo siempre es bueno el trabajo en conjunto para crear nuevas ideas… Es un abogado que lo conocemos hace tiempo y sabemos de su buena carrera profesional y docente. Él llegará mañana (hoy) también a presentarse ante la ministra", explicó.

Junto con ello es que si bien no quiso dar el nombre preciso, María Teresa Johns por el momento contó que una vez terminada la cita con la ministra en la Corte de Apelaciones penquista, aprovechará la evidente presencia de los medios de comunicación afuera del tribunal para hacer un "llamado" a una persona determinada.

"Voy a llamar a un padre de familia que no es de Concepción. Ha pasado harto tiempo, pero ojalá que donde esté venga a hablar con la ministra, pues esa persona puede aportar mucho".

-Bien… Yo haré un llamado, con eso queda claro.

-Sí.

-Le pediría al señor Ovalle que si él dice que hay personas en servicio activo dentro de Carabineros y que tienen relación en el caso de mi hijo, que dé los nombres. Uno cuando dice algo tiene que ser responsable… Eso es lo que no se ha hecho.

-No me voy a referir a él. No le voy a decir ni contestar nada porque él me ha tratado muy mal.

El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC ) escuchó por una hora y 30 minutos los alegatos finales del proceso que inició el 23 de octubre de 2013, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a 26 médicos ginecólogos -unidos en la Asociación Gremial de Ginecólogos de Ñuble- por celebrar y ejecutar, presuntamente, un acuerdo para fijar un alza de precios mínimos de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad en la provincia.

La investigación realizada por la FNE determinó que a fines de 2011, los especialistas decidieron finiquitar en forma simultánea los convenios individuales que tenían con las isapres que estaban operando en Ñuble, ya que no se llegó a un acuerdo del alza de los aranceles.

Esta decisión se adoptó en la asamblea de la asociación gremial y llevó posteriormente a que se aumentaran los valores de las prestaciones. La situación afectó a pacientes de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos.

PRUEBAS PRESENTADAS

Uno de los puntos donde se sustenta la presumible colusión es que de 29 especialistas ginecólogos obstetras que prestan servicios en Ñuble, 26 pertenecen a la asociación y 25 han implementado el acuerdo. Esto equivale al 90% de la oferta disponible en la zona.

En la presentación de ayer, la FNE también argumentó que el 97% de los usuarios de la provincia prefiere atenderse en su zona de residencia, por lo tanto, al presentar las cartas de renuncia a las isapres y dejar de atender en el sistema de salud privado, según el órgano persecutor se llegó a la situación de "sólo darle una opción a los usuarios: pagar una consulta privada a un costo elevado".

Entre las pruebas presentadas están las cartas de renuncia de los ginecólogos y un correo electrónico donde uno de los profesionales precisa que el valor que se cobra es alto, pero que fue lo que acordó la asociación.

Tras los alegatos desde la FNE comentaron que "las prestaciones de salud merecen una valoración y protección distinta a la de otros bienes de consumo. En este caso, la gravedad del ilícito detectado entre los médicos especialistas de la asociación gremial radica en el tipo de mercado y en las prestaciones afectadas por la conducta: principalmente consultas ambulatorias, además de cesáreas y partos".

Asimismo, a juicio de la Fiscalía, "en el proceso seguido ante el TDLC quedó acreditado que los profesionales requeridos acordaron renunciar masivamente a sus convenios individuales con las isapres, para luego fijar un arancel mínimo por sus distintos servicios, significativamente mayor a los precios imperantes en ausencia de colusión".

Las sanciones solicitadas al Tribunal son: multas a beneficio fiscal que totalizan 870 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos $441 millones en total. Estas corresponden a sanciones de 30 UTA (sobre $15 millones) solicitadas para 24 médicos de manera individual; 50 UTA ($25,5 millones) al doctor Francisco Baldecchi como presidente del organismo y 100 UTA ($50 millones) para la asociación gremial. Además se solicitó la disolución de la entidad gremial.