La reconstrucción de los Pabellones Patrimoniales de Lota y de las 860 casas que resultaron dañadas tras el terremoto del 27/F sigue detenida, luego de la salida de la empresa constructora JPI en abril de este año.

El 25 de septiembre se reunieron dirigentes representativos de Lota con el seremi de Vivienda, Jaime Arévalo. El reclamo de los "lotinos" se centra en las irregularidades por parte de la constructora y de la Egis CAL (Empresa de Gestión Inmobilaria Cáceres- Alarcón) que ha estado a cargo del proyecto, que comenzó en octubre de 2013 y que debía estar terminado en abril de este año.

El término del trabajo, una reconstrucción digna y la petición formal para pedir la salida de la Egis del proyecto fueron los temas que se abordaron en dicha reunión. Mateo Martínez, ex dirigente de Enacar y encargado de la Comisión de Vivienda del Cierre de Minas, manifestó que "la reconstrucción no ha sido reconstrucción. Ha sido un doble daño que se ha hecho, peor que el mismo terremoto".

Se fijó una nueva reunión para esta semana y las autoridades se comprometieron a solucionar el problema cuanto antes.

HISTÓRICO CULTURAL

Lota es una de las ciudades con mayor valor patrimonial, conocido por sus barrios y sus monumentos junto a la historia de la minería y del carbón que sus mismos habitantes son capaces de compartir.

Luego del terremoto hubo una gran destrucción de dichos patrimonios, fundamentalmente de sus pabellones (edificios con corredores por ambos lados), dejando 250 familias damnificadas. Se planteó, por lo tanto, un programa de recuperación que actualmente se encuentra detenido por la mala gestión de la empresa constructora.

"Se atreven a hablar de Lota Patrimonio Cultural. ¿Qué patrimonio? Sacaron la madera nativa de las casas y las reemplazaron por madera de pino. Y para más remate podridas", planteó Martínez.

"Nosotros queremos levantar una serie de investigaciones que nos permitan ir aclarando estos temas: ¿qué pasó con los recursos?, ¿qué pasó con la inspección técnica que se contrató?, ¿qué pasó con la responsabilidad fiscalizadora de las obras? De tal manera para, junto con lo que vamos a emprender, llevar adelante todas las medidas que efectivamente garanticen que el uso de los recursos fiscales está salvaguardado", declaró el seremi de Vivienda, Jaime Arévalo.

RECURSOS INVERTIDOS

El gobierno entregó 260 UF para la reparación de viviendas (200 UF fueron sólo por la antigüedad de éstas). Asimismo, se adicionaron 680 UF para la reconstrucción. Esto equivale a $16 millones por casa para reconstruir y $5.800.000 para reparar. No obstante, la queja de los lotinos es que ni el 40% de dichos montos quedaba para las viviendas. El 60% de los dineros iba a parar a las Egis, quienes se encargaban de gestionar qué constructora trabajaría en el proyecto, los materiales y a organizar a las familias con respecto a la reconstrucción.

El trato era terminar en 6 meses, pero la historia fue otra. Actualmente, las familias afirman que se encuentra habitando casas que se gotean, con tejas reutilizadas, madera podrida, entre otras. Además, los habitantes de las viviendas debían convivir con estas reparaciones, muchos de ellos hacinados.

"Quedan hoy día aproximadamente 32 familias que están disgregadas en los pabellones. Te das cuenta de un trabajo tan ineficiente por parte de la empresa constructora que estuvo a cargo de las obras… hay gente que hoy en día está durmiendo en las cocinas", declaró el seremi Arévalo.

GRAN CLAMOR

"No decimos que el gobierno no haya entregado la plata. El gobierno entregó más de 10 mil millones de dólares y esa plata fue a parar a la mala ejecución de la Egis", declaró Martínez.

El seremi, sin embargo, hizo un llamado a la calma. De los montos destinados a la reconstrucción aún queda capital disponible para continuar con las labores, aunque las reuniones a futuro determinarán el valor preciso. Con esto, en el caso más optimista, una vez que se tenga la o las constructoras listas, se podrían reanudar las labores en dos o tres semanas.

De igual forma, el seremi añadió que "si nosotros no pudiésemos contratar las empresas constructoras hoy día con los recursos que aún tienen las familias, los plazos se desplazan a noviembre de este año con toda la tramitación administrativa que tenemos que hacer para empezar".

La autoridad, de igual forma, se comprometió a levantar una mesa de trabajo.