Penco, Concepción, Talcahuano, Los Ángeles o Chillán, son algunas de las comunas que contarían con los requisitos para integrar el plan piloto que impulsa el gobierno sobre Tenencia Responsable de Mascotas, que debería comenzar a operar en 80 comunas del país durante noviembre.

Ayer, el municipio de Penco dio a conocer su consultorio veterinario, que fue construido con recursos del Gobierno Regional y con el aporte de la comunidad, a través del pago de sus patentes vehiculares. Este es el primero que se construye en la Región para estos fines. Concepción cuenta con un recinto similar denominado Centro de Control Canino y Felino.

En ese contexto, el coordinador nacional del programa de Tenencia Responsable de Mascotas, Ignacio Moncayo, explicó que el plan que desarrollará el gobierno contempla incorporar a 80 comunas este año y tener a todas las del país en 2017. La diferencia en el inicio de este programa, en relación a otros, es que los municipios deben postular para integrar el piloto.

Moncayo comentó que las comunas que tengan ciertos avances, o hayan desarrollado algunas acciones en esta materia, tendrán más opción de ser parte del plan piloto. 'Lo que queremos es complementar los recursos que hoy están gastando los municipios para ampliar la cobertura que pueden tener (…). Queremos ser aliados estratégicos', precisó.

El plan que impulsa el gobierno tiene contemplado esterilizar a más de 60 mil animales este año en la Región. A nivel país, la cifra llega a los 400 mil. Moncayo comentó que la idea final es que la 'esterilización sea una prestación gratuita disponible para la comunidad, sobre todo para los sectores más vulnerables'.

El Programa de Tenencia Responsable de Mascotas contempla 8 acciones incondicionales que debe tomar el dueño de un animal: integración y cariño, lugar protegido y agua fresca, alimento adecuado y a sus horas, paseo en compañía y limpieza de desechos, esterilización, atención veterinaria, atender su salud y no abandonarlo, y es mejor adoptar.

A fines de octubre se sabrá definitivamente qué comunas serán parte del programa piloto.

Respecto a la posibilidad de que Penco sea parte de esta iniciativa de gobierno, su alcalde, Víctor Hugo Figueroa, sostuvo que han sido pioneros en el país en construir una clínica veterinaria municipal. 'Esperamos el 1 de noviembre comenzar con la marcha blanca, que durará hasta el 30 de diciembre, para comenzar con una atención definitiva el 1 de enero', contó la autoridad comunal.

Figueroa declaró que ve como un aspecto positivo la alianza que se podría formar con la Subdere, ya que el organismo le aportaría financiamiento para mejorar los servicios que se van a prestar en la Clínica Veterinaria.

'El modelo está pensado en dos aspectos, por un lado perros callejeros, en donde el objetivo es castrar o esterilizar y además de tratar las enfermedades dermatológicas, tiña, sarna, que son los motivos por lo que son abandonados', contó.

El alcalde sostuvo que se realizará un enrolamiento a las mascotas y con el puntaje de la ficha de protección social le llevará a las personas a pagar un costo mínimo que no superaría el pago de un 10% de lo que cuesta la consulta en una clínica veterinaria privada.

Este 8 de octubre continuará la audiencia de formalización de cargos contra un grupo de jóvenes a quienes la Fiscalía indaga por los delitos de porte, tenencia y fabricación de elementos incendiarios (bomba Molotov, en específico) y desórdenes públicos.

Esto, luego que el Juzgado de Garantía de Concepción decidiera suspender la audiencia de ayer, una vez que la Defensoría Penal Pública alegó que el cargo de desórdenes públicos no fue contemplado en la solicitud de formalización de la parte persecutora, cuestión que para la misma defensa significa un punto de vulneración para sus representados.

'La audiencia se suspende a petición de la defensa porque en la solicitud de formalización realizada por el fiscal no incluye uno de los delitos por lo cuál formaliza y obviamente, nosotros no estábamos preparados para este delito', precisó el defensor penal público, Álvaro Araya.

Además, ayer la intendencia presentó una querella por desórdenes públicos, cuestión que también fue vista por el juez de garantía, dando a lugar y gatillando la misma mirada de alegato por parte de la Defensoría Penal Pública. 'Nosotros desconocíamos la querella antes de asistir a la sala', dijo Araya, aseverando que 'también causa una indefensión a nuestros representados'.

Fue en octubre de 2013 que la Fiscalía inició la investigación penal para dar con los presuntos responsables de los ilícitos consignados.

De acuerdo a lo explicado por el mismo ente persecutor, los elementos de prueba que presentarán al momento del debate de medidas cautelares para los imputados responden a 4 episodios distintos, en el marco de las protestas estudiantiles, frente a la Plaza Perú.

El fiscal Carlos Palma, quien encabeza el caso, contó que 'estuvimos siguiendo las manifestaciones de abril, mayo, octubre de 2013 y abril de este año en las cercanías de la Universidad de Concepción'.

Sin embargo, el seguimiento de personas, que terminó ayer con 7 formalizados (uno tiene 16 años) por los delitos ya citados, tuvo su origen en 2012, cuando personal de inteligencia de la Policía de Investigaciones se percató de la repetición de sujetos en actos de violencia durante manifestaciones públicas.

Tras ello es que el levantamiento de información fue derivado a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI penquista, dando paso al trabajo de más de un año por parte del Ministerio Público.

Junto con los 8 citados ayer al tribunal (uno no asistió finalmente argumentando enfermedad), 'en su momento tres imputados fueron detenidos por personal de Carabineros y pasaron a control de detención por la flagrancia. Estos tres imputados ahora no fueron formalizados porque ya son parte de un proceso penal', agregó Palma.

Fuentes del caso detallaron que las pruebas del ente persecutor y conseguidas por la policía civil, van desde fotografías hasta material audiovisual y escuchas telefónicas.

Consultado por las razones de aplazamiento del debate de las medidas cautelares y la presentación de los elementos probatorios, como lo determinó el tribunal, el fiscal Palma comentó que 'no compartimos esto porque (en la defensa) han tenido el tiempo suficiente: más de un mes desde que se fijó la audiencia, que ellos han tenido las copias de los antecedentes (...). Lo que ellos alegan es que al no decirse expresamente que era por desórdenes públicos, de alguna forma se vulneraría el derecho de defensa, porque no podían estar preparados para eso. No lo compartimos, pero es legítimo que lo planteen y lo vamos a debatir el 8 de octubre cuando argumentemos sobre las cautelares'.

El grupo consta de 4

El trabajo ya se venía haciendo, pero había que sistematizarlo. Por eso, varias autoridades de la Región dieron a conocer ayer el calendario de la oficina móvil de Fonasa que hasta diciembre recorrerá las comunas de la Región.

Marta Werner, directora zonal centro sur de Fonasa, contó que hasta agosto, este servicio se prestaba esporádicamente, a razón de una visita a la semana, en promedio. Pero, a partir de septiembre, se fijaron recorridos más extensos a un total de 28 comunas.

Werner explicó que se definió estos territorios en base a aquellos que no contaban con oficinas fijas de atención. Calcula que un tercio de los usuarios de Fonasa en la Región (el total supera el millón 600 mil) se verá beneficiado con esta iniciativa, es decir, sobre 400 mil personas.

La directora zona de Fonasa dijo que la idea era entregar los mismos servicios que son entregados en las grandes ciudades: 'Más allá de la venta de bonos, son servicios donde la gente necesita saber, por ejemplo, el estado de préstamos que hayan solicitado, si están afiliados o no, si está vigente su afiliación. También la necesidad de incorporar a más cargas, niños que van naciendo, por ejemplo'.

Agregó que los requerimientos se darán en base a la demanda de los mismos alcaldes.

La municipalidad de Florida es una de las beneficiadas. Jorge Roa, su alcalde, planteó que esto resultará muy positivo para la comunidad, la que tiene que trasladarse hasta Concepción para realizar sus trámites o comprar un bono de atención.

Agregó que la noticia es buena por partida doble, ya que se está trabajando la instalación de una oficina permanente de la prestadora de salud en Florida.

mil personas es la