La bomba que explotó en la galería comercial de la Escuela Militar, me permite formular y destacar las siguientes contradicciones e incongruencias de muchos de nuestros políticos, opinólogos, sociólogos y aprendices de juristas. En los últimos tiempos se ha dicho:

Hay que derogar la ley antiterrorista, pues fue promulgada por la dictadura militar (no obstante, que se ha modificado 4 veces en democracia).

Destacados miembros del partido comunista, argumentan que sólo son actos terroristas, aquellos que se cometen por agentes del estado.

Todos los actos que se han visto por la opinión pública cometidos en la Araucanía (quema de maquinarias, camiones, casas, bodegas, ataques sistemáticos a numerosos predios en Ercilla, Collipulli, etc.), no serían actos terroristas sino 'problemas de tipo social o reivindicaciones'.

La justicia penal nueva con su exquisito garantismo y preciosismo, deja libre por falta de prueba a muchas personas que después nuevamente delinquen e incluso a nivel internacional, como es el caso de los terroristas chilenos detenidos en España.

Producto del fantástico centralismo chileno, cuando el terrorismo llega a Santiago llega a 'Chile', esto es, se configura una noticia nacional de impacto mundial. Cuando estos mismos actos matan a los Luchsinger, les queman sus casas, bodegas y la ola de atentados continúa día a día, eso es noticia para los avisos económicos, los periódicos locales y las radios del lugar. Santiago no tiene idea de esto.

Encina, en su Historia de Chile, decía que una de las causas de la anarquía de 1823 a 1830, eran 'las esperanzas cifradas en la constituciones políticas; la crisis de sanción; la falta de respeto a las leyes y la creencia de la eficacia todopoderosa de las leyes o el falso concepto de la ley del chileno'.- Todo tiene que ser arreglado mediante nuevas leyes o reformando las antiguas. Es lo que se quiere hacer ahora con la ley antiterrorista y otras normas legales, desesperados ante la evidencia de los hechos.

Lo que antes se dijo blanco, hoy se dice negro. Se proclamó que no se iba a aplicar más la ley antiterrorista. Hoy se dice lo contrario.

Toda esta cantidad fantástica de argumentaciones absurdas, contradictorias, ambiguas, demuestran una falta de estrategia y táctica, propia de mentes infantiles ideologizadas. Muchas de ellas, víctimas de traumas del pasado y que ahora están manejando la cosa pública de este país.

El uso medicinal de cannabis ha sido reconocido desde la antigüedad. Sus efectos psicotrópicos, la generación de adicción así como los graves efectos psiquiátricos y sistémicos deletéreos a mediano y largo plazo, determinan su condición de sustancia ilegal en la mayoría de los países.

Hay enfermedades crónicas que pueden producir deterioro cognitivo en pacientes, como ocurre en algunos casos de epilepsia, lo que constituye un camino doloroso y difícil para las familias y un desafío para los médicos tratantes. En epilepsia, un tercio de pacientes evolucionan en forma refractaria y para ellos la medicina aún no ha encontrado una terapia adecuada. El conocido caso 'Charlotte', menor de EEUU que usó una formulación con alto índice de canabidiol con efecto positivo en el control de crisis, ha encendido la controversia y es motivo de estudio a nivel mundial.

En nuestro país, se plantean principalmente 3 interrogantes frente a este escenario. La primera es ¿daremos los pasos necesarios para entregar los mejores tratamientos y resguardar la salud pública? La comunidad científica se abre al estudio frente a dichas observaciones y nace la inquietud por investigar, lo que es propio del quehacer científico. El uso de cualquier fármaco o sustancia en pacientes, especialmente en niños, debe considerar los potenciales efectos benéficos y adversos de los compuestos. La aprobación de cualquier medicamento para uso clínico, incluye estrictas etapas de investigación. En el caso del potencial uso de cannabis aún no existen publicaciones que avalen su uso amplio en patologías, incluyendo la epilepsia. Hay ensayos clínicos internacionales en curso para definir qué tipo de pacientes serían los candidatos y cuál sería la formulación y dosis más adecuada a utilizar, ya que ha habido casos sin éxito o incluso intoxicación por automedicación. La cannabis (sativa o índica) tiene múltiples variedades, con más de 400 componentes aislados, de los cuales el THC es reconocido como el causante de los efectos nocivos, versus los canabinoides (CBD) que tendrían efecto anticonvulsivo.

La segunda interrogante es ¿puede mezclarse este interesante debate científico con el uso recreacional de cannabis? No hay que confundir a la comunidad, el uso recreativo es y será un grave riesgo para la salud, especialmente para nuestros niños y adolescentes, que al banalizar los efectos de THC, y atribuirle 'propiedades saludables', perciben menor riesgo en su consumo. Los países que han logrado reducir el consumo en adolescentes, son aquellos con políticas restrictivas, países que han instalado un discurso coherente que desincentiva el consumo de sustancias en toda la población y que dificultan el acceso a las sustancias adictivas. Esto no priva de estudiar subproductos con promisorios efectos benéficos en situaciones médicas particulares, que están actualmente investigándose.

Finalmente, ¿tenemos posibilidad en Chile de hacer investigación con cannabis en niños con epilepsia refractaria? En relación al desarrollo de protocolos de investigación y de la ley de deberes y derechos del paciente desde octubre 2012 se nos impide realizar investigación en pacientes con discapacidad cognitiva que no puedan expresar su libre consentimiento, lo que limita la investigación en muchas condiciones médicas, no solo en epilepsia refractaria.