La Presidenta Michelle Bachelet intervino ayer en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde defendió las reformas de su Gobierno, enfatizó en la necesidad de respetar la estabilidad de las fronteras y condenó el terrorismo internacional.

Tras su participación, la Mandataria realizó un balance de la gira de cuatro días que dearrolló en EE.UU., en la que sostuvo una serie de encuentros con empresarios e inversionistas de ese país.

Bachelet reconoció que durante las reuniones con los inversionistas abordó la preocupación que generaron los atentados explosivos ocurridos en Santiago, aunque aseguró que éstos siguen confiando en la seguridad del país.

Les 'hemos dicho lo que dijimos en Chile: no hay dos discursos distintos. Incluso, algunos no nos han preguntado, nos han comentado. He dicho que en Chile hay actos aislados de terrorismo, pero que no porque sean aislados los estamos tratando de minimizar', sostuvo.

'Al contrario, que lo estamos abordando con decisión, voluntad, a través de un trabajo coordinado de las policías, con el Ministerio Público. Les hemos informado de la detención de tres sospechosos en el último caso y que continuaremos haciendo todo lo necesario', añadió.

En ese sentido, Bachelet subrayó que 'la percepción con que uno queda después de la conversación con todos ellos es que entienden perfectamente el problema y no ven a Chile como un país inseguro del cual quieran retirarse. Por el contrario, van a continuar contribuyendo'.

Esa misma sensación es la que percibió en el tema económico, en el que a su juicio, 'hemos recibido siempre un mensaje clarísimo: confiamos en Chile, creemos que es un país serio, seguro, estable y queremos seguir estando en Chile, trabajando con Chile e invirtiendo en Chile'.

La Presidenta Bachelet precisó también la declaración que realizó durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU sobre la importancia del respeto de las fronteras y la vigencia de los límites, la que aseguró se remitió sólo a un contexto general y no en específico a las diferencias limítrofes con Perú y Bolivia.

El día después de la formalización de los tres imputados por los últimos atentados explosivos registrados en Santiago estuvo marcado por el debate sobre la calidad y validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en la audiencia.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, defendió los recursos probatorios expuestos por la Fiscalía Metropolitana Sur, e hizo frente a las críticas realizadas al argumento de la tarjeta Bip! de los sospechosos.

Respecto de esta última, Chahuán sostuvo en CNN Chile que 'ésta no va por sí sola, ésta es una triangulación de teléfono, determinación de los puntos, un trabajo de cálculos, se ve que entran con bolsos y salen con otros'.

El persecutor también dijo sentirse satisfecho por el trabajo realizado por la Fiscalía y los resultados logrados el martes en la audiencia de formalización, donde el juez René Cerda dictó prisión preventiva para Juan Flores y su pareja Nataly Casanova, y arresto domiciliario nocturno para Guillermo Durán.

'Estoy satisfecho en el sentido del trabajo en equipo y también porque se haya logrado instalar que la Fiscalía, Carabineros y la colaboración de los querellantes han hecho un trabajo afiatado', aseveró, recalcando que ahora se debe 'refrendar ese resultado preliminar en las instancias posteriores del juicio para que estas personas, que en concepto del Ministerio Público son responsables, sean condenados por los delitos que cometieron'.

En la contraparte, la defensora metropolitana sur (s), Ximena Silva, consideró que las pruebas 'no son contundentes', 'ni tienen la característica de ser concluyentes'.

'Esperábamos mejores antecedentes', aseguró la jurista en radio Bío-Bío, añadiendo que si bien se ha investigado, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no establecen de manera indubitable la participación de los jóvenes formalizados.

Silva cuestionó, además, la prueba de las trazas de ADN encontradas en la mochila de uno de los imputados. 'Una cosa es establecer que existe ADN (…) pero otra cosa muy distinta es que ese ADN pruebe que esas personas estuvieron en el lugar, y esa prueba no existe', dijo al respecto.

La defensora también cuestionó la tesis del Ministerio Público respecto de que los detenidos serían parte de una célula terrorista.

'Si a cinco días de detenidos tenemos que una persona no tiene participación alguna, no es de extrañar que al final de la investigación de estos 10 meses entendamos que ninguno ha tenido participación', sostuvo en el citado medio radial.

Ante las comparaciones de este caso con el llamado caso Bombas, el fiscal Chahuán reconoció que en este último hubo faltas que finalmente no permitieron lograr la convicción del tribunal respecto de la culpabilidad de los acusados.

'Una institución debe sacar lecciones de los errores y hubo algunos errores en el denominado caso Bombas', dijo, enfatizando que para evitar obtener un resultado similar 'se ha instruido que labor que se haga por parte de la Fiscalía Sur sea cuidadosa y respetuosa de las garantías, pero lo más enérgica posible'.

'Cabalmente, el equipo investigativo ha actuado en esa línea', reafirmó, en alusión al grupo de fiscales que encabeza el fiscal regional Raúl Guzmán y que integran los fiscales Héctor Barros, Francisco Bravo, Claudio Orellana y Christian Toledo.

El trabajo de las policías y el Ministerio Público en este caso fue respaldado ayer por el vicepresidente Rodrigo Peñailillo.

El jefe de bancada de los senadores DC, Jorge Pizarro, afirmó ayer que 'el país necesita una explicación de la administración' del ex presidente Sebastián Piñera por lo sucedido con el Censo 2012.

Esto luego que la directora nacional (pt) del INE, Ximena Clark, al entregar el martes las principales conclusiones técnicas a las que llegó el organismo después de la auditoría a las bases de datos dadas a conocer durante la medición, expresara que se detectaron problemas de cobertura, estimándose de manera preliminar una omisión del 9,6%.

El senador sostuvo que 'es grave la situación, porque las autoridades del gobierno del presidente Piñera hasta hoy han tratado de justificar la incompetencia y lo mal hecho que fue ese Censo del año 2012, con miles de millones de pesos que se botaron'.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas (Anfine) señaló este miércoles que las 'deficiencias del Censo 2012 obedecen a decisiones políticas adoptadas por las autoridades de turno', eximiendo a los censistas de eventuales responsabilidades.

Indicaron, en el mismo sentido, que 'desconocemos la autoría técnica del informe, pero no dudamos de él: una omisión cercana al 10% supone una deficiencia grave. Pero nuestra directora no puede desconocer que hubo un 90% que se realizó con mucho trabajo y toda una institución movilizada'.