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Chahuán: 'A la Fiscalía no le interesa tener agentes de inteligencia'

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Luego de que el gobierno confirmara que el proyecto que potencia la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) incluye la incorporación de agentes encubiertos, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que al Ministerio Público 'no le interesa' tenerlos.

Respecto de la propuesta de creación de la Unidad de Análisis Criminal contemplada en el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, Sabas Chahuán dijo que 'a la Fiscalía de Chile no va a tener ni le interesa tener agentes de inteligencia'.

El titular del Ministerio Público argumentó que 'lo que hemos pedido dentro del plan de fortalecimiento que se está trabajando son unidades de análisis criminal, y esas unidades consideran analistas, lo que no tiene nada que ver con agentes de inteligencia'.

En relación con la ANI, Chahuán destacó que 'modificar la Ley de Inteligencia es resorte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; nuestra opinión es desde el punto de vista de la legislación común'. Chahuán agregó que el organismo que dirige ha señalado que 'la legislación antiterrorista necesita que haya agentes encubiertos y que haya otras medidas intrusivas equivalentes a lo que existe en la Ley de Drogas o en la Ley de Lavado de Dinero' y que todo lo que vaya en la dirección de modernizar la Agencia Nacional de Inteligencia, 'bienvenido sea'.

Por otra parte, el gobierno liberó $100 millones al Ministerio Público con el fin de que sean usados en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Sur por los bombazos que se han registrado en Santiago.

Los fondos fueron destinados para la contratación por un año de nuevos fiscales exclusivos y de tres abogados, un administrativo y tres profesionales dedicados a dar apoyo a las víctimas y testigos. Sin embargo, los fondos tendrían que ser reajustados, ya que no contemplaban la investigación del atentado ocurrido el lunes antepasado en un centro comercial del Metro de Santiago.

Consultado por el traspaso de recursos, Sabas Chahuán reiteró que los compromisos del gobierno se están cumpliendo de acuerdo a lo planificado.

La Séptima Sala Corte de Apelaciones de Santiago denegó ayer la solicitud de acceso a una serie de correos electrónicos enviados por el ex ministro Rodrigo Hinzpeter; el ex subsecretario Rodrigo Ubilla y el ex fiscal Alejandro Peña, relacionados con la contratación de este último en el Ministerio del Interior.

En un fallo unánime, el tribunal de alzada negó las solicitudes presentadas por los abogados Valentina Horvath y Mauricio Daza para acceder al contenido de las comunicaciones intercambiadas por las otrora autoridades.

En sendas resoluciones, a fines de 2012, el Consejo para la Transparencia rechazó el acceso a las comunicaciones mantenidas por Hinzpeter, Ubilla y Peña, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011; sin embargo, acogió parcialmente la publicidad de las comunicaciones mantenidas por Hinzpeter y Ubilla, en el mismo periodo.

La 'Ley Emilia' eleva penas hasta 10 años contra los conductores ebrios

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La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer una ley que endurece las penas a los conductores ebrios que causen lesiones o muerte a terceros, o se fuguen tras el accidente, a días del inicio de las Fiestas Patrias. El nuevo texto legal establece penas de tres a 10 años de presidio para los responsables y se conoce como la 'Ley Emilia', el nombre de una niña de 9 meses que murió en enero de 2013 en un accidente provocado por un conductor ebrio.

'Queremos que esta ley ayude a demostrar que Chile no tolera irresponsabilidades que tienen consecuencias tan trágicas para otras personas', dijo la Mandataria en una ceremonia en La Moneda.

La Presidenta agradeció a los papás de Emilia Silva -la menor de nueve meses que falleció el 2013 luego que el automóvil en que viajaba fuera impactado por un conductor ebrio-, a las familias de otras víctimas, así como a las agrupaciones que impulsaron la propuesta y a los parlamentarios que aprobaron esta modificación de la Ley de Tránsito.

'Promulgamos esta ley cuando comenzamos la semana de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, porque desde ya debe quedar claro que haremos todo lo posible para evitar nuevas víctimas en el futuro', comentó la Jefa de Estado.

Hasta ahora, el castigo por conducir en estado de ebriedad y provocar un accidente grave era la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de hasta cinco años y, como máximo, la inhabilitación de por vida.

Con la nueva ley, las sanciones, que pueden incluir cárcel efectiva, serán de tres a cinco años de condena, así como la pérdida del vehículo e inhabilidad permanente para conducir. Las penas serán aún más duras -de cinco a 10 años- para aquellos que reincidan, los conductores profesionales en ejercicio de sus funciones o quienes conduzcan con su licencia vencida o inhabilitada.

La Presidenta Bachelet agregó que quienes reciban la sanción más baja deberán cumplir un año de prisión efectiva antes de poder optar a beneficios como la libertad condicional, lo que significa que nadie se librará de pasar por la cárcel.

'Con esto aseguramos que nunca más un conductor que por su irresponsabilidad cause la muerte a otra, quede en la impunidad', sostuvo Bachelet.

La nueva legislación establece además la definición de dos nuevos delitos. Por un lado se sancionará a los conductores profesionales que beban alcohol o que reincidan en este tipo de conducta, y por otro se castigará con dureza a quienes huyan del lugar del accidente o se nieguen a realizarse un control de alcoholemia.

Bachelet aseguró que el consumo de alcohol está presente en al menos el 20% de los accidentes de tránsito en los que hay víctimas fatales.

En 2013 hubo 148 muertos en accidentes de tránsito causados por conductores que manejaban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

La legislación considera que un conductor maneja bajo la influencia del alcohol cuando presenta entre 0,31 y 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Por encima de 0,8 gramos está tipificado como estado de ebriedad, lo que agrava el tiempo de suspensión del permiso de conducir.

El ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, dijo que 'desde ahora en adelante, una vez que esté publicada esta ley -que esperamos sea en los próximos días, antes del 18- cualquier persona que cause estos accidentes va a tener que cumplir al menos un año de cárcel efectiva'.

Se indicó que quienes