En este último 11 de septiembre, en el marco de los 41 años del Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende (PS), hubo dos hechos que marcaron la jornada. La detención y procesamiento del desaforado diputado (RN) Rosauro Martínez, que al otro día quedó libre bajo fianza, por el homicidio de 3 miristas en 1981, y el anunció del gobierno a propósito de dar urgencia al proyecto de ley que anula la Ley de Amnistía.

En el último punto, fue el senador Alejandro Navarro (MAS) quien, junto a Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), y Mariano Ruiz-Esquide (DC), presentó en 2006 un proyecto de ley destinado a anular el Decreto Ley N°2.191 de 1978 (Amnistía) y en el cual hoy el Ejecutivo ha puesto atención.

El documento propone que 'declárese insanablemente nulo por inconstitucional el decreto ley 2.191 de 19 de abril de 1978 (…)', como primer punto junto a que las causas cerradas o sobreseídas deben ser reabiertas en sus respectivas investigaciones judiciales.

Por ello, es que el senador Alejandro Navarro comenta que 'en materia de Ley de Amnistía la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había solicitado a Chile que esa ley fuera anulada por no ser compatible con los distintos tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica'.

'Esta ley es claramente contraria de los derechos fundamentales de las personas, al dejar en la impunidad a aquellos actos de violación a los Derechos Humanos', suma el parlamentario.

-Teníamos presente que era una señal simbólica al anularse la normativa, como también que con los actos que hayan sido cubiertos por esta ley pudiesen reabrirse.

Soy un convencido de que la reconciliación y el fin de la transición en Chile sólo podrá ser en base a la verdad y a la justicia.

Esta Ley de Amnistía es única en el mundo y tiene paralelo en la Alemania nazi o en la España de Franco, es decir: una ley donde el Estado se autoamnistía. De ahí su falta de valor y absoluta inconstitucionalidad.

Hay que entender que con esto se configura que esta Ley de Amnistía nunca existió y con ello todos los casos son revisables, generando condiciones para investigar y buscar la verdad.

-Hay muchas cosas que la Presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo no pudo realizar. Creo que ahora hay madurez suficiente para comenzar a revisar los actos que hemos postergado, después de más de 40 años y después de 6 gobiernos en democracia.

Aparte que esta Ley de Amnistía ya no estaba siendo tomada en cuenta por mucho tiempo por parte de los tribunales, entonces ¿qué sentido tiene seguir con ella? Lo que tiene sentido es derogar una ley que causó mucho dolor y fue parte de una dictadura militar que se negó a investigar casos de violación a los Derechos Humanos.

-Nunca será tarde para encontrar la verdad. Si hay personas ya mayores de edad y existen atenuantes en su condición, entonces que las penas se les apliquen. Lo que queremos es la verdad y quienes sepan los hechos que entreguen los antecedentes.

Quizás pueda tener poco sentido que un tribunal mande a la cárcel a una persona de 80 ó 90 años, pero sí tiene mucho sentido conocer la verdad sobre los hechos, porque eso va traer tranquilidad a familias que siguen clamando verdad y justicia.

LA DERECHA

-Lamentablemente veo señales contrarias. Creo que la derecha va a terminar nuevamente defendiendo a la dictadura militar, intentando quitarle importancia a este proyecto de ley sobre todo en base a algunas declaraciones, como las del diputado Jorge Ulloa, quien dijo que esta Ley de Amnistía ya no se usa, que no vale la pena. Bueno, si es así entonces porque no terminamos por derogarla, es lo que no entiendo, debiéramos coincidir en que la Amnistía sea anulada.

-En Chile hay más de 2 mil detenidos desaparecidos, especialmente del Partido Socialista y el Comunista, y otros de izquierda que existían en 1973. No resulta coherente que no tengamos noticias sobre dónde están por culpa de un pacto de silencio. Carlos Lorca, diputado y secretario general de la Juventud Socialista, único diputado detenido desaparecido, sigue en esa condición y tengo certeza y la convicción de que hay personas en vida que saben qué le pasó y dónde está.

Por lo tanto, un pacto de silencio es un pacto no escrito, que se hace sin tener resguardo notarial, por ello no hay pacto de silencio, sabiendo detalles de la dictadura post al Golpe Militar.

-Hay dos formas de entregar la información. Una es a través de la iglesia Católica o la Evangélica, otra es no seguir cargando en su conciencia el peso de la historia. Cualquiera de las fórmulas va a ser bien recibida.

Creo que ha pasado un tiempo más que suficiente y muchos familiares lo que quieren es saber la verdad, más que tener una sed de venganza. La verdad traerá calma a esos espíritus, por lo tanto el llamado de la Presidenta es totalmente pertinente. Varios de los que tienen información deben meditarlo profundamente, creo que la historia las va a reconocer a aquellas personas que, después de 41 años, sean capaces de poner la verdad, no delante de los tribunales de justicia, sino que frente a los familiares que perdieron a sus seres queridos.

-Esto debió ocurrir el primer día, pero hay que recordar que el artículo 62, inciso segundo de la actual Constitución radica esta facultad en el Senado y en función de los senadores designados, priorizaba esta votación a aquellos que no hubiesen aprobado jamás esta ley. De hecho, luego estuvo (Augusto) Pinochet como senador designado, por lo tanto no había posibilidad de tener mayoría simple para su aprobación.

Hoy hay mayoría de la Nueva Mayoría, incluso creo que sectores de derecha progresista que encabeza la senadora Lily Pérez, de Amplitud, tendrán que coincidir en que ha pasado un tiempo suficiente para conocer la verdad.

En el primer mandato de la Presidenta Bachelet esto no fue posible, no estuvo en la agenda. Creo que así como estuvo en la agenda el cierre del Penal Cordillera del Presidente Sebastián Piñera, el anular esta Ley de Amnistía es un paso más en la reconciliación entre los chilenos y la búsqueda de la verdad.