El Puente Bicentenario, con su acceso norte que no llega a ningún lado y el Puente Viejo, que después del terremoto ha quedado como un vestigio del desastre, podrían ser la mejor metáfora para nuestra crisis de confianza. Dentro del menú de problemas para nuestro desarrollo, esta crisis de confianza, que en algún momento fue un factor lateral, hoy es estructural, y define la escasa viabilidad para innovaciones. En buena hora, el Ministerio de Energía se ha propuesto dar un paso más allá a través de un proceso participativo para impulsar la asociatividad en el sector de generación, la que operaría especialmente sobre nuestro déficit de confianza crónico.

Es interesante que la asociatividad, concepto propuesto antes por los teóricos de la innovación y emprendimiento, tenga un nuevo valor en la cancha del desarrollo energético. Esta asociatividad que busca el Ministerio de Energía es entre el Estado, la comunidad y las empresas generadoras, exactamente donde es más difícil lograrla, pero también donde es más urgente.

Generar confianza entre las partes y un marco institucional para construir en conjunto el desarrollo social, económico y ambiental local es el objetivo. Como principios orientadores se propone la participación y transparencia, entre otros, que por su ausencia explican la creciente conflictividad entre proyectos de energía y comunidades.

La iniciativa es muy valorable, pues se ha nutrido del conocimiento local a través de talleres como el realizado recientemente en Concepción. Allí confluyeron académicos, profesionales sectoriales, representantes de organizaciones sociales, de ONG´s, consultores, sindicatos y gremios que en mesas de trabajo discutieron sobre cómo debieran relacionarse las empresas y la comunidad, cómo generar beneficios compartidos y cómo llegar a estándares participativos para el desarrollo de los proyectos de inversión.

En mi mesa, compartí con dirigentes de sindicatos pesqueros, miembros de ONG´s y un ejecutivo de una empresa generadora. El nivel de consenso que tuvimos respecto de la necesidad de asociatividad contrasta con la dificultad que existe para el diálogo positivo allí donde ya el conflicto se ha declarado. También tuvimos un claro acuerdo respecto de que la desconfianza está limitando las enormes capacidades de innovación que existen en esta virtuosa asociatividad y en su grado máximo, esa desconfianza ha sido suelo fértil para la corrupción a través del dinero.

Existe una manera de convivir entre industria y comunidad que es virtuosa y para nuestra región significaría una clara ventaja para el desarrollo local. Tomar la iniciativa en esto es clave para nuestro futuro y no hacerlo es dejarle espacio a quienes han visto en estos conflictos un negocio redondo. Estos son los puentes cortados que también nos debieran avergonzar.

Resulta evidente que el 11 de septiembre es una fecha que genera controversias, por las distintas visiones sobre el origen del golpe militar de 1973 y su desarrollo que llevó al quiebre del sistema democrático. Sin lugar a dudas, que 41 años es poco para el análisis histórico del acontecimiento y, por el contrario, el debate es apasionado, mientras las heridas aún permanecen abiertas.

Quienes vivieron ese proceso dicen reconocer que el país estaba dividido, que era imposible llegar a acuerdos en medio de la intransigencia y que se habían debilitado las instituciones. La Corte Suprema, la Contraloría, la Cámara de Diputados y el Senado coincidían en que el gobierno de la época había caído en la ilegalidad y que no daba cumplimiento a los fallos judiciales. En consecuencia, el golpe militar tuvo causas y consecuencias y no pueden analizarse unas sin las otras.

Se recordará también que los procesos productivos estaban prácticamente paralizados, que los hogares eran golpeados por una inflación desmedida, de 342% según las cifras oficiales, pero sobre el 700% según los precios de los productos que se transaban en el mercado negro. El clima de polarización y la violencia tenían al país al borde de una guerra civil. En ese ambiente, intervinieron las FF.AA.

No obstante, los atropellos a los Derechos Humanos cometidos durante el régimen militar que se prolongó por largos 17 años, no tienen justificación y son situaciones que no deben repetirse. Para ello, hay que fortalecer la democracia, porque así como hay causas y efectos, nadie puede decir que está exento de responsabilidad sobre lo ocurrido.

El '11' sigue generando controversia, pero Chile necesita pasar de una etapa de confrontación a una de búsqueda de la unidad nacional, porque hay que considerar que los países no construyen su futuro entrampados en sus quiebres históricos, sino que éstos deben servir para de reflexión y para no cometer los mismos errores del pasado.

Nuestra nación necesita superar la confrontación y la violencia como método para zanjar las diferencias. Esta fecha debe ser recordada como una oportunidad para reflexionar sobre lo ocurrido, y no para llamar a más violencia, tratando de generar un clima de anarquía, que fue precisamente el que condujo al quiebre de nuestra democracia.