Actos terroristas
Ha resultado repudiable el atentado ocurrido el lunes en la estación Escuela Militar del Metro, en Santiago, que dejó a catorce personas heridas, lo que llevó a las autoridades de gobierno a presentar un requerimiento por la ley antiterrorista.
En lo que va del año, se han registrado 28 ataques con bombas. Un hecho similar ocurrió la noche del 13 de julio pasado cuando un artefacto detonó al interior de un vagón de Metro en la estación Los Dominicos, pero en esa oportunidad sólo hubo daños estructurales. Esta nueva explosión se produjo a tres días del nuevo aniversario del golpe militar y resulta evidente que se perseguía atentar contra las personas, al colocarse el artefacto en un papelero ubicado afuera de un restaurante de comida rápida, muy visitado a la hora de almuerzo.
En ocasiones anteriores, algunas explosiones se las adjudicaron grupos anarquistas que pedían la liberación de dos chilenos detenidos en España a la espera de un juicio por supuestamente colocar una bomba en una Basílica.
El terrorismo es un fenómeno mundial y se ha multiplicado. Las amenazas y los atentados explosivos persiguen provocar pánico y temor en la población, con el fin de que ésta quede a merced del terrorista. Los autores quieren también alcanzar notoriedad para que se hable de ellos, o ir contra el sistema establecido, alterar el normal funcionamiento de las instituciones, y poner en jaque a las autoridades y a la policía, para demostrar que siempre ellos van un paso adelantado.
Es evidente que en esta oportunidad hubo un cambio en el actuar de los terroristas, porque en actos anteriores sólo se generaban daños a la propiedad, y ahora se buscó detonar el artefacto en momentos de gran afluencia de público. Es lo que esperan estos desquiciados, ya que de esta manera se va minando la confianza y la seguridad de las personas, por el temor a ser víctima de los estallidos.
Estos ataques contribuyen a deteriorar la salud mental de la población, que piensa qué ocurriría si algún día pasaran a transformarse en víctimas. Por eso, el gobierno se ha comprometido a usar todas las herramientas legales para perseguir a los autores. Pero se requiere no sólo de las autoridades sino también de los tribunales, una actitud muy firme, para no dar una señal de que el costo de jugar con la tranquilidad, la seguridad y l vida de la población es casi cero.