Grupos de encapuchados se enfrentaron ayer con la policía durante la marcha para conmemorar el 41 aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de presidente Salvador Allende.
Los encapuchados encendieron barricadas afuera del Cementerio General de Santiago, hasta donde unas 5.000 personas, según cifras de los organizadores, llegaron como cada año a rendir homenaje a las víctimas de la dictadura, en el Memorial del Detenido Desaparecido.
Carabineros utilizó carros lanzaaguas para dispersar a los manifestantes y cifró en 3.000 los asistentes a la marcha. La situación terminó con Carabineros ingresando al Cementerio General a tomar detenidos y con un periodista herido, luego de que le lanzaran bencina.
La manifestación organizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a una decena de organizaciones de derechos humanos, se vio este año marcada por la negativa del gobierno a autorizar el paso por un costado del palacio de gobierno, La Moneda, donde Allende se suicidó para evitar caer en manos de los militares.
Las organizaciones pretendían, además, dejar ofrendas en la estatua del mandatario, ubicada a pocos metros de la puerta de La Moneda por donde Allende fue sacado muerto.
Las organizaciones exigieron una postura más decidida a la Presidenta Michelle Bachelet, en la adopción de medidas que pongan fin a la impunidad que rodea muchos casos de violaciones a los derechos humanos.
'Lo que nos falta es empezar a hablar de verdad del fin de la impunidad', declaró Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 'Falta mucho por hacer en relación con la demanda de verdad y justicia de lo ocurrido en la dictadura'.
Sostuvo que 'el problema se selló en los años '90 con la decisión de aplicar justicia, en la medida de lo posible', en alusión a las palabras de Patricio Aylwin, el primer presidente tras el restablecimiento de la democracia.
'Lamentablemente debemos decir que no hemos observado una postura distinta respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar', manifestó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos demandó a las autoridades que asuman las demandas históricas del movimiento, para que de una vez por todas se asegure el 'nunca mas'.
Al respecto, elogió que en julio pasado el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asumiera el cargo de coordinador nacional de Causas sobre Derechos Humanos.
Pero apuntó que la actitud de este magistrado, que se ha destacado por la persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, debe extenderse a toda la judicatura.
'El rol que asumió el presidente de la Corte Suprema es el que corresponde, es lo que siempre debió hacer el Poder Judicial. Lo que queremos es que esa conducta sea replicada por todos los jueces', dijo.