La ley que determina que las elecciones de directores escolares municipales o estatales deben realizarse a través del sistema de la Alta Dirección Pública avanza hacia la educación que queremos para Chile.

Se trata de una práctica que no permite que dicha elección se realice por ideologías, simpatías y relaciones personales, sino a través de un procedimiento en el que se asegura que el candidato o candidata posea las competencias adecuadas para gestionar con calidad sus establecimientos.

La ley también establece un período de cinco años para cada funcionario elegido, período más que suficiente para alcanzar logros en materia de mejoramiento continuo.

Basta con ver lo que ha logrado la Fundación Opte con la nueva dirección del colegio Puelmapu, de Peñalolén, que en tan solo tres años (2006-2009) pasó de ser el cuatro peor puntaje Simce nacional, y peor de la región metropolitana, a estar en el promedio nacional con un aumento de alrededor de 100 puntos.

Junto con la Alta Dirección Pública y el período de cinco años, se hace indispensable un programa de formación enfocado tanto en las competencias interpersonales y como en las intrapersonales.

En el primer caso hablamos de comunicación, gestión de los conflictos, delegación, trabajo en equipo, carisma y coaching.

En lo intrapersonal, todo directivo debe ser capaz de tener iniciativa, optimismo, gestión del tiempo, gestión de la información, gestión del estrés, autocrítica, autoconocimiento, autocontrol, equilibrio emocional e integridad.

No es importante solamente que estos gestores cuenten con estas habilidades al hacerse cargo de los establecimientos educacionales, sino que sean reforzadas a través de diagnósticos, cursos y asesoramiento personalizado como un coachings.

Las capacidades y liderazgo de los directores de los establecimientos educacionales son la segunda variable más influyente en los resultados de los estudiantes después de la enseñanza de los docentes en el aula (Muñoz y Marfán, 2011).

Si estamos avanzando a una educación de calidad, no podemos obviar este factor tan relevante e influyente en los resultados educativos del país.

La reforma educacional, fue uno de los ejes de la política del actual gobierno y de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. En esto, la Nueva Mayoría estuvo acompañada por los más diversos candidatos.

Es lícito preguntarse si existe certeza al respecto. Todos los candidatos expusieron sus ideas respecto a una reforma educacional, necesaria e ineludible. Una pregunta razonable, para cualquier ciudadano, sería si el lugar ideal para iniciarla es el jardín de párvulos algunos, otros responderían que es sala cuna. Las encuestas y, supuestamente, la opinión pública concordarían en que ambos puntos de partida son correctos.

Existe evidencia que ampliar la cobertura de la educación parvularia y las salas cuna son un elemento facilitador para integrar a la mujer al campo laboral. Sin embargo, el eje de la Reforma es la calidad de la educación y existe evidencia ,por más de medio siglo, que el punto ideal para lograrla igualdad se inicia en el vientre materno.

La razón es simple y está ampliamente demostrada en la investigación internacional, uno de los precursores en este campo, David B Chamberlain sostenía que: hace más de cincuenta años, que ni la medicina ni la psicología habían comprendido la naturaleza de los bebés ya fuera en el vientre materno o en el momento de su nacimiento. En Chile el Dr. Monckeberg tuvo un rol destacado en alimentación de los bebés y en la estimulación temprana.

La investigación, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha demostrado que los bebés, en el vientre de la madre, ya están dotados sensorialmente para su vida al nacer.

Si el ambiente propicio para el aprendizaje del bebé en el punto de partida, es el vientre materno, esa oportunidad ya ha sido desaprovechada si se inicia en la sala cuna o en el jardín parvulario. Así, las políticas concebidas parten desfasadas. El cambio propuesto en educación, especialmente para los más desfavorecidos, serán de dudosa utilidad. Más grave aún, la ingente cantidad de recursos que se postula dedicar a la educación no producirán los beneficios esperados.

Los niños postergados lo seguirán siendo, debido a que el punto de partida en la política educacional es erróneo y ello tendrá un costo social enorme. Esto se deberá a una concepción equivocada de las políticas para poner en igualdad de condiciones a los niños en el punto de partida. Ellos de todos modos partirán con desventaja.

Los niños de los quintiles más postergados, presentan una desventaja adicional, sus familias son las menos capacitadas para estimular a sus hijos. Si se trata de igualdad, ellos ya han perdido la carrera y la desigualdad se seguirá incrementando.

Por ello, los miles de millones de dólares propuestos para dar una educación de calidad, no producirán los resultados deseados, no al menos para los más postergados. Lo más grave del caso y, muy al estilo chileno, los grandes culpables van a ser los profesores.

Se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional del Centro de Estudios Públicos, la cual identificó los problemas más importantes para la población: la salud se encuentra en primer lugar para el 51% de los encuestados. Reveló además que salud es la prioridad a la cual se debiera destinar el dinero adicional recaudado por la reforma tributaria. Al hilo de este debate, el mal uso de las licencias médicas fraudulentas constituye uno de los bolsillos rotos del sistema de salud por donde se pierde gran parte del dinero de todos los contribuyentes, ya sean del sector público o privado.

En el último tiempo, ha sido tristemente constatado un mal uso o abuso de licencias médicas en el Sistema de Salud de nuestro país. Los datos de una reciente encuesta de opinión realizada por Inmune en Región Metropolitana y en otras seis regiones, constata que la gran mayoría de los encuestados percibe que el médico es el gran responsable de este delito, mientras que el paciente lo es en menor medida. No obstante y de acuerdo a los incisos agregados al artículo 202 del Código Penal por la ley 20.585, se sanciona a ambos por igual. Aquel que incurra en las falsedades en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas será sancionado con las penas de reclusión y/o multas.

Creemos necesario que aumente progresivamente una concientización de la sociedad con respecto al fraude que cometen tanto médico como paciente, emitiendo y recibiendo, respectivamente, licencias médicas falsas.

La Ley N° 20.585 de 2012 tiene por objeto perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso, además de una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud. Cabe recordar que la conducta ejecutada por un médico, consistente en la consignación de declaraciones falsas en una licencia médica, sería constitutiva de delito. Asimismo, la conducta de aquellos que inducen al médico a la comisión de este delito podría ser constitutiva de instigación, pues actúan como verdaderos 'agentes provocadores'. En ambos casos, médico y paciente, pueden ser condenados por el delito de fraude previsional, previsto y sancionado en diferentes normativas.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, el mal uso del documento en el país, llegaría al 30%, lo que significaría un gasto, tanto para el sector público como el privado, del orden de los US$300 millones. Inmune opera desde el año 2009, momento en que se detectó la urgente necesidad de abordar el tema de las licencias médicas falsas existiendo un importante foco de fraude asociado al mal uso de este derecho. Entre los años 2005 y 2009, el gasto en licencias médicas a nivel país se duplicó sin existir una razón médica, epidemiológica, legal u otra que explicara esta alza.

Nuestro deber es generar la conciencia en la sociedad de que las licencias fraudulentas afectan a todo el sistema de salud, tanto público como privado. Por ende, los usuarios que realmente necesitan hacer uso de licencias son los más perjudicados, pues el sistema se torna más lento y mucho más estricto con quienes sí las necesitan.

Es fundamental lograr avances en el cambio cultural requerido para cambiar hábitos y conductas. Intentamos liberar al sistema de salud de malas prácticas; combatiendo, detectando y sancionando el fraude para que el dinero de todos se use correctamente y se distribuya en prestaciones y servicios de la mejor manera posible.