Tras la seguidilla de bombazos y grandes asaltos, la percepción de temor en la ciudadanía ha ido en aumento ante posibles ataques de este tipo. Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de un estudio de opinión realizado por la Universidad Central de Chile (Ucen), Imaginacción y Radio Cooperativa, según el cual un 68,2% de las personas dice que tiene miedo frente a la posibilidad de que ocurran estos atentados.

En el caso de las mujeres, la sensación de temor es mayor aún, alcanzando un 73,8% en contraste al 61,8% de los hombres. En otra arista importante, llamó la atención que un 76% de las personas encuestadas afirmó tajantemente que el hecho de colocar un artefacto explosivo representa en sí mismo un acto terrorista, en contraposición con lo que en ocasiones resuelven los tribunales, donde resulta difícil comprobar fehacientemente de que eso es lo que se perseguía al instalar una bomba.

A juicio de los abogados, la gente tiene una opinión deformada de lo que es realmente el terrorismo, que más bien está definido por la pertenencia a una organización de ese tipo, que sin responder a lo que dictaminan las leyes, pueden llevar a cabo una estrategia masiva y sistemática de violaciones a los Derechos Humanos. Han expresado que en ocasiones la colocación de artefactos puede perseguir otros fines, como alcanzar notoriedad pública, reconocimiento entre sus pares o ir contra un sistema establecido.

Sin embargo, para la ciudadanía en general, la línea argumental es muy débil, si se considera que independiente de los fines que persigan quienes recurren a esos métodos, siempre es posible que pueda haber víctimas inocentes. Por ello, la misma encuesta reveló que el 76,4% de los consultados cree que colocar un artefacto explosivo es en sí un acto terrorista, porque se persigue causar terror en la ciudadanía, mientras el 20,2% opina lo contrario.

Es evidente que existe en el país una alta sensación de temor frente a la delincuencia común y al hecho que la acción de estos antisociales es cada vez más violenta. Tal vez por eso es que al sumarse los casos de colocación de bombas en la Región Metropolitana o los atentados incendiarios en La Araucanía aumentan la sensación de temor, pero sobre todo de desprotección entre las personas.

El Imacec de 0,8% en junio encendió la luz de alarma a las autoridades y a los analistas económicos, que se han visto en la necesidad de ajustar las expectativas de crecimiento para nuestro país, las cuales ya se sitúan en torno al 2 y 2,5% del PIB para el año.

La preocupación surge por el impacto negativo en la inversión y el consumo, que debe ser revertida, por los efectos en otros ámbitos, que pueden llevar a aumentos considerables en el desempleo en los próximos meses. Es cierto que tal situación responde de forma importante a factores externos, pero no podemos dejar de reconocer que también los hay internos, ya que las decisiones de inversión que realizan las empresas no sólo responden al costo financiero de ellas, sino que de manera importante a las expectativas, que están asociadas al riesgo y a la incertidumbre que afectan las actividades productivas, la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

El conjunto de reformas estructurales despachadas por el gobierno al Parlamento, sin duda que tienen objetivos claros y buen propósito para la sociedad, sin embargo, la forma de comunicarlas y los elementos considerados para la aplicación de ellas evidencian deficiencias que han causado confusión en la población, y en los propios partidos de la coalición de gobierno. Adicionalmente, la prisa que se quiso dar a la discusión, atentó contra toda posibilidad de análisis y evaluación, que indujo a los eventuales protagonistas involucrados, como en el caso de la educación, a organizarse para expresar disconformidad en el alcance y efectos en el proceso de enseñanza de sus hijos y una eventual pérdida del derecho a elegir. Esto, debido a ambigüedad en los comunicados del ministro de Educación, respecto de estas materias.

Las autoridades entendieron el mensaje y las críticas formuladas por la sociedad por la forma de presentación de las diferentes reformas, que les llevó a generar instancias de conversaciones que se omitieron en comienzos. Se suscribió un protocolo de acuerdo y la incorporación de muchas modificaciones a los proyectos inicialmente presentados. Sin embargo, la incertidumbre y las negativas expectativas generadas en el empresariado han sido potentes, por lo que se requieren señales claras, como las dadas por la propia Presidenta, que llegó a manifestar que está dispuesta a sacrificar su capital político en aras de lograr los resultados esperados de las reformas.

Pero también se necesitan medidas contracíclicas, como acelerar algunas obras de infraestructuras y desarrollar programas de concesiones en OO.PP. En esto, mucho tiene que decir la Región del Bío Bío, donde aún hay proyectos emblemáticos que se encuentran inconclusos. Un gran logro se anotaría la autoridad regional en momentos, en que el gobierno destinara recursos para la reactivación, y fuéramos capaces de atraer parte importante de éstos, para levantar nuestra región. Lo necesita con urgencia.