La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por la serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas, y que los medios de comunicación denominaron: Caso 'MOP-Gate', causa que instruyó la ministra en visita Gloria Ana Chevesich Ruiz.
En el fallo, la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jorge Dahm, Juan Antonio Poblete y el abogado David Peralta- confirmó la sentencia condenatoria en contra de un grupo de empleados públicos, pero revoca la absolución dictada en favor de varios ejecutivos ligados a empresas consultoras.
La confirmación de las condenas dictadas por la ministra en visita el 30 de junio de 2010 incluye al empresario local, Óscar Araos Guzmán, quien recibió una pena de 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al Fisco.
Hay otras 12 personas que recibieron condenas, la mayoría por su responsabilidad como autores de fraude al Fisco: Sergio Cortés Castro, con 5 años de presidio; Carlos Cruz Lorenzen, con 3 años de presidio; Nassir Sapag Chain, con 200 días de presidio; Gonzalo Castillo Navasal, Eduardo Bartholin Zanetta y Héctor Peña Véliz, todos con 61 días de presidio; Roberto Salinas Briones, Sergio Hinojosa Ramírez, Ramón Silva Améstica, Héctor Quiroz Astorga y Dolores Rufián Lizana, todos con 60 días de presidio, y Luis Jara Núñez, con 40 días de prisión por su responsabilidad como encubridor del delito de fraude al Fisco.
A ellos se sumaron los imputados que habían sido absueltos en primera instancia, los que, ahora, la Corte de Santiago sanciona con penas de 60 días de prisión por su responsabilidad como autores del delito de fraude al Fisco.
Por reunir los requisitos legales, a todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, salvo Cortés Castro, a quien se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Además, a todos se les impuso la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para cargos u oficios públicos y deberán pagar una multa correspondiente al 25% del monto fraudado.
Para establecer la responsabilidad de los 11 nuevos condenados, todos pertenecientes a empresas consultoras que firmaron contratos con el MOP, el tribunal consideró que: 'Dentro del marco de aquellas licitaciones que el Ministerio de Obras Públicas realizó sin llamar a propuesta pública, sino que por estar bajo el monto para tener que utilizar ese procedimiento, recurrió a la licitación privada o por invitación o trato directo, donde antes de invitar a las distintas empresas consultoras para que presentaran sus ofertas para un determinado trabajo, funcionarios de esa cartera estatal tomaban contacto con una de ellas a la que se le proponía participar en la consultoría, pero se le solicitaba que aumentara su costo en una determinada cantidad, la que justificaría con una boleta de la empresa GATE S.A. por una asesoría inexistente, y de esta manera aseguraba que se le adjudicara el trabajo al que se llamaba por esta modalidad'.
En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado. En este ámbito, los montos van de $799.142.217 (Carlos Cruz Lorenzen) a los 10 millones de pesos (Luis Arrau del Canto'.