La Asociación nacional de Consejeros Regionales, Ancore, llegará a la zona para encontrarse, hoy y mañana, en el Consejo Nacional del organismo, con la presencia de consejeros de la zona y con autoridades locales. Una reunión que, tal como explicó el presidente del organismo, el consejero DC de La Araucanía, Marcelo Carrasco, pretende repetirse en otras regiones del país.

Se trata de dos jornadas de trabajo donde se pretende discutir profundamente temas relacionados con la labor de los consejeros regionales. Principalmente elementos prelegislativos, relacionados con el proyecto de ley que fija sus atribuciones y también elementos administrativos.

La actividad comenzará a las 11 horas en el edificio del Gobierno Regional, con el saludo del presidente regional del Core, Eduardo Muñoz, y el presidente de Ancore. Desde las 12 hasta las 17 horas se realizarán dos talleres con Subdere, relacionados con la etapa prelegislativa y administrativa de la labor de los Cores y el respecto análisis y desarrollo de los talleres.

Continuará el jueves con un análisis del estado de avance y acuerdos de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, jornada que finaliza a las 15 horas.

'Lo que nos interesa es la generación de un estatuto propio para los consejeros regionales, que la ley genere atribuciones y traspaso de competencias, porque hay mucha confusión. Hoy tenemos un marco jurídico, pero para consejeros designados, no para autoridades electas por los ciudadanos', explicó Carrasco respecto al eje del encuentro.

Agregó que lo que se quiere plantear como solución es que 'las regiones y consejeros requieren un marco distinto para desempeñar su función, uno que permita atender a la gente, salir a terreno, llegar a sectores, tener instrumentos y recursos necesarios. Eso está en una ley que duerme en el parlamento y esperamos que se vaya despejando'.

El 17 de junio pasado se constituyó la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, creada en base a la ley 19.974, promulgada en octubre de 2004, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, y con ella, la especial comisión. Esta funciona de manera secreta, y compuesta por 7 parlamentarios, con una función enteramente fiscalizadora.

El próximo año, sería presidida por el diputado del distrito 43, Jorge Ulloa, quien forma parte de la instancia desde su creación y ha participado de sus discusiones.

Ulloa explicó que el objetivo de la comisión es supervigilar que los sistemas de inteligencia reconocidos por el Estado operen en el marco de la ley y saber si su funcionamiento le está reportando lo que busca la inteligencia, es decir, anticiparse a los hechos, aportando beneficios a la toma de decisiones.

Aunque por su carácter secreto no puede revelar mayores detalles, Ulloa manifestó que hasta ahora se han revisado los casos de bombas en diferentes lugares del país, y que en ese aspecto 'una cosa son los resultados de la inteligencia, y esos resultados que puedan dar resultados policiales. Una cosa distinta son los resultados judiciales. Hasta ahí puedo llegar'.

Agregó que dentro de las conclusiones de la comisión, hasta ahora, tras la visita del director de la ANI, Gustavo Villalobos, y del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, 'lo que hemos podido comprobar es que el sistema funciona, existe, aunque siempre es perfectible y mejorable'.

Respecto a la mirada de la comisión sobre los conflictos en La Araucanía y Bío Bío con comunidades mapuches, Ulloa sostuvo que 'sin duda la comisión tiene y seguirá teniendo la información acerca de lo que hacen los sistemas de inteligencia en materias como esa. Hay que acordarse que la inteligencia de acuerdo a la aplicación de la ley, opera para los temas de terrorismo, así que claramente sí'.

En esa línea, manifestó el diputado, el manejo del conflicto ha obedecido a una situación compleja, 'pero, sin duda, desde mi perspectiva, siento que no estamos dando el buen resultado que debiéramos tener'.

Por esto es que al ser consultado respecto al camino que la comisión especial debiera tomar, respondió que es probable que ésta genere mecanismos o recomendaciones para el actuar en la Región.

Respecto a la petición del cierre del recinto penal militar Punta Peuco, Ulloa manifestó que se trata de una petición legítima por parte de algunos diputados, y al mismo tiempo agradece que el Ejecutivo no se haya pronunciado sobre esta situación, ya que 'cárceles militares existen en todo el mundo y cerrarla me parece un tremendo error', además, a diferencia del penal Cordillera, cerrado en septiembre de 2013, Punta Peuco fue creada por ley.

Una visión similar manifestó el senador del mismo partido, Víctor Pérez, quien agregó que un posible cierre no sería prioritario para nadie en este minuto, ni tampoco está en el programa de gobierno.

'En materia de recintos penitenciarios, en la Región tenemos que luchar para que se reconstruya un nuevo penal en Chillán y en Los Ángeles', expresó, rechazando la idea de cárceles biprovinciales.

Respecto al cierre de