Fiscalía se prepara para ver si formaliza
carlos rodriguez
Dentro de un plazo prudente, tras la recepción de un último informe, el Ministerio Público tomará la determinación de si formaliza en Chillán a dos de los condenados por el caso Alto Río, los entonces ejecutivos de la constructora Socovil, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza, por el delito de contrato simulado.
El mencionado edificio colapsó para el terremoto del 27/F y su caída causó la muerte de ocho personas. En el juicio que se realizó al respecto se determinó que no se hicieron los estudios de suelo correspondientes, lo que derivó en el derrumbe de la infraestructura.
El fiscal regional, Julio Contardo, comentó que fue un caso complejo de investigar, ya que se trataba de conductas que tenía relación con documentación y con patrimonio. No obstante, el último antecedente que era necesario para tomar la decisión de formalizar o no ya está en poder el fiscal de Chillán, Mauricio Mieres, quien le enviará la propuesta sobre la decisión al fiscal regional.
'El informe ya había llegado, fue analizado, sólo falta pormenorizar la decisión. Ahí las posibilidades son las siguientes: donde estimamos que no hay delito, o existe, pero no hay pruebas suficientes, o en definitiva se formaliza', declaró Contardo, quien además sostuvo que sin este último antecedente era casi imposible tomar esa determinación.
Se debe precisar que la investigación que se lleva, tiene relación en que los ejecutivos de la Constructora Socovil (Ortigosa y Baeza), firmaron en la notaría Bravo de Chillán tres escrituras públicas para traspasar sus bienes a otras empresas, situación que tendría como finalidad, para el estudio del abogado Fernando Saenger, eludir el pago de eventuales indemnizaciones a las víctimas de Alto Río.
PAGO DE LAS COSTAS
En este escenario se estarían encontrando los condenados, ya que tras el juicio por el caso Alto Río, los tribunales de justicia determinaron una indemnización cercana a los $2 mil millones para los familiares de las víctimas y casi $350 millones por las costas del juicio. Sin embargo, este pago a la fecha no se ha concretado.
Contardo, no quiso profundizar en este aspecto, debido a que estos pagos deben ser perseguidos por el Estado a través del Consejo de Defensa del Estado y los abogados querellantes.
No obstante, sostuvo que 'nosotros siempre vamos a estar en que los fallos se cumplan'.