El Gobierno ha presentado una reforma al sistema electoral binominal, como una forma de aumentar la legitimidad del sistema político y especialmente del Congreso Nacional.

Así conocimos la propuesta liderada por el propio Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, que inició primero negociaciones al interior del oficialismo y luego acordó un entendimiento con el movimiento Amplitud que le aseguraba contar con los votos para aprobar la reforma. Hasta aquí todo iba bien para las intenciones del gobierno y del propio Ministro.

Pero, tanto el fuerte aumento de parlamentarios, 47 nuevos cargos, como el considerable costo de 13 mil millones de pesos estimado por un informe de la biblioteca del propio Congreso, han generado una fuerte oposición social, de acuerdo a la encuesta UDD-El Sur en la Región del Bío Bío el rechazo es de un abrumador 82 por ciento.

Frente a esto, se entiende que el ministro Peñailillo haya decido reabrir las negociaciones con otros partidos de oposición para disminuir las críticas al proyecto. Este estilo de negociación caso a caso, donde cada interesado pide lo que considera de su interés, puede terminar atentando contra el principal motivo de la reforma: ganar legitimidad.

Si esta importante reforma electoral termina asignando diputados y senadores de acuerdo a los intereses de los partidos que participen de la negociación, y desoyendo el rechazo que generan el aumento de parlamentarios y el mayor costo, será muy difícil que sea recibida por la ciudadanía como una mejora capaz de contribuir a una mayor legitimidad de nuestro sistema político.

La reforma del sistema binominal es un imperativo que supera el análisis presupuestario. Claramente hay un aumento de los costos fijos, derivados del sueldo de 47 nuevos parlamentarios, y mayores costos variables explicados por los gastos de operación (por ejemplo, asesorías). Sin embargo, la existencia del actual sistema binominal ha generado un daño incalculable en la relación de la ciudadanía con la política.

Para las 19 horas de hoy, en el Aula Magna de Concepción, está programada la polémica charla 'Despenalización del aborto: ¿es una necesidad en Chile?'.

Al encuentro, organizado por la Red por la Vida y familia Concepción, están invitados el médico Sebastián Illanes, cuya especialidad es gínecobstetra y el diputado DC, Jorge Sabag, quien a su vez es presidente regional de la Democracia Cristiana.

De acuerdo a información de prensa enviada por los organizadores del evento, 'la actividad tiene como finalidad informar con respecto a la ley de aborto que el gobierno está impulsando. Queremos además desmitificar los argumentos del lobby abortista y las verdaderas consecuencias del aborto y que efectivamente nuestro país no requiere de esta ley'.

Sebastián Illanes, académico de la Universidad de Los Andes, en contacto con Diario El Sur aseguró que su posición contraria a la legalización del aborto obedece a que 'el embrión en todas las etapas de su desarrollo es un individuo de la especie humana, y por lo tanto, no puede ser discriminado. Además, me parece que el aborto no es una solución que resuelva el drama de las mujeres en las diferentes circunstancias en que se ha propuesto despenalizarlo, sino que más bien lo profundiza'.

El proyecto que se maneja a nivel de gobierno para despenalizar el aborto, procedería en tres casos.

En el primero, se daría a lugar cuando el embarazo determine riesgo de vida en la madre. El segundo, cuando la concepción se origine por una violación sexual y el tercero, cuando exista inviabilidad en la vida del feto.

Respecto a la posición científica en los casos expuestos, Illanes destacó que 'el tema lo he analizado a conciencia, con mi formación científica y toda la evidencia actualmente disponible señala que el despenalizar el aborto en Chile no tendrá impacto en la mortalidad materna y no protegerá, desde el punto de vista de salud mental, a las mujeres con fetos malformados o que hayan sido violadas y estuvieran embarazadas'.

En el mismo sentido, respecto a si durante su ejercicio profesional se habría visto enfrentado a los casos que regularía la eventual nueva ley, el médico dijo que 'cuando uno enfrenta una paciente, independiente de la causa por la que acude al médico, siempre debe predominar la intención de curar y no dañar. Este es un principio elemental que siempre he aplicado. Las acciones médicas siempre deberán estar guiadas por el bien de la paciente, en un contexto ético y legal'.

En relación a la citada actividad, el Comité por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Concepción, representado por Valentina Vargas, una de sus dirigentes, afirmó que su movimiento rechazaba la charla. 'Que estos grupos salgan a defender esto, nos parece irrisorio', destacó.

casos se regularían