Carabineros decidió ayer desvincular a los dos funcionarios involucrados en accidentes de tránsito mientras conducían sus vehículos particulares bajo la influencia del alcohol en Santiago y Valparaíso, respectivamente.

Se trata del teniente Santiago Burgos, de la 45° Comisaría de Cerro Navia, y el suboficial mayor Mauricio Monsalve, de dotación del retén Las Cañas de la ciudad puerto.

En el primero de los casos, el teniente Burgos conducía su automóvil en dirección al poniente por la Avenida providencia, en la capital. Al llegar a la rotonda de la Plaza Baquedano, a raíz del exceso de alcohol en su cuerpo, perdió el control del volante.

Tras ello, se subió al bandejón donde se encuentra el monumento al general Baquedano. En ese lugar fue detenido por el personal policial.

En el segundo de los casos, el suboficial mayor Monsalve -con 28 años en la institución- conducía su vehículo particular vistiendo su uniforme de motorista bajo la influencia del alcohol por calle Camino 1 en dirección al sur por el Cerro Las Cañas de Valparaíso.

Allí el uniformado perdió el control de la máquina chocando contra un domicilio particular, producto de lo cual una mujer resultó con lesiones en su brazo izquierdo.

En el 4° Tribunal Oral de Santiago comenzó ayer el juicio oral contra el sacerdote John O'Reilly, a quien la Fiscalía Metropolitana Oriente acusa de abuso sexual reiterado contra dos hermanas, ex alumnas del Colegio Cumbres.

En la audiencia, el abogado defensor, Luis Hermosilla, subrayó la inocencia del religioso de origen irlandés y destacó la autodenuncia realizada por su representado inmediatamente después de que el establecimiento educacional presentara los antecedentes al Ministerio Público.

'El no es Karadima porque él se escondió en la Iglesia', dijo Hermosilla ante los jueces.

El abogado agregó que el proceso que actualmente enfrenta el sacerdote está marcado por un escenario internacional que vive la Iglesia Católica, donde eclesiásticos de todo el mundo han sido denunciados por delitos de connotación sexual.

En sus alegatos, el defensor también aseguró que los hechos 'nunca sucedieron', añadiendo que los acusadores 'no podrá vencer la presunción de inocencia' del sacerdote legionario.

Asimismo, sostuvo que específicamente en este caso, el Ministerio Público ha derrochado recursos del Estado para perseguir a un inocente, indicando que en el juicio que comenzó en contra de su cliente 'se ha utilizado la mayor cantidad de recursos que en cualquier otro caso'.

En la jornada declaró la madre de las presuntas víctimas, quien relató cómo descubrió los hechos que habrían sucedido entre los años 2007 y 2012 al interior del establecimiento, específicamente en la sala de administración y en la capilla del lugar.

La mujer, identificada como P.M., afirmó que cuando comenzó a dudar del religioso, se acercó al colegio y decidió confesarse para aclarar sus inquietudes. Sin embargo, según detalló, su temor fue aún más grande debido a que el sacerdote que la escuchó bajo secreto de confesión, le recomendó que no enviara más a una de sus hijas al colegio durante las semanas previas a las vacaciones.

El fiscal Christian Toledo asumirá con dedicación exclusiva la investigación tendiente a aclarar los ataques con artefactos explosivos registrados durante las últimas semanas en Santiago.

El anuncio fue realizado ayer por el jefe metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien ha liderado el equipo de persecutores a cargo de las pesquisas tras el bombazo registrado la noche de 13 de julio al interior de un vagón de Metro en la estación Los Dominicos.

La causa también incluye el atentado que afectó a la Iglesia Santa Ana, en el centro de la capital, dejando daños estructurales en el templo; el dispositivo que fue desactivado en Almirante Herrera en las cercanías de un jardín infantil de la comuna de Santiago, y los cuatro ataques incendiarios que afectaron a vehículos particulares en San Miguel y Ñuñoa.

La designación de un fiscal especial para estos hechos había sido informada el jueves tras la reunión que sostuvo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con el fiscal Guzmán y el fiscal nacional Sabas Chahuán.

Toledo, quien contará con el apoyo del persecutor Claudio Orellana, fue parte del equipo que investigó la causa contra el sociólogo Hans Niemeyer, quien fue declarado culpable por colocación de artefacto explosivo y daño, y actualmente es el única persona indagada por la Fiscalía Sur que cumple condena efectiva por este delito.

El investigador también encabezó las pesquisas contra Luciano Pitronello, a quien le explotó una bomba en sus manos cuando intentó colocarla en una sucursal bancaria en Santiago.

Orellana, en tanto, ingresó a la Fiscalía en 2004 y uno de los casos emblemáticos que ha llevado adelante es el denominado 'caso chatarra', donde logró una condena de nueve años de presidio efectivo por delito tributario y receptación de especies.

El secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma (DC), debió salir a explicar ayer su postura frente al proyecto, luego de que el jueves reconociera que el Ministerio de Educación realizará una serie de modificaciones a las iniciativas que ponen fin al lucro, la selección y el copago en la educación, considerando que tal como está planteado el proyecto, puede estimular a la educación subvencionada en desmedro de la pública.

Palma aseveró ayer, en Radio Cooperativa, que el proyecto no es 'ni en contra ni a favor' de los establecimientos particulares subvencionados.

'¿El proyecto es contra la educación particular subvencionada o es a favor de la educación particular subvencionada? Ni en contra ni a favor, es un proyecto a favor de la calidad de la educación, y eso significa que hay que seguir apoyando la educación particular subvencionada y hay que fortalecer la educación pública', dijo Palma al citado medio.

El ex diputado aseveró que con el proyecto del gobierno 'no estamos perjudicando la educación particular subvencionada' ni 'el derecho de los padres a elegir sus establecimientos'.

'Si queremos generar equidad en la educación y darle a todos los niños las mismas oportunidades, entonces tenemos que fortalecer la educación pública. Si seguimos entregándole a todos lo mismo, hay unos que están más atrás y esos necesitan más que los que están más adelante. Ese es el plan de fortalecimiento de la educación pública', concluyó.

Las primeras declaraciones de Palma fueron rechazadas por parlamentarios de la DC. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, y la diputada y miembro de esa instancia Yasna Provoste calificaron de 'lamentables' los dichos del ingeniero comercial, y pidieron 'evitar declaraciones que debiliten la reforma'.

'Lo que la reforma necesita es el apoyo necesario para sacarla adelante, y las declaraciones al respecto no sólo deben ser precisas y pedagógicas, sino que deben aportar a fortalecer la legitimidad de los cambios, no a erosionarlos (...). Pedimos más cuidado y precisión (en las declaraciones) para no afectar el debate', señaló el diputado Venegas.

Provoste dijo, en tanto, que 'es lamentable, porque realmente en la Cámara hemos realizado un enorme esfuerzo para cambiar, efectivamente, las reglas del juego en materia educacional para terminar con sus sistema que no es equitativo. Y en eso estamos, apoyando esta reforma en su espíritu inicial'.

'Si desde el Mineduc salen este tipo de declaraciones, nos sentimos engañados y pedimos que se envíe a la brevedad el proyecto que, desde la DC, pedimos desde un comienzo para fortalecer la educación pública', sostuvo Provoste.

El secretario ejecutivo de la reforma tuvo que

El diputado y vicepresidente de la UDI, Gustavo Hasbún, junto a una de las asociaciones de funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), solicitó a la Contraloría investigar un eventual caso de corrupción en el organismo.

Se trata de una denuncia para que se indague formalmente el proceso de adjudicación de servicios de difusión y comunicación a la empresa Paréntesis S.A. perteneciente al ex candidato a diputado y actual director ejecutivo de Fuerza Pública, Sebastián Iglesias Sichel. Movimiento al que también pertenece el director del Injuv, Nicolás Preuss.

A juicio de Hasbún, la adjudicación de $95.200.000 a la empresa 'muestra un conflicto de interés clarísimo dado que el actual director del Injuv trabajó con el ex candidato a diputado, Sebastián Iglesias Sichel y donde también hubo financiamiento de parte de ellos'.

Un llamado a los padres para tener cuidado en la elección de juguetes, realizó el secretario Regional Ministerial Metropolitano de Salud, Carlos Aranda Puigpinos, tras encabezar una fiscalización en la que se retuvieron más de mil juguetes en vísperas del Día del Niño.

La mayoría de las retenciones fue por el rotulado incorrecto o inexistente en diversos productos de distintas jugueterías del Paseo San Alfonso, en el Barrio Meiggs de Santiago. Además, se prohibió la venta de productos cosméticos para uso infantil que no contaban con autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) y por lo tanto no acreditaban su inocuidad.

'Es importante que los juguetes estén debidamente rotulados y sean adquiridos en locales establecidos', dijo.